En Bucaramanga, muchas veces parece que hay más taxis que ciudadanos. No solo por la alta oferta de este servicio, sino por una acumulación histórica de malas prácticas que, especialmente en diciembre, ya parecen haberse normalizado como parte de la vida cotidiana.
Por: Luis Carlos Heredia Ordóñez/ El mal servicio, las actitudes déspotas, el recurrente “para allá no voy” y la falta de cultura vial han terminado por convertir al taxi, para una parte significativa de la ciudadanía, en un problema más que en una solución de movilidad.
Sin embargo, reducir esta crisis únicamente a la conducta del conductor sería una simplificación injusta y poco honesta. En muchos casos, los taxistas no son el verdadero origen del problema. El fondo de la situación es un modelo de transporte agotado, rígido y poco competitivo, que opera bajo altos costos, seguros exagerados, impuestos elevados y una estructura empresarial que, en ocasiones, se asemeja más a un feudalismo de la movilidad que a un sistema moderno de servicio.
A esto se suma una realidad urbana innegable: Bucaramanga tiene una infraestructura vial limitada, con pocas vías alternas, cuellos de botella permanentes y una planeación que no ha crecido al ritmo del parque automotor. En este contexto, el taxi termina prestando un servicio presionado, ineficiente y altamente conflictivo, lo que deteriora la relación entre conductor y usuario.
Este escenario explica por qué cada vez más ciudadanos prefieren plataformas digitales de transporte. No se trata únicamente de aplicaciones o tecnología, sino de confianza, trazabilidad, tarifas claras, posibilidad de calificación y un trato más predecible. El taxi dejó de competir en calidad y servicio, y se refugió en un modelo que durante años se percibió como monopolio, ajeno a las dinámicas reales del mercado, del mercadeo y de la innovación.
Las consecuencias de esta desconexión son visibles en la calle. Vehículos en mal estado mecánico, fachadas deterioradas, falta de limpieza, mal parqueo e invasión constante del espacio público. En sectores críticos como centros comerciales (siendo el caso del Cacique uno de los más evidentes) los taxis bloquean carriles, generan trancones y elevan el riesgo de accidentes. Esto no solo afecta la movilidad, sino que deja un lunar permanente en la imagen de la llamada “Ciudad Bonita”, especialmente para turistas y visitantes.
A este desorden operativo se suma un componente mucho más delicado: la seguridad ciudadana. En los primeros días de diciembre se han reportado varios casos relacionados con el uso de sustancias como la burundanga en la ciudad, algunos asociados a servicios de transporte informal o deficientemente regulado. Aunque no se puede ni se debe generalizar, es innegable que la falta de controles, verificación de conductores y trazabilidad del servicio ha hecho que el taxi, injustamente o no, empiece a asociarse con el delito. Esto resulta devastador para un gremio que durante décadas fue símbolo de confianza.
No es menor tampoco el historial de taxis involucrados en accidentes de tránsito, riñas en vía pública y comportamientos agresivos. Estos hechos no pueden seguir analizándose como casos aislados. Son el reflejo de una débil gestión del riesgo vial y psicosocial, de la ausencia de capacitación continua y de un sistema de sanciones poco efectivo.
Al mismo tiempo, muchos conductores trabajan casi a pérdida, con falencias graves en seguridad social y condiciones laborales precarias, lo que alimenta aún más el círculo de informalidad y deterioro del servicio.
El problema del taxi en Bucaramanga no es solo el mal servicio. Es una incultura de movilidad que se ha ido consolidando con los años: irrespeto por el espacio público, desconocimiento del rol del usuario, pérdida de valores básicos de convivencia y abandono de las buenas prácticas que alguna vez caracterizaron al gremio.
Esta situación ha impulsado el crecimiento desordenado del transporte informal en motocicleta y ha reducido drásticamente la competitividad del taxi frente a nuevas alternativas.
Además, la ciudad enfrenta una transición inevitable. Las aplicaciones de transporte, los servicios en moto, la llegada progresiva de vehículos eléctricos y nuevos modelos de movilidad ya son una realidad. Pretender frenarlos mediante prohibiciones o discursos moralistas no solo es inútil, sino contraproducente.
La movilidad no puede seguir entendiéndose como un privilegio de unos pocos actores; es un derecho ciudadano y un componente clave del desarrollo urbano.
La solución no está únicamente en más operativos policiales ni en campañas temporales. Se requiere una revisión estructural del modelo desde el Área Metropolitana de Bucaramanga, las autoridades de transporte, los concejos municipales, los gremios y las empresas afiliadoras.
Es necesario controlar técnicamente los vehículos y taxímetros, dignificar las condiciones laborales, exigir capacitación obligatoria en seguridad vial y convivencia, incorporar tecnología para seguimiento del servicio y abrir el sistema a una competencia leal, moderna y regulada.
El taxi no puede seguir viéndose como un monopolio ni como un feudo de la movilidad. Debe entrar, de una vez por todas, en la lógica del mercado, la calidad y la innovación. De lo contrario, seguirá perdiendo legitimidad, usuarios y relevancia.
La movilidad segura, eficiente y transparente no es un lujo ni una nostalgia del pasado. Es una obligación básica para una ciudad que quiera evolucionar, ser sostenible y dejar de proyectarse, ante sus propios ciudadanos y visitantes, como un territorio que se quedó atrás.
La solución a esta crisis pasa, en primer lugar, por una reforma estructural del modelo de taxi. Es indispensable modernizar el sistema desde la autoridad metropolitana de transporte, eliminando esquemas cuasi monopólicos y permitiendo una competencia regulada y leal con nuevas tecnologías.
Esto implica revisar los sobrecostos en seguros e impuestos, digitalizar completamente el servicio, exigir taxímetros certificados y conectados, y establecer plataformas únicas de trazabilidad que permitan al usuario conocer conductor, vehículo, tarifa y ruta. Un servicio transparente reduce el conflicto, recupera la confianza y dignifica tanto al usuario como al conductor.
En segundo lugar, se requiere una gestión integral del riesgo urbano y social. Esto incluye capacitación obligatoria y periódica en seguridad vial, convivencia y atención al usuario; control técnico real del estado mecánico y sanitario de los vehículos; y un seguimiento permanente a los conductores por parte de las empresas afiliadoras. Las autoridades, los gremios y los conductores deben asumir una corresponsabilidad clara: quien preste un buen servicio debe ser reconocido, y quien incurra en prácticas abusivas o delictivas debe salir del sistema. Solo así el taxi podrá dejar de ser percibido como un problema y volver a ser parte de la solución de la movilidad en Bucaramanga.
Para cerrar, es necesario entender que el problema del taxi en Bucaramanga no se resuelve señalando culpables, sino asumiendo decisiones valientes. Modernizar el modelo, abrirlo a la competencia, fortalecer los controles y dignificar al conductor no es una amenaza, sino la única vía para recuperar la confianza ciudadana.
Si autoridades, gremios y usuarios no actúan ahora, el taxi seguirá perdiendo legitimidad y la ciudad seguirá proyectando atraso. La movilidad es un reflejo de cómo pensamos y gobernamos el territorio: o evolucionamos, o seguimos atrapados en un sistema que ya dio todo lo que tenía que dar.
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*Tecnólogo ambiental, ingeniero ambiental.
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