El debate sobre si se debe o no iniciar los primeros pilotos de fracking en el país abrió un nuevo episodio ayer, cuando el Consejo de Estado le solicitó a la Universidad Nacional conformar una comisión interdisciplinaria y elaborar un estudio alrededor de los riesgos, implicaciones, la técnica y los procedimientos, para llevar a cabo labores de exploración y explotación de hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales (YNC).
La petición se dio en medio de la audiencia inicial en la demanda contra el marco regulatorio para el fracking en Colombia, el decreto 3004 de 2013 y la resolución 90341 de 2014, el cual se encuentra suspendido por orden de este alto tribunal desde noviembre de 2018.
Por decisión del magistrado ponente, Ramiro Pazos, se definió que la Universidad Nacional deberá conformar en 15 días el grupo de técnicos y expertos para que en un lapso no mayor a tres meses se entreguen los resultados del informe. En este, se espera que se resuelvan preguntas sobre el impacto del fracking sobre el medioambiente y la salud de las personas, así como la previsibilidad de estos impactos, y si pueden ser mitigados o reversibles.
El estudio, igualmente, también deberá resolver inquietudes del tribunal con relación a la posibilidad de calcular los beneficios económicos que dejaría esta técnica, y si un eventual aumento de crudo subiría los compromisos internacionales que tiene el país en materia ambiental.
Las determinaciones del Consejo de Estado se dan meses después de que la comisión de expertos, conformada por 13 especialistas de diferentes disciplinas, emitiera sus respectivas recomendaciones. Aunque el Ministerio de Minas aseguró que se acogería a estos consejos para trazar la ruta de los primeros Proyectos Pilotos de Investigación (PPI), por ahora esta decisión se vería suspendida y se alargaría un par de meses más mientras se conoce la decisión final del alto tribunal.
“Técnicamente estos proyectos pilotos son viables, y si no los realizamos no podemos tener un concepto claro de la cantidad de hidrocarburos que podemos tener, ni de la manera técnica y confiable en que podemos realizar los mismos, y estos están sustentados con la investigación”, comentó Alfonso Navarro, director de Acipet.
El Ministerio de Minas y Energía y la comisión de expertos aseguraron que la implementación del fracking tendría una importante incidencia fiscal. De acuerdo con las estimaciones de los gremios, esta tecnología le daría al país ingresos por US$36.000 millones en los próximos 25 años.
Esto le permitiría a la economía recibir mayores ingresos que podrían ser destinados a rubros de inversión como la salud, la educación y la infraestructura. Se cree que, en el primer año de implementación, un solo proyecto dejará $1,5 billones anuales a la Nación.
