La demora en una decisión judicial mantiene en vilo a miles de familias y pone en entredicho la financiación del AVEM. Entre valorización cuestionada y estudios desactualizados, el debate trasciende lo jurídico y revela un problema de equidad fiscal y confianza institucional en Santander.
Por: Óscar Humberto Cote Cote/ En un país donde la administración de justicia parece un privilegio más que un derecho constitucional, cuando la justicia tarda, las consecuencias de su mora no esperan. Gironeses y piedecuestanos son víctimas de esta paradoja, pues miles de familias e incluso la Gobernación de Santander, junto con un proyecto de infraestructura bandera del actual gobernador, navegan en un mar de incertidumbre generado por la exagerada demora del Tribunal Administrativo de Santander en decidir la solicitud de una medida cautelar que suspendería los efectos legales de un acto administrativo.
El Anillo Vial Externo Metropolitano (AVEM) es un importante proyecto de infraestructura vial que promete mejorar la movilidad del área metropolitana, a través de una conexión alterna entre los municipios de Girón y Piedecuesta. La actual administración departamental determinó financiarlo parcialmente mediante el tributo de valorización, para lo cual la Asamblea Departamental aprobó la Ordenanza 012 de marzo de 2025. Para ello, proyectó un recaudo a 10 años de $584.492 millones, a cargo de propietarios de predios de ambos municipios.
Ciudadanos piedecuestanos impugnaron la mencionada ordenanza ante el Tribunal Administrativo de Santander, solicitando su suspensión provisional, la cual debió ser decidida desde el 3 de diciembre de 2025. Hoy, tras más de cuatro meses, esa decisión aún no ha sido emitida.
Según las actuaciones y pruebas aportadas al proceso, el centro de la controversia es el estudio de prefactibilidad elaborado por la UIS, que sirvió de sustento a la ordenanza y que utilizó información catastral de Piedecuesta con aproximadamente diez años de desactualización. Los datos empleados correspondían al año 2015, ignorando que para 2025 ya se había implementado en el municipio una actualización catastral multipropósito que modificó el universo predial de 57.000 a 64.000 predios.
La omisión cometida no es menor. Según la ordenanza demandada, Piedecuesta aportaría el 64% del recaudo total, equivalente a $382.000 millones de los $584.492 millones proyectados. La propia Gobernación reconoció en sus escritos procesales que estas cifras se calcularon con información desactualizada, aunque intentó minimizar este hecho indicando que se trataba de datos preliminares. En consecuencia, en julio de 2025 suscribió un nuevo contrato para elaborar estudios adicionales de factibilidad con la UIS, en el que se incluye la actualización de avalúos masivos. Este documento, aportado al proceso, confirma que la información catastral original requería corrección. En otras palabras, la entidad demandada presentó como prueba de defensa el documento que mejor acredita la insuficiencia técnica del estudio que sustentó la ordenanza, tal como lo habían señalado los demandantes.
Hasta aquí, la controversia podría parecer un debate técnico-jurídico reservado a las partes y a los magistrados. Sin embargo, existe un trasfondo social que la convierte en un asunto de gran interés público. Colombia atraviesa una crisis silenciada por muchos medios de comunicación, pero devastadora en materia de cargas tributarias territoriales. La actualización catastral multipropósito, implementada en el país en los últimos años, ha generado incrementos excesivos del impuesto predial, fenómeno del cual Piedecuesta no es la excepción.
Familias que antes pagaban prediales manejables reciben hoy liquidaciones que incrementan desproporcionadamente su carga fiscal, sin que sus ingresos hayan aumentado en la misma proporción. A esta presión se suma el impacto de las últimas reformas tributarias. El resultado es una carga fiscal acumulada sobre los hogares de clase media y los pequeños propietarios rurales y urbanos, que ya genera tensiones sociales en múltiples regiones del país.
En este contexto, anunciarles a esos mismos hogares que, además, deberán pagar durante diez años una contribución de valorización, cuyos beneficios han sido calculados con datos desactualizados y sin verificar su capacidad real de pago, no representa simplemente un problema jurídico. Es un problema de equidad fiscal y de confianza institucional que merece atención pública más allá de los estrados judiciales.
Mientras el Tribunal no decide la medida cautelar, la incertidumbre se extiende entre los actores pasivos y activos involucrados en el posible cobro de la valorización. Los contribuyentes no saben si deberán pagar un tributo cuyo sustento técnico está siendo cuestionado. La Gobernación no sabe si puede avanzar en la estructuración del recaudo o si deberá suspenderlo. Y el proyecto insignia del actual gobernador queda en un limbo jurídico que puede erosionar su viabilidad financiera.
La Gobernación ha argumentado que suspender la ordenanza desfinanciaría una obra estratégica para la región, y ocasionaría la suspensión de la misma. Sin embargo, la realidad es otra, pues la obra actualmente se encuentra suspendida físicamente por hechos ajenos al litigio jurídico aquí expuesto, atribuibles a deficiencias en la planeación del proyecto y a falencias en la contratación realizada hasta ahora. Además, el proyecto cuenta con $320.000 millones provenientes de la sobretasa departamental al ACPM, asignados hasta 2032, lo que permitiría su continuidad parcial de manera independiente a la resolución del recaudo de la valorización. En ese escenario, el argumento del daño al interés público queda plenamente desvirtuado.
Surge entonces la pregunta de por qué no suspender provisionalmente el cobro mientras se completan los estudios de factibilidad con datos actualizados, se verifica la sostenibilidad del modelo financiero frente a la capacidad real de pago de los contribuyentes y se retoma el recaudo sobre bases técnicas ajustadas a la realidad de la población y de los predios en la zona de citación. Esa es la posición de los demandantes, quienes no buscan impedir el proyecto, sino garantizar que el instrumento tributario que lo financia sea correcto y proporcional a la realidad económica del territorio.
La mora judicial en la decisión de la medida cautelar no es un asunto menor. Es el tiempo durante el cual miles de familias viven en la incertidumbre de si deberán pagar un tributo cuya legalidad está en duda. Es el tiempo durante el cual la Gobernación no puede planear con certeza el futuro de su proyecto bandera. Y es el tiempo durante el cual el debate sobre la equidad fiscal en Santander permanece suspendido, a la espera de una decisión que la ley ordenó tomar en diez días, pero que ya supera los cuatro meses.
La justicia que tarda no es neutral. Genera costos que recaen de manera desigual: menores para quienes tienen capacidad de espera y mucho mayores para quienes no la tienen. Las familias de Piedecuesta y Girón, que hoy enfrentan prediales que ponen en riesgo su patrimonio, y la amenaza de una valorización calculada con datos desactualizados, no pueden esperar indefinidamente a que el tribunal actúe en derecho. No solo está en juego la imposición de un tributo justo, sino también la seguridad jurídica y financiera de un proyecto de gran envergadura para la región.
El Tribunal Administrativo de Santander tiene en sus manos una decisión que trasciende el expediente. De ella depende la equidad de un tributo, la calidad técnica de los estudios que lo sustentan y la protección de los contribuyentes frente a posibles cargas fiscales indebidas. Asimismo, está en juego la posibilidad de blindar jurídicamente un proyecto que podría quedar gravemente desfinanciado si no se revisan las proyecciones establecidas por la ordenanza demandada, ya sus fundamentos técnicos pueden contener falencias estructurales. Y esa decisión no debería tardar más.
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*Veedor municipal e integrante del Comité de Control Social de la Contraloría de Santander.
