Los senadores y representantes podrían decidir el destino de 20% del Presupuesto General de la Nación, de acuerdo a lo aprobado este lunes por la plenaria de la Cámara de Representantes, que con un acto legislativo reformaría el artículo 351 de la Constitución Nacional.
Esta iniciativa, que por una reforma constitucional fue aprobada en su sexta de ocho votaciones, y quedó tan sólo a que sea discutida en el Senado de la República en sus últimas votaciones, deberá ser antes del 16 de junio cuando terminan las sesiones ordinarias.
Aunque el proyecto tuvo una aprobación de 117 votos contra 11, el Centro Democrático fue la voz crítica a que la iniciativa pasara a su discusión final al Senado de la República. En tal sentido, el representante a la Cámara Gabriel Santos señaló que “esto normaliza lo que está mal, en vez de tener la llamada mermelada por borbotones que veíamos salir de Palacio de Nariño en el gobierno pasado, ahora la podremos ver salir en tarros pequeños, transparentes y con el sello del Invima, ya que se consagraría en nuestra Constitución”.
El ponente del cambio constitucional fue el representante del Polo Democrático Germán Navas Talero, quien sostuvo que “no he tenido nunca un interés personal, yo no soy amigo de los ministros, pero entiendo la situación en las regiones donde para conseguir cualquier cosita, los congresistas tienen que arrodillársele a un ministro”.
«Se debe archivar»: Gobierno
El ministerio de Hacienda envió una carta al Congreso de la República solicitando archivar el proyecto que cursa en el Legislativo para darle el control de 20% del Presupuesto General de la Nación de inversión mediante traslados entre partidas, aumento o disminución de las mismas, inclusión de nuevas.
“Establecer que el Congreso podrá aumentar o incluir nuevas partidas sin que se requiera la aceptación del ministro del ramo quiebra el modelo constitucional de poderes previsto en el año 1991, habida cuenta que un aumento de las partidas o inclusión de una nueva puede dar lugar al incumplimiento de los programas del Gobierno”, asegura la carta que está firmada por el viceministro general de la cartera económica, Juan Alberto Londoño.
Además, en el texto se asegura que esto podría hasta quebrar la sostenibilidad fiscal de las finanzas públicas, lo que es una exigencia constitucional primaria.
“Las modificaciones que se requieran surtir (…) deben contar con un registro previo de los programas o proyectos respectivos y que los mismos estén contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo”, indica la carta.
Tan solo queda ser discutida esta iniciativa en el Senado de la República en sus últimas votaciones. Esto deberá ser antes del 16 de junio cuando terminan las sesiones ordinarias.
