El empresario Carlos Mattos y la Fiscalía General de la Nación llegaron a un preacuerdo, que fue presentado durante la audiencia ante el juzgado 11 de conocimiento, que se suspendió hasta el próximo 24 de marzo, fecha en la que se conocerá si se le da aval a la propuesta.
El acusado se encuentra investigado por el delito de cohecho, es decir, entrega de sobornos, a la juez 16 civil para obtener beneficios con la intención de monopolizar el mercado de ventas de vehículos Hyundai en el país.
El acuerdo, entonces, compromete al acusado a pagar una suma de US$1 millón, del cual US$500.000 serán entregados a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Deaj) y la otra mitad irá a la Fiscalía. Esto, “por los daños materiales y morales ocasionados con la conducta punible”, según reza el documento leído ante la corporación judicial.
Mattos, quien fue extraditado de España hace tres meses, aceptó los cargos luego de que se le preguntara si el acuerdo al que había llegado con la Fiscalía lo había hecho de manera voluntaria y libre.
Esto quiere decir que, en caso de aprobarse lo concertado, el acusado se enfrentará a una pena de 32 meses de prisión, que originalmente era de 48 meses, pero que se redujo la tercera parte.
A esta condena se le sumaría otra de 56 meses de cárcel, por el soborno del juez sexto civil. En ese caso, en el que también habría un preacuerdo con la Fiscalía, se requerirá el aval de otro juez. Con esto, el empresario se enfrentaría a una pena de 88 meses de prisión, algo más de siete años.
Pese al acuerdo entre las partes y a la aceptación del Ministerio Público, el juzgado decidió suspender la audiencia, luego de que se solicitara una revisión por parte del Comité de Conciliación de la Dirección Administrativa sobre la negociación.
Esta medida se tomó porque, según el abogado Francisco Bernate, se debe establecer si es correcto que la Rama Judicial reciba la indemnización.
