La reforma a la salud del gobierno Petro enfrenta un grave estancamiento legislativo. Las polémicas declaraciones del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo tensaron aún más el ambiente político, dejando el proyecto sin mayorías claras, múltiples alternativas sobre la mesa y un calendario que apremia.
La reforma a la salud propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro atraviesa una de sus etapas más inciertas. Las declaraciones recientes del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, han encendido alarmas en el Congreso y en los sectores políticos que aún debatían la viabilidad de la iniciativa. En medio de un ambiente polarizado, el proyecto parece estancado, sin los votos necesarios para avanzar, y con un calendario legislativo que juega en contra.
El martes pasado, durante una sesión de la Comisión Séptima del Senado, el ministro Jaramillo lanzó una crítica directa contra la senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, una de las ponentes de la propuesta alternativa a la reforma oficialista. “Con todo respeto para ella, es miembro de un partido político. Es la persona que tiene una jefatura de una importantísima mujer de este país que es la doctora Dilian Francisca. Con la doctora Dilian Francisca me senté doce horas, dos días seguidos, y cada vez hemos atendido cada una de sus necesidades”.
La frase, más allá de su tono, fue interpretada como una presión indebida sobre los acuerdos políticos previos y una desautorización de la autonomía legislativa. Hurtado respondió con firmeza, recordando que los consensos alcanzados en 2023 no fueron respetados por el Ejecutivo en el texto final de la reforma. El episodio dejó en evidencia las fracturas internas entre el gobierno y los partidos que alguna vez mostraron disposición al diálogo.
Actualmente, la reforma enfrenta un dilema técnico y político: ninguna de las tres ponencias radicadas —la oficialista, la alternativa y la negativa— cuenta con los votos suficientes para ser aprobada. Esto ha generado una “amplia duda jurídica sobre qué pasaría con el proyecto si ninguna se acoge”. En otras palabras, el proyecto podría entrar en un limbo legislativo, sin posibilidad de avanzar ni de ser archivado formalmente.
La ponencia oficialista, respaldada por el gobierno, propone una transformación estructural del sistema, con énfasis en la atención primaria, la eliminación progresiva de las EPS y la creación de redes territoriales de salud. La alternativa, liderada por senadores como Hurtado, busca mantener elementos del sistema actual, fortaleciendo la supervisión estatal y corrigiendo fallas sin desmontar por completo el modelo. La negativa, por su parte, plantea el archivo definitivo del proyecto.
Las declaraciones del ministro Jaramillo no se limitaron al plano político. En mayo, ante la misma Comisión Séptima, afirmó: “Tenemos en cuidados intensivos a las EPS para que salga la reforma”. La frase fue interpretada como una admisión de que el gobierno estaría ejerciendo presión sobre las Entidades Promotoras de Salud para facilitar la aprobación del proyecto.
El exministro Alejandro Gaviria reaccionó con dureza: “La política por encima de la gente. No importan los muertos con tal de que pase la reforma, sugiere el Ministro de Salud”. Otros líderes gremiales y congresistas calificaron la estrategia como “mezquina” y “maquiavélica”, cuestionando si la crisis del sistema fue provocada deliberadamente para justificar la reforma.
Alternativas sobre la mesa
Ante el estancamiento legislativo, surgen varias alternativas:
- Radicación de un nuevo texto: El gobierno podría retirar el actual proyecto y presentar una nueva versión, incorporando ajustes que permitan construir mayorías. Sin embargo, esto implicaría reiniciar el trámite desde cero, lo que consume tiempo y capital político.
- Acuerdo multipartidista: Algunos sectores proponen convocar una mesa técnica con representantes de todos los partidos, expertos y gremios, para redactar una reforma consensuada. Esta vía, aunque más lenta, podría evitar la polarización y garantizar una implementación sostenible.
- Reforma por decreto o vía administrativa: Aunque limitada constitucionalmente, el Ejecutivo podría intentar implementar cambios parciales mediante decretos, resoluciones o ajustes presupuestales. Esta opción, sin embargo, enfrenta riesgos jurídicos y podría ser demandada ante la Corte Constitucional.
El calendario del Congreso también juega en contra. La actual legislatura finaliza en diciembre, y los tiempos para debatir y votar una reforma de esta magnitud son escasos. Si el proyecto no avanza en las próximas semanas, podría quedar congelado hasta marzo de 2026, cuando se inicia una nueva legislatura.
Además, el ambiente político está marcado por la cercanía de las elecciones regionales y el desgaste del gobierno en otros frentes, como el TLC con Estados Unidos y la política internacional. Esto reduce la disposición de los partidos a asumir costos políticos por apoyar una reforma impopular o mal comunicada.
La reforma a la salud es una de las banderas del presidente Petro. Su aprobación sería vista como una victoria política y una señal de que el Ejecutivo puede transformar estructuras profundas del Estado. Pero su fracaso, especialmente si se da por falta de consensos o errores estratégicos, podría debilitar aún más la gobernabilidad del gobierno.
Para los ciudadanos, el debate no es menor. El sistema actual enfrenta problemas graves: desfinanciamiento, falta de cobertura en zonas rurales, demoras en atención especializada y una creciente deuda con hospitales y clínicas. La reforma busca corregir estos males, pero su diseño y ejecución deben ser técnicamente sólidos y políticamente viables.
A pesar del panorama sombrío, aún hay margen para el diálogo. La Comisión Séptima podría convocar audiencias públicas, revisar las ponencias y buscar una fórmula intermedia. El ministro Jaramillo, si logra moderar su discurso y reconstruir puentes, podría jugar un rol clave en ese proceso.
Como dijo un senador que pidió reserva: “Aquí nadie quiere que se caiga la reforma, pero tampoco vamos a aprobar un texto que no garantiza ni calidad ni sostenibilidad. El gobierno tiene que entender que esto no se trata de imponer, sino de construir”.
La salud de millones de colombianos está en juego. Y como en cualquier diagnóstico complejo, la solución requiere más escucha, menos presión, y sobre todo, una dosis alta de responsabilidad política.
