Una familia colombiana acusó al futbolista del PSG Lucas Hernández y su esposa, Victoria Triay, de trata de personas y explotación laboral tras trabajar sin contrato formal bajo promesas de regularización migratoria en Francia. Denuncian largas jornadas, bajos salarios y documentos falsos que jamás se materializaron.
Una familia de Bogotá interpuso el 14 de enero de 2026 una denuncia ante la Fiscalía de Versalles (Francia) contra el defensa del Paris Saint-Germain (PSG), Lucas Hernández, y su pareja, Victoria Triay, por presuntos delitos de trata de personas y trabajo no declarado.
Beatriz (seudónimo), una mujer colombiana de 27 años, relató que conoció a Triay cuando trabajó como su enfermera en Colombia y que, tras varias conversaciones, recibió una oferta para trabajar en Francia como niñera en la casa de la pareja. Debido a su situación migratoria irregular en ese momento, aceptó y trajo a toda su familia bajo la promesa de que les ayudarían a obtener los documentos de residencia legal.
Según Beatriz, esa promesa inicial nunca se cumplió: “Traje a toda mi familia a Francia porque nos prometieron que nos ayudarían a sacar los papeles si trabajábamos para ellos. No fue así”, declaró en una entrevista telefónica con el diario El País, de España.
La familia —compuesta por la madre, el padre y dos hermanos de Beatriz— trabajó entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025 para la pareja. Sus labores incluían el cuidado de menores, limpieza, seguridad y recados, pero carecían de contratos formales, permiso de residencia y acceso a seguridad social.
Los denunciantes detallan que sus jornadas solían ser excesivas, algunos días cercanas a las 24 horas, y que no tenían días de descanso. Beatriz destacó: “Todo ese tiempo nos pagaron sin haber firmado nunca un contrato. No teníamos acceso a la sanidad pública y por eso ni enfermarnos podíamos”.
La familia también asegura que les fueron entregados documentos españoles de identidad falsos, supuestamente para aparentar un estatus migratorio regular mientras realizaban sus labores. Según Beatriz, un año después de empezar a trabajar, la pareja les hizo firmar un acuerdo de confidencialidad, pero sin ningún otro beneficio legal ni laboral.
El conflicto escaló en fines de 2025, cuando —según la versión de Beatriz— las tensiones en el hogar aumentaron. Relató que Triay cuestionaba continuamente su trabajo y que, tras una discusión con el personal de cocina, la despidieron abruptamente: “El último día me dijo: ‘Cuando me pregunten por ti, voy a decir la clase de persona que eres y te voy a cerrar todas las puertas para que tengas que regresar a Colombia’”, afirmó.
Tras el despido de Beatriz, también se separó al resto de la familia de sus labores en la residencia. Fue entonces cuando decidieron buscar asesoría legal y presentar la denuncia formal ante las autoridades francesas.
La denuncia judicial y la figura de “esclavitud moderna”
La abogada de la familia, Lola Dubois, describió la situación ante medios franceses como comparable a una forma de “esclavitud moderna”, debido a la falta de contratos, jornadas maratonianas y la aparente explotación de la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes.
La denuncia presentada menciona que los pagos se efectuaban en efectivo, que no existían nóminas formales y que la familia no tenía acceso a derechos básicos como días libres, vacaciones o cobertura médica.
Aunque la Fiscalía de Versalles ha confirmado que la investigación está en curso, hasta el momento no existe una decisión judicial definitiva sobre la culpabilidad de Hernández y Triay.
Frente a las graves acusaciones, Lucas Hernández y Victoria Triay emitieron un comunicado en sus redes en el que niegan las imputaciones y aseguran que fueron “manipulados por narrativas cargadas de emoción y falsas promesas”. Según ellos, su intención nunca fue explotar ni violar la ley.
La pareja sostiene que “actuamos como seres humanos y aprendimos, dolorosamente, que la compasión puede ser explotada” y que aceptaron a la familia creyendo que estaban ayudando a amigos que buscaban regularizar su estatus migratorio.
Además, Hernández y Triay afirmaron que los trabajadores se presentaron como personas con las que compartían una relación de amistad y que “compartieron nuestras vidas con respeto y dignidad” mientras estuvieron bajo su techo.
