Con una histórica asignación de 11 billones de pesos, la administración de Gustavo Petro prioriza salud, educación y vivienda en Santander. Este ambicioso logró mitigar desigualdades rurales y fortalecer centros urbanos, logrando avances significativos en compromisos presidenciales específicos territoriales regionales.
El departamento de Santander, corazón de la resistencia histórica colombiana desde los levantamientos comuneros de 1781 en Socorro, enfrenta hoy un desafío de modernización sin precedentes. Según un informe de la Consejería Presidencial para las Regiones, esta zona del país, con una proyección de población de 2.398.303 habitantes (4,52% del total nacional), esconde una realidad de fuertes contrastes socioeconómicos.
Mientras el área metropolitana de Bucaramanga y el distrito petrolero de Barrancabermeja dinamizan el Producto Interno Bruto (PIB) departamental —que alcanzó los 109.532 miles de millones de pesos en 2024, equivalente al 6,4% nacional—, las provincias rurales permanecen rezagadas con una agricultura poco tecnificada y graves fallas de conectividad. Ante este panorama, el Gobierno Nacional desplegó una estrategia de inversión pública que suma aproximadamente $11.17 billones de pesos para las vigencias 2023, 2024 y 2025, destinando estos recursos a un total de 8.118 proyectos ejecutados y en desarrollo.
Uno de los pilares de la gestión del presidente Gustavo Petro en la región ha sido el cumplimiento de acuerdos pactados directamente con las comunidades. En el marco de los encuentros territoriales para la escucha y atención de sus desafíos para el desarrollo, fueron ‘pactados’ cuatro compromisos presidenciales de alto impacto, los cuales presentan un avance general del 94.25%.
Entre estos hitos resalta la «Creación de la sede universitaria de la UIS en el municipio de Málaga», un proyecto con una inversión de $30.000 millones que ya ha alcanzado el 100% de ejecución. Este centro educativo no solo beneficia a la provincia de García Rovira, sino que simboliza la descentralización de la educación superior.
Otro compromiso cumplido es la entrega de títulos de propiedad a alcaldes del departamento por un valor de $7.953 millones, facilitando la legalización de bienes de uso público. Asimismo, se registran avances del 97% en infraestructura educativa en Bucaramanga y un 80% adicional en fases complementarias de la sede de la UIS en Málaga.
El documento advierte que, aunque Santander mantiene una «sólida tradición de organización y movilización social», factores como la «desconfianza institucional y la corrupción» actúan como frenos para la efectividad de estas inversiones. La transparencia en la ejecución de los 8.118 proyectos será fundamental, especialmente considerando que 6.913 proyectos se encuentran actualmente en ejecución, mientras que solo 317 han sido terminados al cierre del reporte de noviembre 2025.
La Consejería Presidencial para las Regiones, encargada del seguimiento, clasifica estos proyectos bajo un estricto monitoreo de «Estado Actual», donde el 94,3% de los sectores priorizados presentan un avance alto.
Salud, la mayor apuesta del Gobierno Petro
Al analizar los sectores priorizados, la salud emerge como el destinatario principal de los recursos. Con una asignación de $3.53 billones de pesos, este sector supera ampliamente a educación y vivienda. Los datos del informe revelan proyectos de magnitudes colosales en los centros urbanos más densos:
- Floridablanca: El proyecto de «Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud pública» cuenta con un presupuesto de $531.638 millones.
- Barrancabermeja: El distrito petrolero ejecuta $508.206 millones para el fortalecimiento y vigilancia del aseguramiento en salud.
- Piedecuesta: Se destinan $380.933 millones para garantizar la provisión de servicios y estrategias de aseguramiento.
Estos recursos buscaron subsanar la desconfianza institucional y combatir la corrupción que, según el propio informe, históricamente han limitado la consolidación de «políticas equitativas y sostenibles» en el departamento.
Vivienda y «Barrios de Paz»: Dignificando el hábitat
La política de vivienda bajo el gobierno actual no se limita a la construcción de techos, sino que apuesta por la transformación integral de entornos informales. El programa «Barrios de Paz» es definido como una iniciativa que buscaba «transformar en entornos dignos y sostenibles a través de la legalización urbanística, el mejoramiento de viviendas y la inversión en infraestructura y espacios públicos».
