En medio de una creciente preocupación por la transparencia en la contratación pública, Ecopetrol, la principal empresa petrolera de Colombia, se encuentra en el centro de una tormenta institucional. La denuncia sobre el presunto uso irregular de helicópteros contratados por la estatal para operaciones militares en zonas de conflicto ha desatado una serie de investigaciones que revelan un entramado de decisiones cuestionables, favoritismos empresariales y posibles violaciones al debido proceso contractual.
Todo comenzó con la adjudicación de un contrato por más de 600.000 millones de pesos para el servicio de transporte helicoportado en zonas estratégicas para la extracción de petróleo. La licitación, abierta en agosto de 2024, fue presentada como una oportunidad para modernizar la logística aérea de Ecopetrol. Sin embargo, desde el inicio, varias voces alertaron sobre irregularidades en los pliegos de condiciones.
La empresa Helistar, representada legalmente por Milton Cabeza Peñaranda, resultó ampliamente favorecida en la adjudicación, obteniendo el 80% del contrato, mientras que Helicol, su principal competidora, recibió apenas el 20%. Lo que parecía una distribución técnica pronto se convirtió en una disputa legal y mediática.
Direccionamiento y competencia desleal
Helicol interpuso una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), alegando que los pliegos habían sido diseñados para beneficiar a Helistar. Según fuentes cercanas al proceso, el departamento de aviación de Ecopetrol habría invitado a empresas sin aeronaves ni certificación como operadores aéreos, simulando pluralidad en la licitación.
La Procuraduría General de la Nación también intervino, advirtiendo que Ecopetrol modificó sin justificación varios requisitos técnicos, jurídicos y financieros respecto a procesos anteriores. Entre las irregularidades detectadas se encuentra la exigencia de apenas un año de experiencia en operaciones helicoportadas y 1.200 horas de vuelo, parámetros considerados insuficientes para un contrato de tal magnitud.
Además, se denunció la ausencia de reglas claras en el sistema SECOP II, vulnerando los principios de publicidad y transparencia consagrados en la Constitución.
En febrero de 2025, Ecopetrol decidió rescindir unilateralmente el contrato CW215358 con Helicol, alegando incumplimientos técnicos y documentales. Esta decisión transfirió la totalidad del contrato a Helistar, consolidando un monopolio en el servicio de transporte aéreo para la estatal y sus filiales Cenit y Ocensa.
Helicol respondió con una demanda penal contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y Milton Cabeza, por los delitos de concierto para delinquir, acuerdos restrictivos de la competencia e interés indebido en la celebración de contratos. La empresa argumenta que la terminación fue arbitraria y motivada por intereses ocultos, atentando contra la libre competencia y la transparencia institucional.
¿Helicópteros para operaciones militares?
La controversia escaló cuando se conoció una denuncia sobre el presunto uso de helicópteros contratados por Ecopetrol para el movimiento de tropas y ataques a campamentos de grupos armados. Aunque Helistar negó rotundamente estas acusaciones, el hecho encendió las alarmas sobre el uso dual de recursos contratados para fines civiles en contextos de seguridad nacional.
Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente que los helicópteros hayan sido utilizados para operaciones militares. Sin embargo, la sola posibilidad plantea interrogantes éticos y jurídicos sobre el papel de las empresas contratistas en zonas de conflicto, y sobre la responsabilidad de Ecopetrol en la supervisión del uso de sus recursos.
La Procuraduría exigió a Ecopetrol ajustar sus procesos de selección para evitar improvisaciones que comprometan el patrimonio público. Diversos sectores académicos, gremiales y sociales han pedido una investigación exhaustiva que esclarezca los hechos y sancione a los responsables.
En el Congreso, algunos representantes han solicitado audiencias públicas para revisar los contratos de transporte aéreo y evaluar la idoneidad de los contratistas. Mientras tanto, en las regiones donde operan los helicópteros, comunidades locales expresan temor ante la militarización de sus territorios y la falta de información sobre los vuelos que cruzan sus cielos.
Más allá del escándalo
Este caso no solo pone en entredicho la transparencia de Ecopetrol, sino que revela una crisis estructural en los mecanismos de contratación estatal. La concentración de contratos en pocas manos, la flexibilización de requisitos técnicos y la opacidad en los procesos son síntomas de una cultura institucional que privilegia intereses particulares sobre el bien común.
Además, el uso potencial de recursos civiles en operaciones militares plantea dilemas sobre la neutralidad empresarial en contextos de conflicto armado. ¿Puede una empresa estatal permitir que sus contratistas participen, directa o indirectamente, en acciones bélicas? ¿Qué garantías existen para evitar que el transporte aéreo se convierta en una herramienta de guerra?
El escándalo de los helicópteros de Ecopetrol es más que una disputa contractual: es un espejo de las tensiones entre transparencia, poder económico y ética institucional. En un país donde la confianza en lo público se construye con dificultad, este caso exige respuestas claras, investigaciones rigurosas y reformas profundas.
