A menos de dos semanas de las elecciones nacionales, el registrador Hernán Penagos asegura que el sistema electoral colombiano ofrece garantías y controles suficientes frente a denuncias de fraude, mientras crece la tensión institucional por los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro y el impacto político de la desinformación.
El ambiente político en Colombia se encuentra marcado por una tensión creciente entre el Gobierno y las autoridades electorales, justo cuando el país se prepara para una nueva jornada democrática de alcance nacional. En el centro del debate está el registrador nacional, Hernán Penagos, quien ha salido al paso de las críticas del presidente Gustavo Petro sobre la transparencia del sistema electoral.
El jefe de la Registraduría Nacional del Estado Civil ha reiterado que el modelo colombiano no permite la alteración sistémica de resultados y que el proceso cuenta con controles humanos, tecnológicos y jurídicos que garantizan la veracidad del voto. “No hay manera de alterar los resultados, ni informática ni manualmente”, sostuvo en una entrevista reciente, en la que defendió la robustez del sistema.
Las declaraciones de Penagos se producen en un momento de alta sensibilidad institucional. El presidente Petro ha manifestado públicamente dudas sobre la confiabilidad del sistema electoral, especialmente frente al uso de software y al manejo de la información en el preconteo.
Estas críticas han encendido alarmas entre distintos sectores políticos y académicos, que advierten sobre el impacto que este tipo de cuestionamientos puede tener en la legitimidad de las elecciones. La disputa ha escalado hasta involucrar a otra de las entidades clave en la organización de los comicios: el Consejo Nacional Electoral, encargado de consolidar los resultados oficiales.
Para Penagos, la preocupación no radica únicamente en la organización técnica del proceso, sino en la confianza ciudadana. “Una entidad como la Registraduría solo tiene un activo: la confianza. Si se degrada, ¿cómo validamos los resultados?”, advirtió.
El registrador ha explicado que el sistema electoral colombiano está diseñado con múltiples capas de verificación que dificultan cualquier manipulación masiva. En primer lugar, el conteo de votos se realiza de forma manual en cada mesa de votación por ciudadanos designados como jurados.
En cada elección participan cerca de 860.000 jurados, quienes diligencian las actas conocidas como formularios E-14. Estas actas tienen varias copias físicas, lo que permite contrastar la información en diferentes momentos del proceso.
Posteriormente, los resultados son revisados por más de 9.600 jueces de la República en las comisiones escrutadoras, quienes analizan las reclamaciones y verifican inconsistencias. Solo después de ese proceso se consolidan los resultados oficiales.
“El momento más importante es la mesa de votación, donde se cuentan los votos a mano. La Registraduría no puede divulgar un resultado contrario a esas actas”, explicó Penagos.
Además, el sistema permite la presencia de testigos electorales de los partidos políticos, observadores internacionales y órganos de control. Según la Registraduría, el potencial de supervisión ciudadana alcanza millones de personas.
El debate por el preconteo y los antecedentes
Uno de los argumentos del presidente Petro se basa en lo ocurrido en las elecciones legislativas de 2022, cuando el preconteo omitió inicialmente votos de su coalición política.
Penagos reconoce que el episodio fue “una circunstancia penosa”, pero insiste en que se trató de un error humano en la transmisión de datos y no de fraude. “Los votos estaban en las actas y aparecieron en el escrutinio, que es el que tiene validez legal”, señaló.
El registrador subraya que el preconteo es solo un mecanismo informativo y no tiene efectos jurídicos. La etapa decisiva es el escrutinio, donde se revisan las actas y se resuelven reclamaciones.
Ese diseño por fases es, según el funcionario, una de las fortalezas del sistema colombiano, pues permite corregir errores iniciales sin afectar el resultado final.
Otro de los antecedentes citados en el debate es el fallo del Consejo de Estado de Colombia de 2017, que reconoció que en las elecciones de 2014 se habían dejado de contabilizar miles de votos del partido MIRA.
