En 2026, el campo colombiano enfrenta la elección entre producir alimentos para todos o priorizar monocultivos de exportación.
Por: Alexander Martínez Castrillón/ Hablar del campo colombiano en 2026 es hablar de una disputa estructural que define mucho más que el uso de la tierra. Se trata de quién controla la producción de alimentos, cómo se distribuye la riqueza rural y qué tan preparado está el país para enfrentar crisis económicas, climáticas o geopolíticas. No es un debate técnico ni ideológico: es una cuestión de poder con impactos directos en la vida cotidiana de millones de personas y en la estabilidad del Estado. Dos modelos productivos chocan de manera creciente. Por un lado, la agricultura campesina, familiar y comunitaria, caracterizada por la diversidad de cultivos, el arraigo territorial y su orientación al abastecimiento interno. Por otro, la agroindustria de gran escala, basada en monocultivos, alta concentración de tierra y una lógica de mercado enfocada principalmente en la exportación. Ambos conviven, pero no en igualdad de condiciones, lo que genera desigualdades estructurales que afectan la seguridad alimentaria y el bienestar rural.
El peso del sector agropecuario en la economía nacional confirma que lo que ocurre en el campo no es marginal. Según la OCDE, el sector agropecuario representa cerca del 8,7 % del Producto Interno Bruto (PIB) y genera aproximadamente el 14 % del empleo nacional, siendo una de las principales fuentes de trabajo en zonas rurales. Además, los productos agropecuarios aportan alrededor del 20 % de las exportaciones totales de alimentos del país. Estas cifras muestran que la estructura productiva rural no solo es económica, sino estratégica para Colombia. El reconocimiento constitucional de la alimentación como derecho humano marcó un punto de inflexión. Su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 convirtió la seguridad y la soberanía alimentaria en prioridades del Estado. Esto significa que no basta con producir más; se debe garantizar que todas las personas tengan acceso estable a alimentos suficientes, nutritivos y culturalmente adecuados.
El Gobierno ha respaldado esta apuesta con anuncios concretos durante 2025 y 2026: apoyos directos a pequeños productores, programas de compras públicas locales, líneas de crédito diferenciales y recursos del Sistema General de Regalías destinados a innovación agroalimentaria. La agroecología ha sido presentada como una alternativa capaz de combinar sostenibilidad ambiental, generación de empleo rural y fortalecimiento de la seguridad alimentaria. En varias regiones, como Cundinamarca y Tolima, proyectos piloto de agroecología han permitido incrementar la producción de alimentos básicos mientras se reducen impactos ambientales. Las cifras macroeconómicas refuerzan la importancia del campo. De acuerdo con datos oficiales, el PIB agropecuario creció alrededor del 3,8 % en 2025, consolidándose como uno de los sectores con mejor desempeño económico. Además, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales superaron los 12.700 millones de dólares, con un crecimiento cercano al 36 % frente al año anterior. Sin embargo, estos resultados no reflejan la distribución de oportunidades ni la equidad en los territorios.
El crecimiento del sector no se distribuye de manera justa. La expansión de monocultivos —palma, caña, forestales— concentra la tierra y los beneficios económicos en pocas manos. Según datos del IGAC y del DANE, gran parte de la tierra productiva sigue en manos de grandes propietarios, mientras millones de campesinos trabajan parcelas pequeñas o carecen de acceso formal a la tierra. Esta concentración limita el desarrollo de economías locales y perpetúa la desigualdad rural. El modelo agroindustrial tiene costos ambientales y sociales evidentes. La degradación de suelos, el uso intensivo de agroquímicos y la presión sobre fuentes hídricas comprometen la sostenibilidad a largo plazo. En regiones como el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar, la expansión de monocultivos ha reducido la diversidad productiva y ha desplazado economías campesinas que antes garantizaban alimentos para mercados locales. Esto no solo afecta la biodiversidad, sino también la resiliencia del sistema alimentario frente a crisis climáticas o sanitarias.
