Estados Unidos ejecuta el mayor despliegue naval en el Caribe desde 1989, acompañado de bombardeos a supuestas narcolanchas y un bloqueo total a petroleros sancionados. Mientras Trump afirma que Nicolás Maduro “tiene los días contados”, crecen las denuncias internacionales por posibles ejecuciones extrajudiciales y motivaciones energéticas.
Desde agosto, Estados Unidos ha puesto en marcha el despliegue aeronaval más grande en el Caribe en más de tres décadas, una operación que ha incluido más de veinte ataques contra embarcaciones señaladas por Washington como “narcolanchas”, dejando más de 90 muertos según los reportes oficiales. La ofensiva se intensificó en noviembre con el relanzamiento de la denominada Operación Lanza del Sur, anunciada inicialmente en enero de 2025, y reforzada con la presencia del portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo.
La Casa Blanca sostiene que las embarcaciones destruidas transportaban droga, aunque no ha presentado pruebas públicas ni ha revelado la identidad de las personas fallecidas en los bombardeos. Este vacío de información ha provocado cuestionamientos de organismos internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Naciones Unidas, que han expresado dudas sobre la legalidad de las operaciones y han advertido sobre posibles violaciones al derecho internacional humanitario.
El Congreso estadounidense abrió una investigación por un presunto crimen de guerra, luego de que se conociera que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría ordenado rematar a dos sobrevivientes de uno de los primeros ataques, mientras se aferraban a restos de una embarcación destruida. Presidentes de la región, como Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, calificaron estos hechos como “ejecuciones extrajudiciales”.
Aunque la Administración Trump insiste en que su objetivo es combatir a los carteles de droga, el propio mandatario ha declarado que Nicolás Maduro “tiene los días contados”, frase pronunciada en una entrevista con Politico el 9 de diciembre. Paralelamente, Washington declaró que se encuentra en una situación de “conflicto armado” con los carteles, una figura que le permite actuar militarmente sin aprobación previa del Congreso.
Sin embargo, múltiples señales apuntan a que la presión estadounidense no se limita al narcotráfico. El petróleo venezolano —principal fuente de ingresos del gobierno de Maduro— se ha convertido en un eje central de la estrategia de Washington. El bloqueo total a los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, anunciado por Trump, marca un punto de quiebre en la ofensiva económica y militar.
En su mensaje público, el presidente estadounidense afirmó que “Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica” y advirtió que la presión continuará “hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”. También acusó al gobierno venezolano de utilizar el crudo para financiar “narcoterrorismo, trata de personas, asesinato y secuestro”.
El bloqueo se hizo evidente con la incautación del superpetrolero Skipper, que navegaba con falsa bandera y transportaba 1,9 millones de barriles de crudo de PDVSA, según Caracas. Washington sostiene que el buque estaba vinculado a redes de contrabando de petróleo iraní sancionado.
El petróleo venezolano —las mayores reservas probadas del mundo— representa un interés estratégico para Estados Unidos. Aunque la Casa Blanca insiste en la narrativa antidrogas, analistas y medios internacionales han señalado que la ofensiva militar y económica tiene un trasfondo energético.
El editorial del Washington Post citado en las coberturas sostiene que un bloqueo naval al petróleo venezolano sería “más coherente y jurídicamente defendible” que los bombardeos contra supuestos narcotraficantes, y que su objetivo es “asfixiar la línea vital del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro” sin necesidad de una invasión terrestre.
La presión también busca desplazar a China, Rusia e Irán, países que han sostenido el flujo de crudo venezolano pese a las sanciones. La llamada “flota fantasma” —buques que navegan con transpondedores apagados, banderas falsas o rutas alteradas— ha permitido a Caracas mantener exportaciones hacia esos destinos, aunque en volúmenes reducidos y con altos costos operativos.
Para Trump, controlar el petróleo venezolano es una oportunidad para reforzar la primacía energética estadounidense y reordenar el mapa geopolítico del hemisferio. Para Maduro, en cambio, el crudo es la base de su supervivencia política y diplomática.
El gobierno venezolano sostiene que el verdadero objetivo de Washington es derrocar a Maduro. La Casa Blanca evita afirmarlo directamente, pero las declaraciones del presidente estadounidense y la magnitud del despliegue militar alimentan esa interpretación.
La región observa con preocupación la posibilidad de una escalada mayor. Un bloqueo naval prolongado podría derivar en un choque armado en alta mar, con consecuencias impredecibles. Además, cortar las exportaciones de petróleo agravaría la crisis económica venezolana y podría desencadenar una nueva ola migratoria hacia países vecinos.
La ofensiva de Estados Unidos contra Venezuela ya no puede entenderse solo como una guerra contra las drogas. El petróleo, la geopolítica y la disputa por la influencia hemisférica se han convertido en el verdadero campo de batalla. Y mientras Trump asegura que Maduro “tiene los días contados”, el Caribe se transforma en el escenario más tenso de la política internacional contemporánea.
