El Congreso colombiano enfrenta una carrera contrarreloj para aprobar el plan de financiamiento del Gobierno, en medio de tensiones políticas, escasa voluntad legislativa y un presupuesto ya aprobado que depende de esta reforma tributaria.
Al Congreso le quedan entre 12 y 18 sesiones ordinarias para aprobar el proyecto de reforma tributaria que busca recaudar $16,3 billones y así financiar el Presupuesto General de la Nación para 2026, que ya fue aprobado por un monto de $549,6 billones. El tiempo apremia, y la urgencia no es solo técnica: es política, económica y social.
La reforma tributaria, presentada por el Gobierno, ha sido objeto de múltiples ajustes. Inicialmente se proyectaba un recaudo mayor, pero el articulado fue modificado para reducir la meta en $10 billones, lo que refleja tanto la presión política como la necesidad de viabilidad legislativa. Sin embargo, más allá de los números, el verdadero desafío está en la voluntad del Congreso para tramitar y aprobar el proyecto en el estrecho margen que queda antes del cierre del periodo legislativo el 16 de diciembre.
La aprobación de esta reforma no es un capricho gubernamental. El Presupuesto General de la Nación ya fue sancionado, pero su ejecución depende de que se apruebe el mecanismo de financiamiento. En otras palabras, el Congreso aprobó cuánto se va a gastar, pero aún no ha definido cómo se va a pagar. Esta desconexión entre gasto y recaudo pone en riesgo la estabilidad fiscal del país y podría obligar al Ejecutivo a buscar alternativas como recortes, endeudamiento o convocatorias extraordinarias.
Además, el proyecto tiene implicaciones directas sobre sectores estratégicos como educación, salud, infraestructura y programas sociales. Si no se aprueba, muchas de estas partidas podrían quedar desfinanciadas, afectando la gobernabilidad y la confianza en las instituciones.
El escenario y definición de ponentes y coordinadores
Ya se han designado los ponentes y coordinadores del proyecto, entre ellos Wilmer Castellanos, Saray Robayo, Jorge Bastidas, Kelyn González y Carlos Arturo Vallejo como coordinadores, y Diógenes Quintero, Katherine Miranda, Ángela María Vergara, Carlos Alberto Cuenca, María Elamar Pizarro y Olmes de Jesús Echeverría como ponentes. Esta conformación busca representar diversas fuerzas políticas, pero también evidencia la fragmentación del apoyo.
La falta de voluntad política es uno de los principales obstáculos. Aunque el Congreso tiene la capacidad de sesionar entre dos y tres veces por semana, lo que permitiría entre 12 y 18 sesiones antes del cierre del año, no hay garantía de que se utilicen todos esos días para avanzar en el trámite. Las dinámicas territoriales, los intereses partidistas y la cercanía del receso legislativo juegan en contra del proyecto.
El escenario más favorable para el Gobierno sería lograr la aprobación antes del 16 de diciembre. Para ello, el proyecto debe superar cuatro debates: dos en comisiones económicas y dos en plenarias. Cada debate requiere tiempo, consensos y ajustes. Si se logra presentar la ponencia antes del 15 de noviembre, como lo exige el reglamento, habría una ventana de oportunidad para avanzar.
Sin embargo, si el Congreso no logra aprobar el proyecto en sesiones ordinarias, el Gobierno podría convocar sesiones extraordinarias. Esta opción, aunque legal, implica un costo político y logístico adicional. Además, no garantiza que los congresistas estén dispuestos a asistir ni que se logren los votos necesarios.
El peor escenario sería el archivo del proyecto, como ocurrió en diciembre de 2024 con una iniciativa similar. En ese momento, las comisiones económicas hundieron la ley de financiamiento por considerarla inoportuna y perjudicial para la economía de los colombianos. Si se repite ese desenlace, el Gobierno enfrentaría un vacío fiscal que podría afectar la ejecución presupuestal y la estabilidad macroeconómica.
El debate sobre la reforma tributaria ocurre en un contexto económico complejo. La tasa de interés se mantiene en 9,25% por presiones inflacionarias, lo que encarece el crédito y limita el consumo. Además, la tasa de usura subió a 24,99%, afectando directamente a los hogares que dependen de tarjetas de crédito.
En este entorno, cualquier reforma que implique nuevos tributos o ajustes fiscales debe ser cuidadosamente comunicada. La ciudadanía está sensible a los aumentos de precios, y los partidos políticos lo saben. Por eso, muchos congresistas temen que apoyar la reforma les cueste capital político, especialmente en un año preelectoral.
¿Qué puede hacer el Gobierno?
El Ejecutivo tiene varias cartas sobre la mesa. Primero, puede negociar ajustes al articulado para hacerlo más atractivo a las bancadas indecisas. Segundo, puede intensificar la pedagogía pública sobre la necesidad de la reforma, apelando a la responsabilidad fiscal y al bienestar colectivo. Tercero, puede activar canales de presión institucional, como convocar sesiones extraordinarias o movilizar a sus aliados regionales.
Sin embargo, la clave estará en construir consensos. La reforma tributaria no puede ser vista como una imposición, sino como un pacto fiscal que garantice la sostenibilidad del Estado sin afectar desproporcionadamente a los sectores más vulnerables.
A 18 días del cierre del margen legislativo, el Congreso colombiano se encuentra ante una decisión trascendental. La aprobación del plan de financiamiento del Gobierno no solo resolvería un vacío presupuestal, sino que enviaría una señal de responsabilidad institucional. Pero para que eso ocurra, se necesita más que tiempo: se requiere voluntad política, liderazgo estratégico y sensibilidad social.
El reloj sigue corriendo, y cada sesión perdida es una oportunidad menos para garantizar que el país tenga los recursos necesarios para cumplir con sus compromisos. El Congreso tiene la palabra, y el país espera una respuesta que esté a la altura del desafío.