Paralelamente, los pequeños productores enfrentan barreras persistentes. Aunque existen líneas especiales de crédito, los requisitos financieros y la burocracia excluyen a gran parte del campesinado. En los mercados, la intermediación sigue absorbiendo una proporción significativa del valor generado, dejando ingresos bajos e inestables para los productores que abastecen a la mayoría de los hogares colombianos. Esta contradicción es especialmente grave si se considera que, según cifras del Ministerio de Agricultura y la FAO, la agricultura campesina, familiar y comunitaria produce cerca del 70 % de los alimentos que se consumen en Colombia. Es decir, el modelo que garantiza la comida diaria del país es el que recibe menos apoyo estructural y enfrenta mayores obstáculos para crecer y modernizarse de manera sostenible.
La inseguridad alimentaria confirma esta paradoja. Datos recientes del DANE y de organismos internacionales indican que más del 25 % de los hogares colombianos experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave, con una incidencia mucho mayor en zonas rurales. Esto ocurre pese al crecimiento del sector agroexportador, evidenciando que exportar más no garantiza una alimentación adecuada para todos. Las políticas de protección a la producción alimentaria, como la creación de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, han generado tensiones. Mientras el Gobierno argumenta que estas medidas buscan preservar suelos fértiles y garantizar el abastecimiento interno, algunos gremios agroindustriales las consideran una amenaza a la inversión. Este choque refleja el núcleo del debate: decidir si el campo se organiza en función del mercado global o de las necesidades del país.
La soberanía alimentaria no implica rechazar la tecnología ni el desarrollo. Busca que la innovación esté al servicio del bienestar colectivo y no exclusivamente de la rentabilidad. Defiende el derecho de los pueblos a decidir qué producir, cómo producir y para quién, priorizando la alimentación de la población y la sostenibilidad territorial. Las experiencias de sistemas campesinos diversificados muestran que es posible producir de manera rentable y ecológicamente responsable, fortaleciendo además la economía local. Las crisis recientes han demostrado la fragilidad de los sistemas alimentarios dependientes del comercio internacional. Pandemias, conflictos armados y fenómenos climáticos extremos alteran cadenas de suministro y disparan precios. En esos contextos, la producción campesina, diversa y localizada, ha sido clave para sostener el abastecimiento interno, reduciendo la vulnerabilidad del país ante shocks externos. Más allá de alimentar, el campesinado cumple un papel social fundamental. Genera empleo, sostiene economías locales y contribuye a la cohesión social. Su debilitamiento no solo pone en riesgo la seguridad alimentaria, sino también la paz territorial. Sin justicia rural, la desigualdad y el conflicto encuentran terreno fértil. Proteger la agricultura familiar es, por tanto, un componente estratégico de la estabilidad nacional.
El debate que enfrenta Colombia en 2026 no es entre atraso y modernidad, sino entre concentración y equidad. Entre un modelo que acumula tierra, ingresos y poder, y otro que busca distribuir oportunidades, proteger el ambiente y garantizar alimentos. Las decisiones que se tomen hoy definirán la estructura rural del país durante décadas y, con ello, la capacidad del país para enfrentar crisis económicas y climáticas. Para avanzar hacia una soberanía alimentaria real, no bastan los discursos. Los recursos deben llegar sin intermediarios, con transparencia y control social. Se requieren precios justos, acceso efectivo a mercados y políticas coherentes que prioricen la producción de alimentos sobre la especulación. Defender la soberanía alimentaria es defender la vida, la dignidad rural y la estabilidad nacional. El futuro del campo colombiano, y del país, está en juego.
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*Profesional en calidad y agroindustria, líder social, docente, emprendedor y defensor campesino.
Instagram: @alexandermartinezcastrillon
Facebook: Alexander Martínez Castrillon
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
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Fuentes
- OCDE – Agricultural Policy Monitoring and Evaluation: Colombia
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
- FAO – Informes sobre agricultura familiar y seguridad alimentaria
- Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
- Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026
- Sistema General de Regalías – informes sector agroalimentario
- Informes oficiales sobre PIB agropecuario y exportaciones 2024-2025
