Para el analista político, Juvenal Bolívar, los primeros 100 días del nuevo gobierno reabren viejos interrogantes sobre la política colombiana. Polarización, controversias, tensiones institucionales e improvisación amenazan con reproducir prácticas del anterior cuatrienio, mientras las reformas tributaria y económica ponen a prueba su capacidad de gobernar.
Los primeros cien días de Abelardo de la Espriella en la Presidencia de Colombia dejan una fotografía política que merece algo más que un balance de anuncios, discursos y promesas. El nuevo mandatario llegó al poder con la expectativa de marcar una ruptura frente a sus antecesores, recuperar la confianza institucional, fortalecer la seguridad y dinamizar la economía. Sin embargo, sus primeras semanas muestran señales de continuidad en algunos de los problemas que han deteriorado la política nacional: confrontación, polarización, inestabilidad administrativa y dificultades para construir consensos.
Para el profesor universitario y analista político Juvenal Bolívar, el principal interrogante es si Colombia está frente a un verdadero cambio de modelo de gobierno o simplemente ante una nueva versión de las mismas prácticas políticas.
«Lo preocupante es que los primeros 100 días comienzan a parecerse demasiado al anterior cuatrienio. Cambian los protagonistas, los discursos y las promesas, pero permanecen la polarización, las confrontaciones, los escándalos y una preocupante improvisación en la toma de decisiones. Colombia necesita resultados, no una administración que convierta cada desacuerdo en una batalla política», sostiene Bolívar.
El primer elemento de análisis es la estabilidad del gabinete. Según la agencia EFE, cerca de 20 funcionarios han abandonado sus cargos durante los primeros 100 días, entre ellos los ministros de Educación e Interior. Esta rotación plantea interrogantes sobre la conformación del equipo presidencial, la coordinación entre las carteras y la capacidad del mandatario para mantener una dirección administrativa coherente.
No obstante, también existen argumentos favorables al Ejecutivo. La respuesta institucional frente al terremoto del 10 de agosto, ocurrido apenas tres días después de la posesión presidencial, obligó al Gobierno a modificar sus prioridades y concentrar esfuerzos en la atención de las comunidades afectadas. El desafío consiste en transformar la emergencia en una política de reconstrucción sostenible, con recursos verificables y ejecución transparente.
«Un Gobierno no puede calificarse exclusivamente por sus errores, pero tampoco puede esconder sus dificultades detrás de las circunstancias extraordinarias. La ciudadanía necesita saber cuánto dinero se ha destinado, cuántas familias han recibido atención y qué resultados concretos existen», advierte el analista.
El balance, por tanto, tiene dos caras: la capacidad de reaccionar ante una emergencia y la necesidad de demostrar que existe planificación para gobernar. La seguridad, la reconstrucción y la reactivación económica pueden convertirse en fortalezas, siempre que no terminen subordinadas a los enfrentamientos políticos.
La reforma tributaria pone a prueba las mayorías
El segundo frente de tensión está en la reforma tributaria. El Gobierno necesita aumentar sus ingresos y garantizar financiación para sus compromisos presupuestales, pero su apuesta por ampliar el IVA a productos de la canasta familiar ha encontrado resistencia incluso entre sectores políticos que podrían acompañar otras iniciativas del Ejecutivo.
El 14 de noviembre, después de una reunión en Rionegro entre representantes del Gobierno, el Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe, no se alcanzó un acuerdo sobre este punto. El uribismo mantuvo su negativa a respaldar los gravámenes propuestos para alimentos y otros productos, mientras planteó alternativas relacionadas con recortes institucionales y eliminación de gastos.
El problema no es solamente tributario. También es político. La falta de acuerdos evidencia las dificultades del Gobierno para construir mayorías en el Congreso y tramitar una iniciativa fundamental para sus finanzas. La discusión, además, enfrenta dos preocupaciones legítimas: la necesidad estatal de conseguir recursos y la obligación de evitar que el costo fiscal termine trasladándose a los hogares de menores ingresos.
Bolívar considera que «una reforma tributaria no puede convertirse en una herramienta de confrontación ideológica. El Gobierno tiene derecho a buscar recursos para financiar sus programas, pero debe demostrar que existe justicia tributaria, progresividad y responsabilidad social. Gravar los productos esenciales puede afectar directamente a quienes tienen menor capacidad económica».
