A menos de dos semanas de las elecciones legislativas en Colombia, la desaparición de dos candidatos en regiones apartadas vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad electoral, mientras autoridades y organizaciones civiles advierten que la violencia política amenaza la participación democrática en amplias zonas del territorio.
La campaña electoral hacia el Congreso de la República en Colombia entra en su recta final marcada por un hecho alarmante: la desaparición de dos aspirantes en regiones distintas del país, en un contexto de creciente violencia política y altos riesgos de seguridad en varios territorios históricamente afectados por el conflicto armado.
Se trata de Ana Guetio, candidata a la Cámara de Representantes por las circunscripciones transitorias especiales de paz en el departamento del Cauca, y de Andrés Vásquez, aspirante al Senado por el Partido Conservador, desaparecido en el departamento del Cesar. Ambos casos, separados por casi mil kilómetros, han encendido alertas en organismos de control, autoridades de seguridad y organizaciones defensoras de derechos humanos.
El equipo de campaña de Guetio, lideresa indígena del pueblo nasa, reportó que la candidata fue vista por última vez en la noche del miércoles cuando se dirigía hacia el municipio de Morales, en el Cauca, tras cumplir actividades proselitistas en El Tambo. La aspirante forma parte de las candidaturas creadas para garantizar la representación de las víctimas del conflicto armado en el Congreso, conocidas como circunscripciones de paz.
En un comunicado, su equipo expresó que “ante esta grave situación, solicitamos de manera urgente a quienes tengan información sobre su paradero, a las autoridades competentes y a las organizaciones defensoras de derechos humanos, activar todos los mecanismos necesarios para garantizar su pronta liberación y su regreso con vida”.
Guetio ha sido una reconocida lideresa social que integró procesos organizativos como el Consejo Regional Indígena del Cauca y la Mesa Nacional de Víctimas, lo que la ubica en un perfil de liderazgo territorial en una región históricamente golpeada por la presencia de grupos armados ilegales.
La situación del Cauca ha sido reiteradamente señalada por organismos de observación electoral como una de las más críticas del país. La Misión de Observación Electoral ha advertido sobre el incremento de riesgos en las circunscripciones de paz, donde confluyen disputas armadas, economías ilegales y debilidad institucional.
Desde el Gobierno, la vicepresidenta Francia Márquez exigió la pronta liberación de la candidata. “Exigimos la entrega, respetando la vida, dignidad e integridad, de Ana Guetio”, afirmó, al tiempo que reiteró que el Cauca “no puede seguir siendo un territorio condenado al miedo y al dolor”.
Un caso paralelo en el Cesar
De forma simultánea, el Partido Conservador denunció la desaparición de su candidato al Senado, Andrés Vásquez, quien se encontraba en el municipio de Pelaya, Cesar, visitando a su padre. Según la colectividad, el aspirante se dirigía a una reunión en Aguachica cuando se perdió contacto con él.
Familiares del candidato hallaron su vehículo abandonado, con las puertas abiertas y sus pertenencias en el interior, lo que ha sido interpretado como un posible secuestro. No obstante, las autoridades mantienen la clasificación del caso como desaparición mientras avanzan las investigaciones.
La colectividad política señaló en redes sociales que “pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación, al tiempo que reclamamos del Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos”.
Ante la gravedad de los hechos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que se activaron operativos de búsqueda en ambas regiones. “Estamos actuando con toda la capacidad y determinación de la Fuerza Pública para encontrarlos y traerlos sanos y a salvo a sus hogares”, expresó.
El jefe de la cartera de Defensa insistió en que “la Fuerza Pública no permitirá que el miedo o la violencia pretendan interferir en el ejercicio de los derechos políticos en ningún rincón del país”, al tiempo que pidió la colaboración ciudadana con garantías de reserva.
Las desapariciones ocurren en medio de un proceso electoral que ya venía tensionado por hechos de violencia. El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá marcó un punto de quiebre en la percepción de seguridad de la contienda política.
A este panorama se suma el persistente asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, fenómeno que no ha cesado en regiones como el Pacífico, el Catatumbo, Arauca y el sur del país.
El más reciente informe de la Misión de Observación Electoral advierte que, de los más de 1.100 municipios del país, al menos 170 presentan algún nivel de riesgo electoral, ya sea por violencia, fraude o la combinación de ambos factores. De estos, 81 municipios están catalogados en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio.
Regiones críticas y actores armados
El llamado “andén Pacífico”, que incluye departamentos como Cauca, Valle del Cauca y Chocó, concentra los mayores niveles de riesgo. En estas zonas, la presencia de disidencias de las antiguas FARC, estructuras del narcotráfico y economías ilegales han generado un escenario de disputa territorial que impacta directamente el ejercicio político.
La región del Catatumbo, en Norte de Santander, también se mantiene como foco de alerta debido a los enfrentamientos entre el ELN y grupos disidentes. Allí se ha registrado una crisis humanitaria con desplazamientos masivos, confinamientos y amenazas contra líderes comunitarios.
Otros territorios en alerta incluyen Arauca, Guaviare y el Bajo Cauca antioqueño, donde el control de rutas del narcotráfico y la minería ilegal incrementa los niveles de violencia.
Diversas organizaciones han hecho un llamado urgente a fortalecer los esquemas de protección para candidatos, especialmente aquellos que participan en circunscripciones de paz o que ejercen liderazgo social en zonas rurales.
La Defensoría del Pueblo y organismos internacionales han reiterado la necesidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para el ejercicio democrático, al advertir que la violencia no solo pone en riesgo la vida de los candidatos, sino también la legitimidad del proceso electoral.
A pocos días de las elecciones, los casos de Ana Guetio y Andrés Vásquez reflejan la fragilidad de la democracia en territorios donde el conflicto armado no ha desaparecido, sino que se ha transformado.
