El ministro de Justicia interino Andrés Idárraga afirmó que su teléfono y el de su familia fueron intervenidos con el software espía Pegasus en una presunta operación estatal, desatando una disputa entre altos funcionarios del Gobierno colombiano sobre el uso legal o ilegal de esta tecnología.
La controversia por el presunto uso del software israelí de espionaje Pegasus, que ha sacudido gobiernos a nivel global, abrió un nuevo capítulo en Colombia tras la denuncia pública del ministro de Justicia (encargado), Andrés Idárraga. El funcionario aseguró que él y su familia fueron objeto de intervenciones ilegales entre agosto y noviembre de 2025, cuando Idárraga se desempeñaba como secretario de Transparencia de la Presidencia.
Según un análisis forense contratado por el propio ministro, más de 8.700 acciones remotas fueron ejecutadas en su teléfono, extrayendo alrededor de 2,3 GB de información —incluidas supuestamente conversaciones, contactos e incluso activación no autorizada de cámara y micrófono— sin orden judicial. Idárraga afirmó que estos actos tendrían como propósito obstaculizar sus investigaciones sobre presunta corrupción dentro de las Fuerzas Militares, además de afectar su ejercicio en transparencia anticorrupción.
La denuncia ha reavivado un debate latente en Colombia sobre la adquisición y uso de Pegasus. El software fue comprado en 2021 por agencias del Estado durante el gobierno de Iván Duque a través de la Policía Nacional —transacción que generó cuestionamientos por su opacidad y potencial uso fuera de marcos legales— y desde entonces ha sido objeto de crítica por vulnerar derechos de privacidad.
El Ministerio de Defensa, liderado por Pedro Sánchez, negó categóricamente cualquier implicación en actividades de espionaje con Pegasus. En un comunicado oficial, la cartera aseguró que ninguna entidad del sector posee ni ha utilizado el software desde 2022 y que las actividades de inteligencia y contrainteligencia se realizan conforme a la Constitución y la ley. Este pronunciamiento también señaló que un documento que circuló en redes, supuestamente autorizado por Defensa, es falso e inconsistente.
Sánchez sostuvo que las inspecciones internas en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional concluyeron que no existía evidencia de uso del programa, y puntualizó que no se han emitido órdenes ilegales de seguimiento. Además, defendió a un sargento señalado por Idárraga, indicando que no pertenece a unidades de inteligencia ni tiene acceso a fondos reservados.
La disputa escaló al interior del Ejecutivo cuando el presidente Gustavo Petro convocó una reunión de alto nivel —que incluía a los ministerios de Justicia y Defensa y a mandos militares— para abordar la controversia, aunque posteriormente fue cancelada debido a las tensiones entre las partes.
La polémica ha trascendido el caso individual de Idárraga. El ministro del Interior, Armando Benedetti, también denunció que su celular contiene el software Pegasus, insistiendo en que esta situación requiere claridad y una investigación exhaustiva. Benedetti ha cuestionado si las agencias del Estado son responsables de la presencia del programa en dispositivos oficiales o personales.
Estos pronunciamientos ponen de manifiesto fracturas internas dentro del Gobierno de Petro, marcado por roces recientes entre diferentes carteras y salidas de altos funcionarios, lo que añade una capa política a un debate técnico y jurídico de gran sensibilidad.
El uso de Pegasus en Colombia choca con exigencias constitucionales que ordenan que cualquier intervención de comunicaciones privadas —incluyendo dispositivos electrónicos— debe estar respaldada por una orden judicial previa y fundada. Organizaciones de derechos digitales y académicos han señalado que la presencia de este tipo de software plantea riesgos significativos para la privacidad, la libertad de expresión y la confianza en las instituciones.
Aunque la Fiscalía General de la Nación ha sido instada a investigar las denuncias, hasta el momento las autoridades no han difundido resultados concluyentes ni imputaciones formales que confirmen o desestimen la supuesta intervención ilegal.
