La Superintendencia Nacional de Salud inició una investigación con fines sancionatorios contra la EPS Salud Total, luego de encontrar al menos 11 presuntos incumplimientos a las normas del Sistema de Salud, los cuales van desde no garantizar la entrega oportuna de medicamentos a sus afiliados, atención inadecuada a adultos mayores y mujeres en embarazo, reporte de información inconsistente y pagos inexactos de facturación hasta uso indebido de los recursos de la salud por préstamos y anticipos a su proveedor de medicamentos.
La serie de presuntas deficiencias por parte de la EPS fueron detectadas por un equipo auditor de la Supersalud durante una visita hecha entre el 9 y el 12 de abril de este año a las instalaciones del punto de atención de Salud Total en Bucaramanga.
Durante esos 4 días, los auditores verificaron las condiciones en que se brindaba la atención al usuario y la dispensación de medicamentos, y a su vez efectuaron una revisión a los documentos, soportes y contratos que daban cuentan de la relación financiera entre la EPS y su gestor de medicamentos en esa ciudad, Audifarma.
En lo relacionado con la atención a los pacientes, los auditores advirtieron fallas en la asignación de turnos en la Oficina de Atención al usuario, largas filas hechas por usuarios que se extendían fuera de las instalaciones, encontrando presuntamente que no hay un trato preferente a personas de especial protección como mujeres en embarazo, niños, adultos mayores y personas en condición de discapacidad, quienes debían esperar mucho tiempo para ser atendidos.
Frente a la entrega de medicamentos, en el informe de auditoría se estableció que, con corte a marzo 2024, había un total de 15.397 medicamentos que después de 90 días no habían sido entregados a los pacientes, superando la fecha oportuna de suministro.
“La no entrega de tratamientos farmacológicos o la entrega con faltantes afecta directamente la gestión del riesgo en salud que es una función de la EPS y provoca que injustamente el afiliado tenga que asumir el costo del medicamento no entregado, lo obliga a tener que hacer trámites que no le corresponden y, lo peor, aumenta la carga de la enfermedad y de los gastos en salud en los pacientes”, dijo el Superintendente Nacional de salud, Luis Carlos Leal Angarita.
Inconsistencias, préstamos y anticipos
La investigación de la Supersalud a Salud Total busca determinar si la EPS vulneró las normas del Sistema de Salud, al evidenciarse presuntas irregularidades en la relación financiera y contractual de la EPS con Audifarma, su proveedor de medicamentos en la ciudad de Bucaramanga.
Se señala, por ejemplo, que “con los soportes suministrados por la entidad vigilada durante el desarrollo de la auditoría, se evidencia que la EPS Salud Total usó los recursos destinados para la prestación de los servicios de salud, para financiar a Audifarma, o generarle liquidez, a
través de operaciones financieras que se enmarcan en una utilización y destinación indebida de recursos para la realización de préstamos” esto es, presuntamente Salud Total prestó recursos de la salud a Audifarma y aparentemente ganaba intereses por esos préstamos.
Adicionalmente, los auditores encontraron que entre noviembre de 2023 y abril de 2024 la EPS realizaba anticipos a Audifarma con recursos que no estaban destinados para tal fin, pese a la existencia de inoportunidad en la entrega de medicamentos a los usuarios.
Al verificar el histórico de los pagos de facturación por dispensación de medicamentos, el equipo auditor encontró que posiblemente se estarían realizando pagos superiores a los que realmente correspondía a favor del proveedor de medicamentos.
En otro hallazgo, se evidenció presunta entrega de información errada pues los soportes suministrados por la EPS reflejaron inconsistencias en cuanto al monto de la radicación efectuada para el pago de servicios de dispensación de medicamentos para el periodo enero 2024, con una diferencia de $2.674 millones.
Finalmente, la Superintendente Delegada para Investigaciones Administrativas, ordenó la remisión de la actuación a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación y a la Dirección Jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud para lo que corresponda ante la Fiscalía General de la Nación.
