En su posesión como presidente, Iván Duque Márquez anunció que promoverá un proyecto de reforma constitucional para que el secuestro y el narcotráfico no puedan ser conexos al delito político.
«Ha llegado el momento de evitar que los grupos armados ilegales que secuestran y trafican drogas pretendan ganar beneficios mimetizando sus delitos con causas ideológicas. Sencillamente debemos dejar claro que en adelante en nuestra Constitución el narcotráfico y el secuestro no son delitos conexos al delito político ni mecanismos legítimos para financiar y promover ninguna causa”, sostuvo el pasado 7 de agosto, en su discurso.
Aunque se desconoce quién promueve la iniciativa, este viernes el senador Álvaro Uribe Vélez anunció que promoverá un proyecto con castigos contundentes contra quienes son responsables de secuestro y ataques a los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Al parecer, el tema ya estaba concertado entre Duque y Uribe.
“Presentaremos proyecto para agravar penas y eliminar beneficios para quienes asesinen, secuestren o lesionen a integrantes de las Fuerzas Armadas”, adelantó Uribe. La entrega formal del proyecto será el próximo martes.
La intención, de acuerdo a lo que ha trascendido, es promover una reforma penal que también lleve a derrotar a los grupos armados –que también se financian con narcotráfico– y que tienen amenazadas varias zonas del país.
Tal y como lo adelantó el presidente Duque, el objetivo ahora es acabar con “disidencias, combos, clanes y oficinas” que han afectado a la población civil con sus intimidaciones y con sus ataques armados a la Policía y las Fuerzas Miliares.
Y así suene insólito, en la discusión de esta norma planteada por Uribe también estarán los miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común que antiguamente eran parte de la guerrilla de las Farc, responsables de ataques y secuestros a miembros de las FF.AA.
