El vicepresidente técnico de Asofondos, Jorge LLano, advirtió del alto costo fiscal que traería para el Estado la aprobación de un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), considerado como un ‘mico’, que introduciría cambio en el trámite de las pensiones.
Según el mencionado artículo, se permitiría que las mujeres mayores de 50 años y los hombres de 52, que hayan cotizado 750 semanas o más, se trasladen a Colpensiones o un fondo privado en un lapso de cuatro meses después de aprobado el PND.
Según dijo Llano, al generarse un costo mayor para el Gobierno este se tendría que financiar a través de nuevos impuestos que resultarán pagando todos los colombianos.
El directivo explicó que «si hay más personas que entran a recibir subsidios en el régimen público esto va a implicar un costo más alto que vamos a pagar todos con más impuestos. Este es un costo que está focalizado a personas que, perfectamente con su ahorro, podrían financiar su pensión y no necesitan subsidio ni deberían recibirlos como pasa actualmente».
En este sentido, advirtió que abrir esa puerta no es la mejor opción por lo que consideró que es un «mico» que se coló en el Plan de Desarrollo.
«Este artículo parece ir contravía de todos los objetivos que tenía el Gobierno en materia fiscal y de equidad, por eso se puede catalogar como un mico en el Plan de Desarrollo», señaló.
Llano insistió que «eso puede generar múltiples efectos, puede darse una bomba fiscal porque claramente empezaría a ejercer más presión al gasto público ya que el ahorro se podría reducir».
Para el vicepresidente de Asofondos, «este debate debe ser muy grande y muy profundo pero el tiempo del Plan de Desarrollo es limitado y no creo que pueda tener un análisis a profundidad».
«Por ahora estamos analizando el artículo. Aún no tenemos las cifras definitivas de cuanto puede costar esto para el fisco, hay que tener claro que el traslado implica que Colpensiones tiene que empezar a reconocer intereses que hoy no reconoce y ahí es donde se va a generar la presión a las finanzas públicas», añadió.
El representante del sector de los fondos de pensiones agregó que «hay una bomba pensional más no una fiscal, porque no se está pensionando mucha gente en el país y esta es una bomba social que toca trabajar y toca fortalecer además de los otros problemas que hay en el sistema como la inequidad tan alta».
Por su parte Enrique Guarín, abogado administrativo calificó como justo el artículo incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. Señaló que «decir que hay una bomba pensional es alarmista».
Recalcó que la propuesta del gobierno es «justa» ya que le permite a las personas regresar al fondo pensional que les sirve a ellas y no ha las empresas».
Explicó que «el problema no es quién tiene la plata sino cómo se maneja esa plata». Y advirtió que a las personas nunca se les hizo un cálculo real de lo que iba a pasar con su futuro pensional, por eso cuando llegan a la edad de jubilación «se dan cuenta de que esas promesas eran falsas y que cuando más necesitan se van a encontrar con este problema».
Para Guarín, hubo engaño por falta de información y por esto, «el 80% de las demandas están siendo falladas favorables para volver a Colpensiones».
Para el abogado, otro problema es la falta de educación pensional: «Las personas jóvenes nunca ahorran para el futuro y nunca se van a pensionar, porque hay desconfianza en el sistema».
