La Procuraduría General de la Nación advirtió que el porcentaje de avance en la implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia (CNPC) por parte de las alcaldías, a casi dos años de su entrada en vigencia, es menor al 40%, por lo que hizo un llamado a todos los mandatarios locales a cumplir con las obligaciones establecidas en la ley para su puesta en marcha. (Ver informe completo)
El Ministerio Público invitó al país a convertir el código en un espacio para la promoción de la convivencia, y a no usarlo como una norma de coerción o de castigo, sino un instrumento de prevención que permite corregir, antes que sancionar.
La Procuraduría identificó que de los 1.102 municipios del país solo el 38% de los alcaldes reportaron la información relacionada con 11 componentes del código, a través del diligenciamiento de un formulario virtual, disponible en la página Web de la entidad para efectuar el seguimiento a su implementación.
Entre los resultados del análisis hecho por el Ministerio Público, se estableció que los municipios de quinta (entre 10.000 y 20.000 habitantes) y sexta categoría (menos de 10.000 habitantes) alcanzan un avance en la implementación de 32,2% y 35,7%, lo que indica un rezago comparado con los territorios de primera (entre 100.000 y 500.000 habitantes) y segunda categoría (entre 50.000 y 100.000 habitantes) que alcanzan el 60% y 42% respectivamente.
Así mismo, se encontró que Guaviare (25,7%), Córdoba (24,0%), San Andrés (23,5%) La Guajira (17,7%), y Atlántico (7,4%) presentan los porcentajes más bajos en la implementación del Código de Policía, y por el contrario, Caldas (50,1%), Bogotá (42,7%), Quindío (41,5%), Chocó (41,2%), Putumayo (40, 3%) son los territorios que mayor avance tienen.
Sobre los componentes evaluados, la Procuraduría General de la Nación evidenció que no hay claridad en el proceso para el pago de las obligaciones por parte de los infractores e hizo un llamado a determinar procedimientos responsables para optimizar los sistemas de recaudo.
Además, advirtió un déficit presupuestal en la mayoría de los municipios para adecuar los llamados Centros de Traslado por Protección (CTP), lugares destinados para los ciudadanos que puedan poner en riesgo su vida y/o la de terceros; y la falta de una infraestructura específica en las salas de audiencias en sus territorios.
Tras el ejercicio de evaluación adelantado por el Ministerio Público se visualizó que se debe prevalecer la sensibilización a niños, niñas y adolescentes, agotar los principios de necesidad y proporcionalidad frente a las infracciones, buscar la mediación policial antes de imponer sanción, socializar con la comunidad la importancia de la convivencia, priorizar la pedagogía en la exigencia policial y mantener el carácter preventivo que busca disuadir, resarcir y educar para restablecer la convivencia.
