Un contundente rechazo contra el Juez Trece Civil Municipal de Bucaramanga, Wilson Farfán Joya, hicieron las principales agremiaciones de periodistas, por el fallo de una Acción de Tutela proferido por ese despacho judicial que trajo como consecuencia el arresto del director de Revista Corrillos, Juvenal Bolívar Vega y de una exfuncionaria de este medio de comunicación.
Además, de considerar que la sanción impuesta fue excesiva -10 días de arresto y el pago de una multa- denunciaron que el proceso jurídico estuvo lleno de irregularidades, las mismas que impidieron que el medio de comunicación pudiera ejercer su legítima defensa.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la más importe organización que hace seguimiento a las violaciones contra la libertad de prensa en Colombia y promueve la libertad de expresión y el acceso a la información, hizo público su rechazo a la decisión del despacho judicial que derivó que el periodista y la extrabajadora permanezcan arrestados en contra de la libertad de prensa y el debido proceso.
“Desde el 9 de agosto de 2018, se encuentran detenidos en una estación de policía Juvenal Bolívar y Sofía Ortiz Delgado, cumpliendo una sanción de diez días de arresto que fue impuesta arbitrariamente por el Juzgado Trece Civil Municipal de Bucaramanga (…) La sanción se dictó luego de que Bolívar se negara a dar cumplimiento a una sentencia de tutela que le ordenaba retirar una nota informativa de su página web, luego de un proceso plagado de irregularidades procesales”.
La FLIP enumera varios de los vicios del proceso, como el hecho que el medio nunca fue notificado efectivamente del proceso, por lo que nunca tuvo oportunidad de defenderse; además que el demandante no cumplió con la obligación de solicitar previamente una rectificación al medio”.
“Preocupa especialmente que se ordene una medida tan drástica como el arresto en contra de un particular, en medio de un proceso con tantas arbitrariedades. La orden de arresto de la señora Ortiz es aún más preocupante si se considera que se pretende obligarla a dar cumplimiento a la sentencia, a pesar de que ella ya no trabaja en el medio y de que cuando lo hacía estaba dedicada a funciones meramente administrativas y no editoriales”, denunció la Flip.
Recordó que, “forzar al periodista a retirar de internet la nota sin ofrecerle oportunidad de presentar los testimonios, fuentes y demás documentos que apoyan su reportería no sólo es una vulneración de su libertad de expresión y su debido proceso, sino también una violación al derecho de las audiencias de enterarse de asuntos de su mayor interés”. Y La FLIP puso en advertencia un hecho grave, “la orden funciona como un mensaje disuasorio tanto para el propio periodista (quien cuenta haberse sentido tentado a abandonar su labor) como para sus colegas para que dejen de hacer cuestionamientos sobre la labor de los funcionarios y de informar sobre asuntos de interés público”.
Agremiaciones como la Corporación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Santander (CPS), Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Círculo de Periodistas de Bucaramanga (CPB), también se pronunciaron sobre la delicada situación, que genera una evidente violación a la libertad de prensa.
