El índice que mide la garantía del acceso al aborto seguro calificó a Colombia con 34 puntos sobre 100

• Colombia obtuvo un puntaje de 34,2 sobre 100, lo que pone en evidencia los retos que aún persisten para garantizar la prestación de servicios de aborto de manera oportuna en todos los niveles de atención y territorios.
• Según el índice, existe una brecha notable entre la capacidad que tienen las ciudades capitales y los municipios para garantizar el aborto como un servicio esencial de salud.

Colombia es hoy un referente regional y global en cuanto al marco jurídico que permite el acceso a un aborto legal y seguro. Son más de 17 años de jurisprudencia y una Sentencia histórica (C-055 de 2022) a través de la cual, la Corte Constitucional ratificó que el aborto es un servicio esencial de salud al que las mujeres y personas gestantes tienen derecho y que pueden ejercer sin que se les penalice y encarcele por ello. Es así como, el aborto en Colombia es libre hasta la semana 24 de gestación, y más allá de ese término, se puede acceder bajo alguna de las 3 causales fijadas desde 2006.

Ante este panorama y en el marco del Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto, Profamilia presentó el Índice Municipal de la Oferta de Aborto Seguro, la primera medición de este tipo que se realiza en el país y que gracias a su nivel de especificidad logró poner en evidencia cómo, a nivel local, existen aún profundas barreras para garantizar que lo que dice la Sentencia en relación al acceso a servicios oportunos de aborto, sea una realidad. Las principales brechas, dice el informe, están relacionadas con la baja disponibilidad de recursos de infraestructura y de profesionales de la salud capacitados en los procedimientos, lo cual obliga a las mujeres y personas gestantes a desplazarse geográficamente, invertir más recursos o incluso, acceder a abortos inseguros, por falta de ellos.

Sobre el Índice Municipal de la Oferta de Aborto Seguro

El índice Municipal de la Oferta de Aborto Seguro se hizo en colaboración con RIOS y responde al objetivo de Profamilia de generar información que permita identificar las inequidades que existen para garantizar los servicios de salud sexual y reproductiva, como el aborto en el país. En ese sentido, desarrolló un análisis de la atención en salud para la interrupción voluntaria del embarazo en los 1.121 municipios de Colombia a través de tres dimensiones:

• Estructura: mide la disponibilidad de recursos físicos, humanos y organizacionales necesarios para brindar un servicio de aborto con calidad.
• Proceso: mide las actividades y acciones relacionadas con la seguridad, eficacia y eficiencia en la ruta de acceso al servicio de aborto.
• Resultados: mide el impacto en el estado de salud de las pacientes atribuible a la atención prestada.

A partir de esto, el índice asigna un puntaje entre 0 y 100 para calcular el estado de acceso a la atención integral y con calidad al aborto. Al realizar el análisis por cada una de las dimensiones formuladas se encuentra que, en su Estructura, Colombia enfrenta una deficiencia alarmante de recursos físicos, humanos y organizacionales para atender la demanda de servicios de aborto seguro. El país obtuvo un puntaje promedio de 7.7 sobre 100, donde las ciudades capitales sumaron 60,25 puntos y los demás municipios un promedio de 7.1.

“Las brechas entre ciudades capitales y municipios ponen en evidencia que las barreras para acceder a servicios oportunos de salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto seguro, afectan de manera desproporcionada a las mujeres y personas gestantes más vulnerables. Esperamos que estas cifras, que serán compartidas con los entes nacionales, regionales y territoriales pertinentes, actúen como un catalizador de iniciativas, políticas públicas y planes de gobierno para garantizar el derecho fundamental a la salud de quienes deciden no continuar con un embarazo” aseguró Marta Royo, Directora Ejecutiva de Profamilia.

Baja disponibilidad

En cuanto a la dimensión de Proceso, el promedio del país fue de 20 puntos, una cifra que expone la baja disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva, y de atención del aborto dentro del sistema de salud. Y es que, de los 1.121 municipios analizados, solo 15 obtuvieron puntajes superiores a 25, pero ninguno supero los 50. De hecho, solo Bogotá, Medellín y Manizales alcanzaron un indicador de 23.8 puntos sobre 100.

Por último, y a pesar de que el país cuenta con barreras relacionadas con la Estructura y los Procesos, en la dimensión de Resultado se evidencia que la prestación del servicio ha preservado, en general, el estado de salud atribuible a la atención de un aborto, con un puntaje de 74,8 en promedio en el país.

Así, la consolidación de los resultados de las tres dimensiones concluyó que Colombia obtuvo 34.2 puntos sobre 100 en el Primer índice Municipal de Oferta de Aborto Seguro realizado en el país.

Bucaramanga arriba del top

Top 5 de ciudades capitales con puntajes superiores a 60: Bucaramanga (70 puntos), Ibagué (68,7), Barranquilla (65,7), Tunja (65,1), Popayán (64,9).

Top 5 de cuidades capitales con puntajes inferiores a 50: San Andrés (50,7), Quibdó (48,8), Puerto Carreño (47,2), San José del Guaviare (45,2), Leticia (44,6).

Recomendaciones

Dimensión Estructura

–          Incrementar la asignación de recursos financieros para mejorar las instalaciones de salud y adquirir equipos médicos adecuados para la prestación de servicios de aborto seguro conforme a los protocolos internacionales y nacionales.

–          Capacitar a más profesionales de la salud en la normativa vigente que reconoce el aborto como un servicio esencial de salud, así como sobre los diferentes procedimientos médicos para garantizar su implementación.

–          Construir, equipar y mejorar los centros de salud en áreas rurales y marginadas para garantizar el acceso a la atención del aborto en condiciones de calidad, dignidad y oportunidad.

–          Fortalecer los programas curriculares de las facultades de medicina y enfermería alrededor de la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el aborto.

–          Mejorar las rutas de referencia y contrareferencia en el sistema de salud para el acceso al aborto.

Dimensión Proceso

–          Desincentivar el uso del legrado, promoviendo su sustitución por técnicas más seguras como el AMEU o la D&E así como el uso combinado de Mifepristona y Misoprostol, mediante programas de educación y actualización médica.

–          Aumentar el número de IPS que atienden aborto mediante la certificación y la inversión en infraestructura y personal. Reduciendo el tiempo de espera para la consulta en cumplimiento de la norma y su criterio de servicio esencial de salud.

–          Gestionar otras fuentes de financiamiento que permitan garantizar la atención del aborto para mujeres y personas con capacidad de gestar migrantes o no aseguradas.

–          Fortalecer los programas de Educación Integral para la Sexualidad en colegios para que las personas conozcan qué son los servicios amigables para jóvenes, dónde y cómo acceder.

Dimensión Resultado

–          Establecer sistemas de monitoreo y evaluación para medir la calidad y los resultados de la atención del aborto, así como mejorar y fortalecer los sistemas de información a fin de reducir el problema del subregistro.

–          Fortalecer la formación y sensibilización de profesionales de la salud incorporando en los planes de estudio el derecho al aborto, desde un enfoque de género e interseccional.