En términos de inversión dura, el Ministerio de Vivienda inyectó $231.88 miles de millones en el área urbana de 24 municipios, beneficiando a 28.872 personas. En el sector rural, aunque la inversión es menor ($2.51 mil millones), el enfoque se ha centrado en 11 municipios críticos. Complementariamente, el programa de mejoramiento de vivienda cuenta con recursos por $29.12 mil millones distribuidos en 15 municipios, mientras que la titulación de predios ha impactado a más de 30.000 beneficiarios en 26 localidades.
Educación y Alimentación Escolar, el soporte de la juventud
La educación santandereana recibe el segundo mayor rubro de inversión pública con $2.01 billones de pesos. Además de la infraestructura física, el Gobierno de Gustavo Petro priorizó el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para evitar la deserción. Se destacan dos grandes proyectos de suministro de complementos alimentarios: uno por $175.727 millones que cubre 82 municipios no certificados, y otro por $108.857 millones con enfoque en Bucaramanga.
Un dato relevante es la inversión en el talento humano. En Floridablanca, se ejecutan $400.208 millones exclusivamente para la «Optimización de los recursos para el pago de la nómina y prestaciones sociales de docentes y administrativos», asegurando la estabilidad laboral del magisterio.
Energía y Turismo, diversificando la economía santandereana
Reconociendo la dependencia excesiva del petróleo en zonas como Barrancabermeja, la inversión pública también estuvo virando hacia sectores alternativos. En Betulia, se adelanta la «Construcción de una infraestructura náutica y turística» por un valor de $189.174 millones, proyecto que pretende convertir el embalse de Topocoro en un eje de desarrollo regional.
En el ámbito energético, el informe detalla proyectos de electrificación rural que son vitales para la equidad territorial. Proyectos como la implementación de redes de media y baja tensión en municipios como Landázuri ($2.79MM), Encino ($6.34MM) y Mogotes ($4.82MM) reflejan el esfuerzo por llevar servicios básicos a la «Santander profunda». Llama la atención la apuesta por energías limpias, como la construcción de sistemas de generación de 5 megavatios en Matanza y Palmar, con inversiones de $20.000 millones cada uno.
Análisis por Vigencias, una curva de inversión planificada
El flujo de recursos ha sido estructurado de manera decreciente pero constante, asegurando la continuidad de las obras iniciadas en el primer tramo del mandato:
- Vigencia 2023: Fue el año de mayor priorización con $5.69 billones de pesos para 3.444 proyectos.
- Vigencia 2024: Se asignaron $3.36 billones destinados a 2.837 proyectos.
- Vigencia 2025: Se han priorizado $2.12 billones para ejecutar 1.837 proyectos finales.
Este esquema financiero se nutre principalmente del Sistema General de Participaciones (SGP), que aporta más de $6.11 billones, seguido por recursos propios de las entidades territoriales ($3.24 billones) y el Sistema General de Regalías ($1.08 billones). El Presupuesto General de la Nación (PGN) aporta de manera directa unos $616.324 millones.
La deuda con la ruralidad. ¿Se está cerrando la brecha?
Pese a las millonarias cifras, la «economía agrícola poco tecnificada» mencionada en el contexto inicial del informe sigue siendo el talón de Aquiles de la región. Proyectos en municipios pequeños como Aguada, donde se inviertieron $1.416 millones en placas huellas, o Cabrera, con $4.255 millones para vías terciarias en la vereda Bocore, son pasos necesarios pero que parecen insuficientes ante la magnitud del rezago histórico.
Sin embargo, el informe muestra una atomización de la inversión que busca llegar a cada rincón. En Guapotá, se destinan $2.986 millones para electrificación rural, y en Suratá, $4.663 millones para el fortalecimiento de la salud y protección social. Esta dispersión del capital público sugiere un intento deliberado por abordar la precariedad de las viviendas existentes y la falta de acceso a servicios básicos en todo el territorio.
Un Santander en el umbral del desarrollo
Las inversiones del gobierno de Gustavo Petro en Santander representan una movilización de capital público sin precedentes en la historia reciente del departamento. Con un enfoque robusto en el sector salud ($3.53 billones) y una firme intención de cerrar las brechas educativas a través de proyectos como la sede de la UIS en Málaga ($30.000 millones), la región nororiental parece estar en una fase de transición estructural.
El éxito de esta ambiciosa hoja de ruta depende de la culminación de los cientos de proyectos que hoy están en fase de ejecución y de la capacidad de las comunidades para vigilar que cada peso se traduzca en una mejora real de la calidad de vida.
