La Corte Suprema de Justicia decidió no imponer medida de aseguramiento contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, dentro del proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El alto tribunal concluyó que no existen pruebas suficientes ni riesgo de obstrucción que justifiquen su detención preventiva.
La decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado César Reyes, marca un nuevo capítulo en el proceso judicial que enfrenta el ministro del Interior, Armando Benedetti. El alto tribunal resolvió que no se cumplen los requisitos legales ni probatorios para enviarlo a prisión, pese a las imputaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos realizadas en junio de 2021.
El caso se centra en el incremento patrimonial del exsenador y exembajador en Venezuela, cuyo análisis abarca desde el año 2002 hasta 2022, periodo en el que se mantuvo como servidor público. La Corte extendió la revisión hasta septiembre de 2024, debido a la conexión con la compra de un predio en Puerto Colombia por parte de su esposa, Adelina Guerrero, en octubre de 2020.
El auto fechado el 4 de diciembre de 2025 concluyó que “no se cumplen los requisitos sustanciales y probatorios para ordenar una medida cautelar”, según explicó el magistrado Reyes. La Corte consideró que el material probatorio, proveniente de entidades públicas y oficiales, garantiza la conservación de las pruebas y elimina cualquier riesgo de obstrucción a la justicia.
Además, el tribunal señaló que no existe evidencia de que Benedetti haya intentado fugarse o entorpecer la investigación. Por ello, la imposición de una medida restrictiva de la libertad resultaba innecesaria. La defensa del ministro celebró la decisión, argumentando que se respeta el principio de non bis in idem, que impide juzgar dos veces a una persona por la misma conducta.
Procesos paralelos
Aunque esta decisión favorece al ministro, no significa el cierre de todos sus procesos. La magistrada Cristina Lombana mantiene en firme otra investigación contra Benedetti por presunto cohecho y enriquecimiento ilícito. Fue en el marco de ese expediente que se ordenó el allanamiento de su vivienda en Lagos de Caujaral, Barranquilla, lo que generó un fuerte enfrentamiento entre el funcionario y la togada.
Benedetti acusó públicamente a Lombana de persecución y de haber sobrepasado los límites de su cargo durante el operativo. Tras el allanamiento, el ministro aseguró que su familia fue víctima de atropellos y se vio obligado a ofrecer disculpas públicas por los términos en que se refirió a la magistrada.
La decisión de la Corte Suprema ha generado diversas reacciones en el ámbito político y judicial. Para algunos sectores, la resolución refuerza la independencia del alto tribunal y demuestra que las medidas de aseguramiento deben responder a criterios estrictamente legales y probatorios. Otros, en cambio, consideran que el fallo podría interpretarse como un alivio político para el gobierno de Gustavo Petro, del cual Benedetti es una figura clave.
El ministro, por su parte, ha insistido en que las investigaciones en su contra son parte de una campaña de persecución. “Cristina Lombana ha desarrollado una persecución contra mí y contra mi familia”, declaró Benedetti, reiterando que el allanamiento de su casa fue una acción desproporcionada.
Análisis del fallo
La Corte Suprema subrayó que la investigación sobre el patrimonio de Benedetti se sustenta en información oficial y que no hay riesgo de manipulación de pruebas. Este aspecto fue determinante para descartar la medida de aseguramiento. Además, el tribunal recordó que la calidad de servidor público de Benedetti se mantuvo inalterada durante dos décadas, lo que habilita el control patrimonial incluso cinco años después de su desvinculación.
El fallo también refleja la tensión interna en la Sala de Instrucción, pues la magistrada Lombana fue apartada del caso por una recusación presentada por el propio Benedetti. Sin embargo, su proceso paralelo continúa y podría derivar en nuevas decisiones judiciales.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de no enviar a la cárcel a Armando Benedetti representa un alivio temporal para el ministro del Interior, pero no implica el cierre definitivo de sus problemas judiciales. Mientras tanto, el país observa con atención el desarrollo de los procesos en su contra, que ponen a prueba la transparencia institucional y la credibilidad del sistema judicial colombiano.
