Colombia entra al semestre electoral más crítico de la última década en medio de atentados, control territorial de grupos armados y una reducción de la ayuda humanitaria que agrava la crisis en los territorios, poniendo al Gobierno Petro ante un desafío de seguridad sin precedentes.
El país entra en el semestre electoral más tenso de los últimos años con un panorama de seguridad que se deteriora aceleradamente y que pone al Gobierno de Gustavo Petro frente a un desafío mayúsculo: contener la escalada violenta de los grupos armados, garantizar el voto libre en los territorios y responder a una crisis humanitaria que se agrava mientras disminuye la presencia de organizaciones internacionales. Los hechos recientes, registrados en distintas regiones, revelan un escenario donde la confrontación armada, la presión sobre las comunidades y la fragilidad institucional convergen en un momento decisivo para la democracia.
Durante la última semana, el país vivió una seguidilla de ataques que evidencian la capacidad ofensiva del ELN y de las disidencias de las FARC. En Aguachica (Cesar), un ataque con drones y explosivos contra una base militar dejó siete soldados muertos y 30 heridos, un golpe que reavivó las alertas sobre el uso de nuevas tecnologías por parte de los grupos ilegales. En Buenos Aires (Cauca), las disidencias de alias Iván Mordisco ejecutaron una toma guerrillera con cilindros bomba que se prolongó por más de nueve horas, dejando dos policías muertos y ocho heridos, además de un casco urbano devastado. Y en Cali, otros dos uniformados fueron asesinados en un atentado atribuido al ELN, confirmando que la ofensiva insurgente se extiende a zonas urbanas estratégicas.
Estos hechos no son aislados. El año 2025 ha estado marcado por una violencia persistente que se intensificó desde enero, cuando el Catatumbo vivió una de sus peores crisis humanitarias tras los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias comandadas por alias Calarcá, episodio que selló la ruptura de las negociaciones de paz entre esa guerrilla y el Gobierno Petro. En febrero, el Chocó enfrentó desplazamientos y confinamientos masivos por un paro armado del ELN, que semanas después ejecutó un “paro armado nacional” de 72 horas con presencia en al menos nueve departamentos y cerca de un centenar de acciones armadas.
En este contexto, la Misión de Observación Electoral (MOE) lanzó una advertencia contundente: entre el 8 de marzo y el 8 de noviembre se registraron 1.613 hechos violentos, un incremento del 180% frente al mismo periodo de 2021, cuando el país se preparaba para las elecciones de 2022. La cifra, por sí sola, revela la magnitud del riesgo que enfrentan los comicios legislativos y presidenciales de 2026.
Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, sintetiza la preocupación: “El conflicto armado está focalizado en algunas zonas. Los territorios más afectados son Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca, con una concentración especial en las zonas rurales. Nuestro llamado es a fortalecer el proceso de elecciones con mayor seguridad y presencia estatal”. Aunque la MOE reporta una disminución del 15% en la violencia contra liderazgos políticos y sociales, el riesgo persiste: asesinatos, secuestros, atentados y amenazas siguen configurando un ambiente de intimidación que puede afectar la libertad del voto.
El control social ejercido por los grupos armados es una de las mayores preocupaciones. En regiones apartadas, las comunidades viven bajo vigilancia permanente, restricciones de movilidad y presiones directas sobre su participación política. El testimonio de Edilberto Molina, exalcalde de Cartagena del Chairá y hoy candidato a la Cámara por el Centro Democrático, ilustra la situación: “Han hecho carnetizar a todas las personas del sector urbano y rural para controlar quién es, para dónde va”, denuncia, señalando que estas prácticas buscan condicionar la vida cotidiana y, por extensión, el comportamiento electoral.
A la complejidad del conflicto se suma un factor adicional: la reducción de la ayuda humanitaria internacional. Aunque el artículo no detalla cifras, sí advierte que la disminución de recursos y presencia de organizaciones humanitarias coincide con el aumento de desplazamientos, confinamientos y afectaciones a la población civil. En zonas como el Catatumbo, el Chocó y el Cauca, esta combinación —más violencia y menos apoyo— agrava la vulnerabilidad de miles de familias que dependen de asistencia para sobrevivir.
El Gobierno Petro enfrenta así un doble desafío: responder a la ofensiva armada y garantizar condiciones mínimas para el ejercicio democrático. Sin embargo, la ruptura del proceso de paz con el ELN, la expansión territorial de las disidencias y la persistencia de economías ilegales dificultan la consolidación de una estrategia integral. La Fuerza Pública, aunque mantiene operaciones en varias regiones, no logra estabilizar los territorios donde los grupos armados ejercen control social y militar.
El semestre electoral que inicia será una prueba decisiva para el Estado colombiano. La seguridad de los candidatos, la libertad del electorado y la presencia institucional en zonas rurales serán factores determinantes para evitar que la violencia condicione el rumbo político del país. La MOE ha insistido en la necesidad de reforzar la presencia estatal, mejorar la inteligencia territorial y garantizar corredores seguros para la participación ciudadana.
Colombia llega a este momento con heridas abiertas, territorios en disputa y comunidades atrapadas entre actores armados. La democracia, en este escenario, no solo se juega en las urnas, sino en la capacidad del Estado para proteger a su población y asegurar que cada voto se emita sin miedo.
El desafío es monumental. Y el tiempo, escaso. Pero lo que está en juego —la legitimidad del proceso electoral y la confianza en las instituciones— exige decisiones firmes, articulación interinstitucional y una estrategia de seguridad que responda a la realidad del territorio. Porque si algo ha dejado claro este año es que la violencia no espera, y la democracia tampoco puede permitirse hacerlo.
