Una mayoría de gobernadores del país anunció que acudirá a la Corte Constitucional y evalúa no aplicar los impuestos al consumo incluidos en el decreto de emergencia económica del presidente Gustavo Petro, al considerar que afecta las finanzas regionales y derechos fundamentales como salud y educación.
La declaratoria de emergencia económica firmada por el presidente Gustavo Petro a finales de diciembre abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno nacional y las regiones. Este jueves, gobernadores de distintos departamentos acordaron emprender acciones judiciales y estudiar la inaplicación de algunos impuestos mientras la Corte Constitucional revisa la legalidad de las medidas.
La decisión se tomó en una reunión realizada en Bogotá en el marco de la Federación Nacional de Departamentos, donde los mandatarios coincidieron en que el decreto, especialmente en lo relacionado con el impuesto al consumo de licores y cigarrillos, podría generar un efecto contrario al esperado por el Ejecutivo: menos recaudo y mayores presiones sobre las finanzas territoriales.
Según los gobernadores, el incremento del IVA a las bebidas alcohólicas del 5% al 19% y el aumento del impuesto a los cigarrillos no solo encarecerá estos productos, sino que podría reducir su consumo legal y fortalecer el mercado informal, lo que impactaría de manera directa los recursos destinados a sectores clave como salud, educación y deporte.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, fue una de las voceras del bloque de mandatarios. Explicó que la estrategia acordada incluye la presentación de un documento ante la Corte Constitucional para exponer los efectos negativos del decreto y, de manera paralela, la interposición de acciones de tutela por parte de cada departamento.
“La decisión ha sido unánime. Vamos a acudir a la Corte Constitucional para que escuche a los gobernadores y los efectos negativos, no solo en las finanzas, sino también en derechos fundamentales como la salud y la educación”, señaló Toro tras la reunión.
Mientras se produce un pronunciamiento del alto tribunal, los departamentos analizan no aplicar el decreto en lo relacionado con el impuesto al consumo. La idea, según explicó la mandataria, es suspender su implementación hasta que la Corte determine si las medidas se ajustan o no a la Constitución.
Esta postura se suma a la adoptada por Antioquia. El gobernador Andrés Julián Rendón anunció que su departamento aplicará la figura de la excepción de inconstitucionalidad para no ejecutar las medidas tributarias del decreto mientras no exista un fallo de fondo.
Rendón advirtió que el impacto económico sería especialmente grave para la Fábrica de Licores de Antioquia, una de las principales fuentes de ingresos del departamento. De acuerdo con sus cálculos, la combinación entre los decretos de emergencia económica y el aumento del salario mínimo representaría un costo cercano a 1,5 billones de pesos, con consecuencias directas sobre la inversión en obra pública y programas de vivienda.
Desde el Ejecutivo, la reacción no se hizo esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó duramente la postura de los gobernadores y advirtió que la no aplicación del decreto podría acarrear responsabilidades legales.
Para el ministro, invitar a no acatar una norma con fuerza de ley constituye un mensaje equivocado y una posible usurpación de funciones de la Corte Constitucional, que es la única autoridad competente para definir la constitucionalidad del decreto. Benedetti incluso mencionó la posibilidad de prevaricato y señaló que los mandatarios podrían responder con su patrimonio por los recursos que se dejen de recaudar.
El decreto de emergencia económica se ampara en el artículo 215 de la Constitución, que faculta al presidente para expedir normas con fuerza de ley durante un periodo máximo de 30 días cuando se presentan hechos que perturban o amenazan gravemente el orden económico, social o ecológico del país. Todas estas medidas, sin embargo, deben ser revisadas posteriormente por la Corte Constitucional.
El choque entre el Gobierno y las regiones evidencia una disputa de fondo sobre el modelo de financiación territorial y el alcance de las facultades extraordinarias del Ejecutivo. Mientras el presidente defiende el decreto como una herramienta necesaria para enfrentar urgencias fiscales y sociales, los gobernadores sostienen que las decisiones se tomaron sin suficiente concertación y que trasladan la carga del ajuste a los departamentos.
En las próximas semanas, la Corte Constitucional tendrá la última palabra. Su pronunciamiento no solo definirá el futuro de los impuestos decretados en la emergencia económica, sino también el margen de maniobra del Gobierno y la capacidad de las regiones para resistir medidas que consideran lesivas para su autonomía financiera.
