A medida que avanza el proceso penal en contra de Olmedo López y Sneyder Pinilla, se conocen más detalles sobre el entramado de corrupción más grande denunciado en el gobierno de Gustavo Petro.
López y Pinilla, quienes fueron nombrados como directos y subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), denunciaron ante la Fiscalía y la opinión pública que hicieron parte de una empresa criminal que desvió dineros del erario para sobornar congresistas.
Las primeras versiones, estuvieron enfocadas en los $3.000 millones que la exconsejera para la Regiones, Sandra Ortiz le entregó al expresidente del Senado, Iván Name y los $1.000 millones que Sneyder Pinilla llevó en primera persona hasta el apartamento del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Agua.
Según los exfuncionarios, la intención era ‘engrasar’ a los congresistas para que les dieran trámite preferencial y positivo a todas las iniciativas legislativas presentadas por el presidente o algunos de sus ministros.
Durante una diligencia judicial, Olmedo López aseguró a los investigadores de la Fiscalía y Corte Suprema de Justicia, que las órdenes de sobornar a senadores y representantes fueron dadas por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien, además, aparece referenciado en el expediente como ‘tramitador’ de contratos en la entidad, presuntamente, para favorecer a personajes concretos.
Dos de esos personajes, son los representantes Karen Manrique y Julián Peinado, quienes fueron señalados por el exdirector de la UNGRD como beneficiarios de las ‘repartijas’ organizadas desde el ejecutivo para aprobar los proyectos de ley.
Hoy, esos nombres vuelven a estar en el centro de la polémica porque figuran como coordinador y ponentes de proyecto de ley que pretende aprobar el Presupuesto General de la Nación en la próxima vigencia.
Ambos congresistas fueron vinculados formalmente a un proceso por parte de la Corte Suprema de Justicia, teniendo precisamente, como fundamento, las declaraciones rendidas por López y Pinilla.
Finalmente, en medio del rechazo generalizado de la opinión pública por estos encargos, este lunes 12 de agosto, se conoció un video donde Peinado, representante a la Cámara por el Partido Liberal, informa que dimitía de la designación como coordinador ponente del proyecto de ley esgrimiendo razones de índole social.
“Mi decisión se basa en la convicción de que el Presupuesto para 2025 no responde adecuadamente a las necesidades sociales y económicas del país”, se le oye decir al tiempo que manifiesta no estar de acuerdo con las “inversiones forzosas ni con ampliar la planta burocrática del Gobierno. Por el contrario, creo que se debe hacer una gran inversión pública en infraestructura de la mano de los alcaldes y gobernadores, no en un estado ineficiente que no ejecuta el presupuesto”.