Entre las ventajas de una reforma bien estructurada están la posibilidad de fortalecer las finanzas públicas, financiar programas sociales y reducir desequilibrios fiscales. Entre sus riesgos aparecen el encarecimiento de los alimentos, la pérdida de capacidad adquisitiva, las presiones inflacionarias y un eventual deterioro de la confianza empresarial.
El Ejecutivo enfrenta, además, una dificultad de calendario y negociación legislativa. Si no consigue acuerdos, podría quedarse sin una de sus principales herramientas de financiación. En consecuencia, el debate sobre el IVA puede convertirse en la primera gran prueba de gobernabilidad de De la Espriella.
El Plan de Desarrollo y la promesa económica
El tercer asunto es el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, denominado Colombia, la Patria Milagro. El documento fue presentado ante el Congreso el 13 de noviembre y contempla siete ejes estratégicos, entre ellos reconstrucción, seguridad, transformación del Estado, desarrollo social, fortalecimiento regional e innovación.
Una de sus apuestas más ambiciosas es alcanzar un crecimiento económico del 6 % durante los próximos cuatro años, con protagonismo de la inversión privada, la infraestructura, la energía, el turismo y los hidrocarburos.
La propuesta tiene elementos positivos. Reconoce la importancia de las regiones, incorpora la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto y plantea una articulación entre inversión pública y privada. También abre oportunidades para departamentos que necesitan infraestructura, conectividad, empleo y proyectos productivos.
Sin embargo, las metas económicas no se cumplen simplemente por quedar consignadas en un documento. Requieren financiación, estabilidad jurídica, capacidad institucional, proyectos técnicamente estructurados y mecanismos de seguimiento. La participación territorial tampoco puede reducirse a recoger propuestas que posteriormente no se traduzcan en inversiones.
«El Plan Nacional de Desarrollo puede ser una oportunidad para corregir las desigualdades regionales, pero el país necesita pasar de los anuncios a las ejecuciones. Prometer un crecimiento del 6% resulta atractivo; demostrar cómo se alcanzará, de dónde saldrán los recursos y quién responderá por los resultados es lo verdaderamente importante», señala Juvenal Bolívar.
Para Santander y el Magdalena Medio, el desafío consiste en conseguir que las apuestas nacionales se conviertan en proyectos concretos de infraestructura, competitividad, educación, conectividad y generación de empleo. Las regiones no pueden continuar siendo protagonistas durante las campañas y quedar relegadas cuando llega el momento de distribuir las inversiones.
Los mismos errores con nuevos protagonistas
Los tres asuntos permiten identificar una contradicción central: De la Espriella llegó a la Presidencia con la promesa de inaugurar una etapa diferente, pero sus primeros cien días presentan síntomas que recuerdan las dificultades del anterior cuatrienio.
La polarización vuelve a ocupar el centro de la conversación pública; las diferencias entre el Ejecutivo y sus contradictores amenazan con convertirse en enfrentamientos permanentes; la salida de funcionarios genera incertidumbre y las reformas avanzan en medio de dificultades para construir acuerdos. A esto se suma el riesgo de que los anuncios económicos superen la capacidad real de ejecución gubernamental.
Para Bolívar, el país no necesita cambiar de antagonistas cada cuatro años, sino transformar la manera de ejercer el poder.
«Colombia no puede seguir atrapada en el péndulo de gobiernos que prometen corregir los errores de sus antecesores, pero terminan reproduciendo sus mismas debilidades. La improvisación, la confrontación y la política del señalamiento no pueden reemplazar la planeación, la transparencia y los resultados. Gobernar significa construir acuerdos, respetar las instituciones y responderle a la ciudadanía».
El balance también exige reconocer que cien días son insuficientes para evaluar integralmente una administración de cuatro años. Sin embargo, sí constituyen un periodo importante para identificar prioridades, estilos de liderazgo, capacidad de negociación y señales tempranas de gestión.
La verdadera prueba de De la Espriella no estará en la contundencia de sus discursos ni en la cantidad de promesas incluidas en su Plan de Desarrollo. Estará en su capacidad para atender a los damnificados, proteger el bolsillo de los colombianos, recuperar la confianza institucional y convertir sus apuestas económicas en oportunidades reales.
“Colombia no necesita otro cuatrienio de confrontaciones con diferente protagonista. Necesita un Gobierno que entienda que la legitimidad se construye con resultados, que las diferencias se resuelven mediante acuerdos y que el poder público no es un escenario para prolongar las disputas políticas, sino una responsabilidad con millones de ciudadanos”, puntualizó el docente y analista político.