El presidente Gustavo Petro afirma que Colombia ha logrado “más de 3.000 toneladas” de cocaína incautada, posicionándose en la primera línea global en la lucha antidrogas, pero un análisis crítico revela distorsiones en los datos oficiales y plantea dudas sobre la eficacia real de la estrategia estatal.
En los últimos meses, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha centrado parte de su narrativa política en la lucha contra el narcotráfico, particularmente en cifras que, según él, ubican a Colombia como el país que más cocaína ha incautado en la historia del mundo. El 14 de enero de 2026, Petro reiteró su posición de liderazgo global en esta materia, afirmando que su administración ha logrado decomisar más de 3.000 toneladas de cocaína desde su llegada al poder en 2022. Esta cifra, enfatiza el mandatario, sería un logro histórico que supera los esfuerzos de gobiernos anteriores y responde a una estrategia eficaz de control y combate al crimen organizado.
Sin embargo, la afirmación presidencial ha generado un debate intenso entre analistas, expertos en seguridad y sectores de la oposición, quienes cuestionan la veracidad y el contexto de estos números. En particular, aseguran que el cómputo oficial incluye incautaciones que no necesariamente son atribuibles directamente a la acción operativa de las autoridades colombianas.
El centro de la polémica radica en cómo se cuentan y presentan esas cifras. Un análisis detallado de la contabilidad oficial revela que gran parte de las incautaciones reportadas como logro de Colombia provienen de operaciones realizadas fuera del territorio nacional, como en aguas internacionales o en puertos extranjeros. En estos casos, las autoridades colombianas participarían, mayoritariamente, en labores de inteligencia y cooperación internacional, pero no en el decomiso físico de la cocaína.
Los datos oficiales indican que las cifras de incautación internacional han crecido de manera exponencial: mientras en 2010 apenas se reportaban cerca de una tonelada, en 2024 estas incautaciones fueron de cerca de 594 toneladas, y en 2025 alcanzaron alrededor de 626 toneladas. Sin embargo, estas cifras incluyen, según críticos, resultados de operaciones coordinadas con otros países donde los decomisos son realizados por autoridades extranjeras y luego registrados por Colombia.
Expertos en seguridad señalan que este tipo de “doble contabilidad” distorsiona el verdadero impacto de las políticas antidrogas. Por ejemplo, hay casos documentados en los que Colombia reportó haber asistido en decomisos mayores que los reconocidos por los países que realizaron realmente las incautaciones, generando inconsistencias en los registros comparativos.
Incautaciones dentro del país versus en el extranjero
Frente a esta narrativa oficial, analistas subrayan que la capacidad de incautación dentro del territorio colombiano ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años. Según datos oficiales, en 2021 se incautaron casi 400 toneladas dentro del país, mientras que en 2024 esa cifra descendió a 294 toneladas. Aunque en 2025 hubo un ligero repunte hasta 359 toneladas, estas cifras contrastan con los números internacionales que dominan los balances oficiales.
Esta diferencia plantea una cuestión clave: si bien las operaciones de inteligencia y cooperación internacional son valiosas y legítimas, ¿deberían sumarse íntegramente a las estadísticas nacionales como si se tratara de resultados propios? Para algunos analistas, hacerlo inflaría artificialmente los logros de la gestión presidencial ante la opinión pública tanto dentro como fuera del país.
Las críticas no solo provienen de sectores de la oposición política, sino también de expertos en defensa y seguridad. Algunos indican que, si bien Colombia ha sido y sigue siendo un actor central en la lucha antidrogas, la dependencia de incautaciones en cooperación —especialmente en territorios fuera de su jurisdicción— puede ser sintomática de una pérdida de control sobre las rutas y la producción local.
Además, advierten que la producción potencial de cocaína en Colombia ha aumentado en los últimos años, y las incautaciones, aunque elevadas en términos absolutos, representan una porción menor del total estimado de droga que podría estar siendo producida. Esto sugiere un desafío persistente para las políticas públicas, que no se resuelve únicamente con grandes cifras de incautación.
No obstante, el gobierno y sus defensores sostienen que los resultados representan un esfuerzo coordinado con socios internacionales y que estos esfuerzos han tenido resultados positivos no solo en números, sino en debilitamiento de redes criminales y reducción de disponibilidad de cocaína en mercados globales. Además, se argumenta que la inteligencia colombiana ha jugado un papel crucial para interceptar envíos antes de que lleguen a puertos o territorios de terceros países.
Comparativamente, otros países productores han visto incrementos en la producción de sustancias ilícitas, lo que complica aún más la lucha antidrogas a nivel regional. En este contexto, la cooperación multinacional —aunque difícil de cuantificar en términos de cifras propias— sigue siendo un componente esencial de la estrategia global.
