El partido Comunes, surgido del acuerdo de paz firmado con la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, no logró superar el umbral electoral en 2026. Tras diez años de participación política derivada del pacto de paz, la colectividad pierde representación en el Congreso y su personería jurídica.
El partido Comunes, surgido tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, quedó por fuera del Congreso de la República después de las elecciones legislativas de 2026. Por primera vez desde su creación, la colectividad participó en los comicios sin las curules garantizadas que le otorgó el pacto de paz firmado hace una década, y no logró superar el umbral electoral requerido para mantener representación parlamentaria.
El resultado marca el cierre de un ciclo político que comenzó con la implementación del acuerdo alcanzado durante el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, cuyo principal propósito fue integrar a la vida democrática a la que durante medio siglo fue la guerrilla más antigua del continente.
En las elecciones de este domingo, la alianza entre Comunes y Fuerza Ciudadana, movimiento liderado por el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, apenas alcanzó el 0,6 % de los votos al Senado. Ese resultado estuvo muy lejos del umbral exigido por la ley electoral colombiana para acceder a curules.
La coalición tampoco logró elegir representantes a la Cámara. Entre sus listas figuraba la actual senadora Sandra Ramírez, una de las dirigentes más visibles del partido, quien obtuvo poco más de 10.000 votos, cifra insuficiente para conservar su escaño.
Además, tres representantes a la Cámara que aspiraban a la reelección en departamentos como Atlántico, Valle del Cauca y Antioquia tampoco consiguieron los apoyos necesarios en las urnas. El resultado no solo deja a Comunes sin presencia parlamentaria, sino que implica la pérdida de su personería jurídica, condición que le permitía actuar como partido político reconocido por el Estado.
Diez años de participación política
La desaparición parlamentaria de Comunes ocurre justo cuando se cumplen diez años del acuerdo que puso fin al conflicto armado entre el Estado colombiano y las FARC. El pacto fue firmado en 2016 y buscaba, entre otros objetivos, transformar la lucha armada en participación política.
Durante las negociaciones, una de las frases más repetidas por los delegados del Gobierno fue la necesidad de “cambiar las balas por votos”, expresión que sintetizaba la intención de que los antiguos combatientes abandonaran las armas y entraran a la arena democrática.
Como parte de ese acuerdo, el partido surgido de la desmovilización de la guerrilla obtuvo diez curules garantizadas durante dos periodos legislativos consecutivos: cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes. Esa medida buscaba facilitar su tránsito a la política institucional.
En el Congreso que inició funciones en 2018, ocho exintegrantes de las FARC ocuparon escaños por primera vez en la historia del país. Sin embargo, el arranque de esa participación política estuvo marcado por la polarización que rodeó el proceso de paz.
Algunos congresistas del Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, recibieron a los antiguos guerrilleros en el Capitolio con gritos de “asesinos”, reflejando el rechazo que amplios sectores de la sociedad mantenían frente al acuerdo.
La tensión política se intensificó después de que el acuerdo inicial fuera rechazado en el plebiscito de 2016, lo que obligó a renegociar el texto. En ese proceso, la antigua guerrilla aceptó la mayoría de las modificaciones propuestas por los sectores del No, entre ellos el entonces senador Iván Duque, quien posteriormente llegaría a la Presidencia.
Según recordó Santos en su libro sobre las negociaciones, la dirigencia guerrillera rechazó dos propuestas que consideraba fundamentales para su futuro político: impedir que los excomandantes participaran en política y endurecer las sanciones penales previstas en el sistema de justicia transicional.
Errores, divisiones y escaso respaldo electoral
A pesar de la garantía institucional que les permitió tener presencia en el Congreso durante ocho años, el partido nunca logró consolidar un respaldo significativo en las urnas.
En las elecciones legislativas de 2018, la colectividad obtuvo cerca de 85.000 votos al Senado. Para los comicios de 2022, esa cifra cayó considerablemente: alrededor de 30.000 votos al Senado y 21.000 a la Cámara.
Diversos analistas coinciden en que uno de los factores que limitó el crecimiento electoral del partido fue la persistente asociación con la antigua guerrilla. En sus primeros años, la organización decidió mantener las siglas FARC en su nombre oficial —Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común—, una decisión que generó fuerte rechazo en amplios sectores del electorado.
Posteriormente, la colectividad cambió su nombre a Comunes, en un intento por renovar su imagen y ampliar su base política. Sin embargo, ese rebranding no logró traducirse en un aumento significativo de apoyo electoral.
También influyeron las divisiones internas y las deserciones de antiguos dirigentes de la guerrilla. Figuras como Iván Márquez y Jesús Santrich, que inicialmente estaban llamados a ocupar curules en el Congreso, terminaron alejándose del partido y regresando a la lucha armada.
Una apuesta política que no logró consolidarse
Durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, el partido pasó de declararse en oposición a convertirse en parte de la coalición oficialista. Desde el Congreso, sus legisladores respaldaron iniciativas relacionadas con la implementación del acuerdo de paz, como la reforma rural y algunos proyectos de reforma política.
También defendieron el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, el sistema judicial creado para investigar los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
El año pasado, ese tribunal sancionó a siete antiguos integrantes del secretariado de las FARC por crímenes de lesa humanidad relacionados con secuestros. Entre ellos figuraban dos de los congresistas más visibles del partido, Julián Gallo y Pablo Catatumbo, quienes finalmente desistieron de buscar la reelección en 2026.
Las sanciones impuestas por la JEP establecieron que los responsables deberán cumplir ocho años de trabajos restaurativos en los territorios afectados por el conflicto, incluyendo labores de desminado humanitario, búsqueda de desaparecidos y proyectos ambientales.
El futuro del partido tras la derrota electoral
Tras conocerse los resultados electorales, los dirigentes de Comunes emitieron un comunicado en el que reconocieron el revés electoral, pero reafirmaron su compromiso con el proceso de paz.
“Seguiremos caminando la palabra y trabajando día a día para que la paz sea una realidad en cada rincón de Colombia”, señaló la colectividad. En el mismo pronunciamiento agregaron que mantendrán su trabajo organizativo y territorial para contribuir a la construcción de “un país más justo, incluyente y en paz”.
Sin embargo, la ausencia en el Congreso representa un golpe político profundo para una organización que nació precisamente como resultado del intento de transformar una guerrilla en un actor democrático.
Diez años después de la firma del acuerdo, el experimento político de la antigua insurgencia enfrenta su momento más difícil. Sin representación parlamentaria y sin personería jurídica, el futuro de Comunes dependerá ahora de su capacidad para reorganizarse en los territorios y reconstruir un proyecto político capaz de sobrevivir fuera del paraguas institucional que le otorgó el proceso de paz.
