El reclutamiento de exmilitares colombianos para conflictos internacionales crece de forma sostenida, impulsado por la expansión de guerras y redes digitales. Un informe reciente advierte sobre más de 10.000 casos en una década, entre promesas salariales, engaños contractuales y débiles controles estatales.
El fenómeno del reclutamiento de colombianos para participar en conflictos armados en el extranjero ha dejado de ser episódico para convertirse en una tendencia estructural, alimentada por la creciente demanda de combatientes en escenarios internacionales. Un diagnóstico preliminar del grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas advierte que más de 10.000 ciudadanos han sido vinculados a este tipo de actividades en los últimos once años, en su mayoría exintegrantes de las fuerzas armadas y de la Policía.
La alerta surge en un contexto global marcado por la multiplicación y prolongación de conflictos armados. Desde la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia, hasta crisis persistentes como la de Sudán o las tensiones en Oriente Próximo, la demanda de personal con entrenamiento militar ha crecido de forma significativa. En ese escenario, los colombianos se han convertido en un perfil altamente valorado.
“La proliferación de conflictos en el mundo ha aumentado la demanda y, por ende, la oferta. Hay una demanda muy diversificada, que los colombianos están llenando”, señaló la experta Joana de Deus Pereira durante una rueda de prensa en Bogotá, tras una visita oficial de la delegación internacional al país.
El informe identifica un patrón claro: la mayoría de los reclutados proviene de contextos socioeconómicos vulnerables y encuentra en estas ofertas una oportunidad de ingresos difícil de igualar en el mercado laboral colombiano. Los salarios ofrecidos, que oscilan entre los 2.000 y 6.000 dólares mensuales, superan ampliamente las pensiones o ingresos de retiro de muchos exuniformados.
La presidenta del grupo de expertos, Michelle Small, explicó que este fenómeno tiene raíces en procesos internos del país. “Tras las desmovilizaciones de las FARC y de estructuras paramilitares, Colombia quedó con un número considerable de personas entrenadas para el combate que debieron reintegrarse a la vida civil en condiciones económicas limitadas”, afirmó.
Esta combinación de experiencia militar y precariedad económica ha convertido a miles de colombianos en candidatos ideales para empresas de seguridad privada, ejércitos extranjeros y, en algunos casos, organizaciones irregulares.
Redes sociales como canal de captación
Uno de los aspectos más preocupantes del fenómeno es el papel de las plataformas digitales en los procesos de reclutamiento. Según el informe, aplicaciones como Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram y TikTok se han consolidado como los principales canales de contacto entre reclutadores y potenciales combatientes.
La facilidad de acceso y la dificultad de rastreo convierten a estas herramientas en espacios propicios para ofertas engañosas. En muchos casos, los propios exmilitares crean grupos o comunidades digitales en los que recomiendan oportunidades laborales en zonas de conflicto, generando redes informales de reclutamiento.
“El uso de redes sociales complejiza la supervisión estatal y facilita prácticas abusivas”, advierte la delegación. Estas dinámicas no solo amplían el alcance del fenómeno, sino que también reducen la capacidad de las autoridades para intervenir.
Aunque los salarios ofrecidos resultan atractivos, la ONU advierte sobre el crecimiento de prácticas de reclutamiento predatorio. Algunos contratos no cumplen las condiciones prometidas, mientras que otros esconden funciones distintas a las anunciadas o incluso inexistentes.
“Este tipo de reclutamiento puede constituir explotación laboral y trata de personas”, afirmó Small. Casos documentados incluyen colombianos enviados a zonas de guerra bajo falsas promesas de seguridad, o contratados para tareas distintas a las acordadas, como entrenamiento de combatientes en contextos ilegales.
El antecedente más visible fue el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en el que participaron exmilitares colombianos. También se han reportado denuncias de connacionales involucrados en conflictos en África o en actividades vinculadas a organizaciones criminales en México.
El informe también señala debilidades en la capacidad del Estado colombiano para supervisar y regular este fenómeno. Entre los principales problemas identificados se encuentran la limitada disponibilidad de recursos, la falta de presencia institucional en zonas rurales y una supervisión insuficiente sobre el sector de seguridad privada.
Actualmente, el país cuenta con cerca de 1.300 empresas de seguridad privada y más de 400.000 empleados en este sector. Sin embargo, la cifra no incluye a compañías informales o ilegales, lo que amplía el margen de opacidad.
A esto se suma la existencia de más de 60.000 armas sin licencia en circulación y el crecimiento de tecnologías bélicas como drones, cuya expansión supera la capacidad de control estatal.
En respuesta a esta problemática, el Gobierno colombiano promulgó recientemente una ley que ratifica el convenio internacional contra el uso de mercenarios, con el objetivo de prohibir y sancionar su reclutamiento y financiación. La medida busca alinearse con estándares internacionales, aunque su efectividad dependerá de la implementación y del fortalecimiento institucional.
El impacto en las familias
Más allá de las cifras, el fenómeno tiene un profundo impacto humano. Según la ONU, al menos 600 familias colombianas buscan información sobre parientes que viajaron a zonas de conflicto y de quienes no se tiene noticia clara.
Las denuncias incluyen casos de muerte, desaparición y secuestro. En muchos escenarios, la falta de relaciones diplomáticas fluidas o de mecanismos de cooperación dificulta la obtención de información y la repatriación de cuerpos.
Para las familias, la incertidumbre se convierte en una carga permanente. La imposibilidad de recuperar los restos de sus seres queridos o de confirmar su situación agrava el duelo y evidencia la dimensión transnacional del problema.
El reclutamiento de colombianos para conflictos internacionales no puede entenderse únicamente como un fenómeno externo. Su origen está ligado a dinámicas internas como el conflicto armado, los procesos de desmovilización y las dificultades de reintegración económica.
Al mismo tiempo, su expansión responde a una lógica global en la que la guerra se convierte en un mercado laboral, donde la experiencia militar es un recurso demandado.
El informe de la ONU, que será presentado de manera completa ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre, plantea la necesidad de una respuesta coordinada entre países. La regulación del reclutamiento, el control de empresas de seguridad y la protección de los derechos de los combatientes son algunos de los desafíos clave.
