El Instituto Nacional de Vías (Invías) canceló un contrato por 48.000 millones de pesos destinado a la adquisición de 20 vehículos blindados tácticos para reforzar la seguridad en las carreteras colombianas. Lo que parecía una inversión estratégica terminó envuelto en denuncias, alertas de la Procuraduría y una decisión abrupta que dejó más preguntas que respuestas.
Desde hace años, el Invías ha impulsado el programa de Seguridad en Carreteras Nacionales, una iniciativa que busca proteger a los funcionarios y contratistas que operan en zonas de alto riesgo. En ese marco, el 17 de julio de 2025 se publicó en el SECOP II la convocatoria para adquirir vehículos blindados tipo SUV y camionetas tácticas, con especificaciones militares y capacidad de transporte de personal.
La inversión proyectada ascendía a 48.000 millones de pesos, y el proceso se adelantó bajo la modalidad de selección abreviada. Según el Invías, los vehículos serían utilizados en regiones donde operan grupos armados ilegales, y donde los ataques a personal técnico han sido recurrentes.
El diario El Tiempo reveló que el proceso fue objeto de una denuncia formal ante la Procuraduría General de la Nación, que alertaba sobre presuntas irregularidades en la estructuración del contrato. Entre los puntos críticos se mencionaban:
- Falta de estudios técnicos previos que justificaran la necesidad de vehículos blindados de alto costo.
- Especificaciones excesivas, como blindaje nivel 5, sistemas de comunicación encriptada y capacidad de respuesta táctica.
- Restricciones que limitaban la pluralidad de oferentes, lo que podría favorecer a un único proveedor.
Una fuente cercana al proceso aseguró: “El pliego parecía hecho a la medida de un solo oferente. No había espacio para competencia real”.
Ante el escándalo, el Invías decidió revocar el proceso de contratación, argumentando que se trataba de una medida preventiva para “garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos”. Sin embargo, no se anunció una nueva convocatoria ni se explicó qué alternativas se contemplan para garantizar la seguridad en las vías.
Las cifras detrás del blindaje
El contrato contemplaba la compra de:
- 10 camionetas blindadas tipo SUV con capacidad para 5 pasajeros.
- 10 vehículos tácticos blindados con capacidad para 8 personas y equipamiento especial.
Cada unidad tendría un costo promedio de 2.400 millones de pesos, incluyendo mantenimiento, seguros y capacitación para los conductores. El contrato también incluía servicios de monitoreo satelital, kits de primeros auxilios y equipos de comunicación de largo alcance.
En total, el presupuesto equivalía al 1.2 % del presupuesto anual del Invías, lo que generó inquietud entre expertos en contratación pública. “Es una cifra desproporcionada si se compara con inversiones en infraestructura vial o mantenimiento de vías terciarias”, señaló un analista.
La controversia ha generado posiciones encontradas. Por un lado, funcionarios del Invías defienden la iniciativa como una medida necesaria para proteger al personal en zonas de conflicto. “No podemos enviar a nuestros ingenieros a zonas rojas en vehículos convencionales. Es una cuestión de vida o muerte”, afirmó un directivo bajo condición de anonimato.
Por otro lado, expertos en contratación pública y seguridad vial cuestionan la pertinencia del gasto. “Blindar las vías no significa blindar los vehículos. Hay estrategias más efectivas y menos costosas, como escoltas, rutas seguras y coordinación con la fuerza pública”, señaló la experta en seguridad territorial, Lina María Ríos.
Incluso desde el Congreso se han elevado voces críticas. El senador Jorge Enrique Vélez declaró: “Este contrato es una muestra de cómo se pueden disfrazar gastos innecesarios bajo el manto de la seguridad. Hay que revisar con lupa cada peso invertido”.
Posibles intereses y vacíos
La investigación periodistica sugiere que detrás del contrato podrían existir intereses empresariales vinculados a proveedores de vehículos blindados. Aunque no se han revelado nombres, se menciona que una empresa con sede en Bogotá habría participado en reuniones previas al proceso, lo que podría configurar un conflicto de interés.
Además, se detectaron vacíos en la trazabilidad del proceso, como la ausencia de actas de comité técnico, falta de estudios de mercado y omisión de análisis de riesgo. Estos elementos fueron clave para que la Procuraduría iniciara una indagación preliminar.
“No se trata solo de cancelar el contrato, sino de entender cómo se estructuró y quiénes lo promovieron. La transparencia exige respuestas”, afirmó el abogado especialista en contratación estatal, Camilo Bernal.
Con la cancelación del contrato, el Invías enfrenta el reto de garantizar la seguridad de sus equipos en campo. Según cifras oficiales, en los últimos tres años se han registrado 27 incidentes de seguridad en vías nacionales, incluyendo ataques armados, robos y bloqueos.
La entidad anunció que revisará el modelo de seguridad y que buscará alternativas “más eficientes y menos costosas”. Sin embargo, no se ha presentado un nuevo plan ni se ha convocado a expertos en seguridad para diseñar una estrategia integral.
Mientras tanto, los funcionarios que trabajan en zonas de riesgo siguen expuestos. “Nos dijeron que venía un refuerzo, pero ahora estamos igual que antes: con miedo y sin protección”, relató un ingeniero que trabaja en el corredor Tumaco-Pasto.
La caída del contrato millonario en Invías no solo revela posibles irregularidades, sino que abre el debate sobre cómo se concibe la seguridad en la infraestructura vial. ¿Es necesario invertir miles de millones en blindaje o hay formas más inteligentes de proteger al personal?
Lo cierto es que este episodio deja lecciones sobre la importancia de la planeación técnica, la transparencia contractual y la priorización del gasto público. Como lo resume un funcionario de la Procuraduría: “Blindar las vías empieza por blindar los procesos”.
