La Jurisdicción Especial para la Paz imputó al general retirado Rito Alejo del Río por homicidio, genocidio y desplazamiento forzado en Urabá. El oficial, aliado político de Álvaro Uribe, enfrenta nuevamente el escrutinio judicial por su papel en la violencia paramilitar y crímenes contra la Unión Patriótica.
La figura de Rito Alejo del Río Rojas, conocido como el “Pacificador de Urabá”, ha sido una de las más controvertidas en la historia reciente del conflicto armado colombiano. A sus 81 años, el general retirado vuelve a ocupar el centro de la atención judicial y mediática, tras la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de imputarlo por siete delitos graves, entre ellos homicidio en persona protegida, genocidio y desplazamiento forzado.
La imputación se relaciona con su papel como comandante de la Brigada XVII del Ejército en Urabá entre 1995 y 1998, periodo en el que se consolidó una alianza entre sectores militares y estructuras paramilitares. Según la JEP, Del Río habría sido uno de los máximos responsables del genocidio contra los integrantes de la Unión Patriótica (UP), un partido político de izquierda que sufrió una campaña sistemática de exterminio. Las cifras son estremecedoras: al menos 5.729 personas asesinadas y más de 3.200 víctimas adicionales de desplazamientos, amenazas, torturas, violencia sexual y exilio.
El nombre de Del Río ha aparecido en múltiples expedientes judiciales desde hace más de tres décadas. En 2012 fue condenado a 26 años de prisión por el asesinato del campesino Marino López Mena, ocurrido en 1997 en Riosucio, Chocó, bajo órdenes de la brigada que comandaba. También fue mencionado en el caso del asesinato del periodista Jaime Garzón en 1999, luego de que exparamilitares como alias Don Berna lo señalaran de haber participado en la alianza que derivó en el crimen.
Su historial incluye además señalamientos por los llamados “falsos positivos”, cuando en 1986 comandaba el Batallón Rafael Reyes en Cimitarra (Santander). Varios militares afirmaron que bajo su mando se permitieron prácticas que terminaron en asesinatos de civiles presentados como bajas en combate. Asimismo, su nombre aparece vinculado a la masacre de Mapiripán, perpetrada por paramilitares en 1997 en el Meta. Aunque la operación ocurrió lejos de Urabá, los asesinos provenían de esa región y se movilizaron en aeronaves que salieron de allí.
Relación con Uribe y el uribismo
Del Río no solo fue un oficial de alto perfil militar, sino también un aliado político del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Su cercanía con el uribismo le otorgó respaldo en sectores de la derecha, que lo defendieron como un hombre firme frente a la insurgencia. Sin embargo, para las víctimas y organizaciones de derechos humanos, su figura simboliza la connivencia entre el Estado y el paramilitarismo.
Ese vínculo político ha hecho que su caso tenga una dimensión que trasciende lo judicial, pues toca fibras sensibles de la memoria colectiva y de la legitimidad institucional. La imputación de la JEP no solo busca esclarecer responsabilidades individuales, sino también dimensionar el papel del Estado en el conflicto armado.
Cuando en 2017 Del Río solicitó ingresar a la JEP, lo hizo con la promesa de aportar verdad y contribuir a la reparación de las víctimas. Esa condición le permitió acceder a beneficios como la libertad transitoria. Sin embargo, los magistrados concluyeron que su aporte fue mínimo y evasivo. En mayo de 2024, el magistrado Gustavo Salazar pidió revocar su libertad condicional, argumentando que “presentó nulos aportes a la verdad” en el marco del macrocaso 06, que investiga el genocidio contra la Unión Patriótica.
La falta de colaboración ha sido interpretada como una estrategia para dilatar procesos y evitar reconocer responsabilidades. Según la JEP, Del Río minimizó la gravedad de las violaciones de derechos humanos y se empeñó en desvirtuar la verdad judicial ya consolidada. Esta actitud refuerza la percepción de que su comparecencia ante la justicia transicional ha sido más un recurso para obtener beneficios que un compromiso real con la verdad.
Impacto en las víctimas
El caso de Rito Alejo del Río es emblemático porque conecta varias de las heridas más profundas del conflicto colombiano: el exterminio de la Unión Patriótica, la expansión paramilitar en Urabá, los falsos positivos y las masacres que marcaron la década de los noventa. Para las víctimas, la imputación representa una oportunidad de que se reconozca la responsabilidad de altos mandos militares en crímenes que durante años fueron negados o encubiertos.
La memoria histórica exige que figuras como Del Río no queden en la impunidad. Su testimonio, aunque hasta ahora insuficiente, podría ser clave para entender la magnitud de la participación estatal en la violencia. La JEP ha insistido en que sin verdad plena no puede haber beneficios jurídicos, y que la justicia transicional no es un espacio para el silencio, sino para la rendición de cuentas.
El cerco judicial sobre Del Río refleja el alcance de la justicia transicional en Colombia. La JEP, creada tras el acuerdo de paz con las FARC en 2016, tiene la misión de esclarecer los crímenes más graves del conflicto y garantizar justicia restaurativa. La imputación contra un general de alto rango como Del Río envía un mensaje claro: nadie está por encima de la ley, y las responsabilidades deben ser asumidas, incluso décadas después.
Este proceso también plantea un reto para la sociedad colombiana: cómo enfrentar las verdades incómodas sobre la relación entre el Estado y el paramilitarismo, y cómo garantizar que las víctimas reciban reparación y reconocimiento. La figura de Del Río, condecorado en su momento como héroe militar, hoy se reconfigura como símbolo de las sombras institucionales que acompañaron la guerra.
