En un escenario marcado por el aumento de la violencia, el deterioro del diálogo con el Gobierno y la presión internacional tras la reciente conversación entre Gustavo Petro y Donald Trump, el Eln reactivó su propuesta de un “acuerdo nacional”, planteado como salida a la crisis política, social y armada del país.
El Ejército de Liberación Nacional (Eln) volvió a irrumpir en la agenda pública con la reactivación de su propuesta de un “acuerdo nacional”, una iniciativa que, aunque no es nueva, adquiere un peso distinto en medio del endurecimiento del discurso oficial y de la creciente tensión en la frontera con Venezuela. El pronunciamiento, divulgado el 12 de enero, se presenta como una respuesta a lo que la guerrilla denomina una “crisis estructural” que atraviesa más de siete décadas de conflicto en Colombia.
El comunicado insiste en que el país debe abrir un debate amplio y plural para construir un pacto que redefina las bases del modelo político, económico y social. Según el texto, dicho acuerdo tendría como propósito “consensuar una política de soberanía nacional y popular, erradicar la pobreza, la persecución política, la corrupción y el paramilitarismo”, además de impulsar un nuevo modelo económico orientado a las necesidades de las comunidades.
La propuesta aparece en un momento en el que el Gobierno ha elevado el tono contra el Eln. Tras una llamada entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario colombiano afirmó que ambos coincidieron en la necesidad de sacar a la guerrilla de Colombia y Venezuela, señalándola como un factor central de violencia en la región. Petro aseguró que le expresó a Trump que “la paz de Colombia también puede ser la paz de Venezuela” y que es necesario “quitar el mayor factor de violencia entre Colombia y Venezuela, que hoy por hoy se llama el Ejército de Liberación Nacional”.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, reforzó ese mensaje al afirmar en su cuenta de X que una de las conclusiones de la conversación bilateral fue intensificar las acciones contra el grupo armado, especialmente en la zona limítrofe. “Al Eln hay que darle duro”, escribió, dejando claro el giro discursivo del Ejecutivo.
La propuesta del Eln
El comunicado del Eln no solo retoma los ejes que ya habían sido planteados en el Acuerdo de México de 2023, sino que los amplía y los sitúa en un contexto de mayor confrontación. La guerrilla insiste en que el eventual pacto debe incluir la protección de los ecosistemas, la transición hacia energías limpias y un plan para superar el narcotráfico con participación comunitaria. En esa misma línea, subraya la necesidad de contar con unas Fuerzas Armadas que prioricen la protección de la población civil, respeten la diversidad política y actúen como garantes de la democracia.
El documento sostiene que el acuerdo debe estar legitimado por un proceso de carácter constituyente. “Este Acuerdo Nacional debe construirse con la participación protagónica de la sociedad y se convierta en mandato constitucional, donde los futuros gobiernos venideros, independientemente de la fuerza política que gobierne, lo respete y ejecute”, señala el texto. La guerrilla agrega que un pacto de esta naturaleza “crearía una nueva manera de gobernar al país y estaría legitimado como un Proceso Constituyente Popular”.
La referencia a un proceso constituyente no es menor. Desde hace años, distintos sectores sociales y políticos han planteado la necesidad de revisar el modelo institucional colombiano, pero la idea ha generado resistencias por el temor a que se convierta en un escenario de polarización o de imposición de agendas particulares. En este caso, el Eln busca posicionar la propuesta como un mecanismo para garantizar que cualquier acuerdo tenga continuidad más allá de los ciclos electorales.
La guerrilla también recuerda que, en el marco de la negociación con el Gobierno de Gustavo Petro, se realizaron cerca de 80 encuentros territoriales en los que participaron más de 8.400 ciudadanos. Esos espacios buscaban recoger insumos para definir cómo involucrar a la sociedad en los diálogos, uno de los ejes centrales del Acuerdo de México. Sin embargo, el proceso quedó suspendido hace un año, tras la ofensiva del Eln en el Catatumbo, que dejó un saldo de violencia que tensó la relación con el Ejecutivo.
Un escenario que agrava las tensiones
La reaparición de la propuesta del Eln ocurre en un momento en el que la situación en la frontera colombo-venezolana vuelve a ocupar un lugar central en la agenda bilateral. La presencia de estructuras del Eln en territorio venezolano ha sido un punto de fricción constante, pero la reciente conversación entre Petro y Trump elevó el nivel de presión internacional sobre el grupo armado.
El Gobierno colombiano ha insistido en que la estabilidad de la frontera depende de la reducción de la influencia del Eln en ambos países. La afirmación de Petro de que la guerrilla es “controladora y asesina de campesinos, 200 del Catatumbo colombiano” refleja la gravedad con la que el Ejecutivo interpreta su presencia en la región. Aunque el Eln ha negado algunas de estas acusaciones en el pasado, la situación humanitaria en zonas como el Catatumbo sigue siendo crítica, con desplazamientos, confinamientos y disputas territoriales entre distintos actores armados.
La postura del Gobierno también responde a un contexto interno de recrudecimiento de la violencia. En varias regiones del país, el Eln ha mantenido acciones ofensivas que han afectado a comunidades rurales y a la Fuerza Pública. El Ejecutivo ha señalado que no retomará el proceso de paz mientras la guerrilla continúe con operaciones que pongan en riesgo a la población civil.
En este escenario, la propuesta de un acuerdo nacional puede interpretarse como un intento del Eln por reposicionarse políticamente y recuperar margen de maniobra en un momento en el que enfrenta presiones simultáneas del Gobierno colombiano, de Estados Unidos y de la opinión pública. Sin embargo, la viabilidad de la iniciativa depende de factores que van más allá de la voluntad del grupo armado: requiere un ambiente de confianza, una reducción de la violencia y un compromiso real con la participación social.