Penagos explicó que ese caso tampoco estuvo relacionado con fallas tecnológicas, sino con decisiones humanas en las comisiones escrutadoras. “Eran diferencias entre formularios y reclamaciones que los jueces resolvieron de forma equivocada en algunos casos”, afirmó.
El fallo llevó a fortalecer los sistemas de verificación y a adoptar mejoras en la consolidación de resultados, incluido el uso de software especializado desarrollado por la empresa Indra y operado por el Consejo Nacional Electoral.
Más allá de los aspectos técnicos, el registrador ha advertido sobre el impacto de la desinformación en la estabilidad democrática. Según Penagos, el mayor riesgo no es la manipulación del sistema, sino la pérdida de confianza ciudadana.
“La desinformación y las noticias falsas erosionan las instituciones”, afirmó, al tiempo que recordó episodios de violencia electoral, como los ocurridos en el municipio de Gamarra en 2023, donde un ataque contra una sede de la Registraduría dejó víctimas fatales.
El funcionario señaló que los discursos que cuestionan sin pruebas la legitimidad del sistema pueden generar nerviosismo entre jurados, testigos y votantes, y abrir la puerta a disturbios.
En ese contexto, citó estudios que muestran una creciente insatisfacción global con la democracia, y advirtió que en Colombia una parte de la población incluso vería con buenos ojos un régimen autoritario.
Medidas para fortalecer la confianza
Ante el ambiente de polarización, la Registraduría ha puesto en marcha varias estrategias para reforzar la transparencia del proceso electoral.
Entre ellas se destacan la implementación de biometría dactilar y facial, la publicación de las tres copias de las actas de cada mesa, el acceso anticipado a la información por parte de misiones de observación internacional y el acompañamiento permanente de los organismos de control.
Además, los partidos políticos han podido designar auditores de sistemas y testigos electorales que podrán comparar las actas físicas con los resultados publicados.
Penagos enfatiza que el objetivo no es afirmar que el sistema sea perfecto, sino demostrar que tiene suficientes controles para generar confianza. “Tenemos fortalezas y errores, pero no se puede decir que sea un sistema sin garantías”, sostuvo.
Uno de los puntos que ha llamado la atención del registrador es la baja participación de los partidos en la designación de jurados y en los simulacros electorales.
Según datos de la Registraduría, solo el 2% de los jurados actuales fueron postulados por los partidos políticos, a pesar de que la ley les permite hacerlo. Para Penagos, esto demuestra que, en la práctica, los partidos sí confían en el sistema.
“Si no confiaran, propondrían jurados y participarían masivamente en los simulacros”, afirmó.
Sin embargo, expertos advierten que la confianza institucional no solo depende de la participación de los partidos, sino también de la percepción ciudadana y de la credibilidad del debate público.
La polémica electoral en Colombia se inscribe en una tendencia global de desconfianza hacia las instituciones democráticas. Diversos estudios internacionales señalan que la mayoría de ciudadanos en el mundo siente que la democracia no responde a sus necesidades.
En América Latina, esta tendencia se ha manifestado en protestas sociales, polarización política y cuestionamientos a los resultados electorales en varios países.
Colombia no ha sido ajena a este fenómeno. La polarización política, el uso intensivo de redes sociales y la circulación de información falsa han contribuido a un clima de desconfianza que pone a prueba la solidez de las instituciones.
En este escenario, las elecciones no solo son un proceso técnico, sino también un desafío político y social.
Para Penagos, el reto principal de las próximas elecciones no es la logística ni la tecnología, sino el costo social de la desconfianza. “Me preocupa cuánto le van a costar socialmente al país, cuánto se degradan las instituciones, cuánta violencia puede haber”, advirtió.
Las elecciones se perfilan así como una prueba de fuego para la democracia colombiana, en la que no solo se definirá la composición del poder político, sino también la capacidad del sistema institucional para sostener la confianza ciudadana.
