Una investigación de The New York Times confirmó que ciudadanos colombianos murieron en una embarcación bombardeada por EE. UU. en el Caribe, validando la denuncia del presidente Petro y desatando una crisis diplomática sobre la legalidad, transparencia y consecuencias de estas operaciones militares.
La reciente publicación del diario estadounidense The New York Times ha encendido las alarmas en América Latina y reconfigurado el tablero diplomático entre Colombia y Estados Unidos. En un contexto marcado por tensiones geopolíticas, operaciones militares encubiertas y una posición oficial que se tambalea, el diario confirmó que sí había ciudadanos colombianos a bordo de una de las embarcaciones destruidas por fuerzas estadounidenses en el Caribe, en el marco de una ofensiva contra el narcotráfico que ha dejado al menos 21 muertos desde septiembre.
Desde agosto de 2025, la administración del presidente Donald Trump intensificó su estrategia de militarización en el mar Caribe, desplegando buques de guerra y lanzando ataques letales contra embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas y estaban vinculadas al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta ofensiva, enmarcada en la lucha contra el narcotráfico, ha sido presentada como una acción legítima contra organizaciones criminales transnacionales. Sin embargo, no se han presentado pruebas públicas que confirmen que las embarcaciones atacadas contenían drogas o armas, lo que ha generado fuertes cuestionamientos desde organismos internacionales y gobiernos latinoamericanos.
En este escenario, el presidente colombiano Gustavo Petro denunció el 8 de octubre que la última embarcación bombardeada era colombiana y que había connacionales a bordo. “Se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe. Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien”, escribió en su cuenta de X.
Las revelaciones del New York Times
Un día después de la denuncia de Petro, The New York Times publicó un artículo que confirmó la presencia de colombianos en al menos una de las embarcaciones destruidas. La información proviene de dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato, al no estar autorizados para discutir públicamente el tema. Esta revelación valida la versión del presidente colombiano y contradice la postura oficial de la Casa Blanca, que había calificado sus declaraciones como “infundadas y reprochables”.
Entre los puntos más destacados del artículo están:
- Confirmación de víctimas colombianas: Por primera vez, se reconoce oficialmente que ciudadanos colombianos murieron en los bombardeos, lo que convierte a Colombia en el primer país en denunciar la presencia de sus nacionales entre las víctimas.
- Falta de pruebas sobre narcotráfico: El Times señala que no se han presentado evidencias concluyentes que vinculen a las embarcaciones con actividades delictivas, lo que pone en entredicho la legalidad de los ataques.
- Presión diplomática sobre Petro: Según fuentes citadas por el diario, el gobierno estadounidense habría presionado al presidente colombiano para que se retractara, con el fin de “reencauzar la relación bilateral”.
- Escalada regional: La operación militar ha sido interpretada por analistas como una forma de desestabilizar al gobierno venezolano y como una amenaza para la soberanía de los países del Caribe.
La confirmación del Times ha generado una ola de reacciones en Colombia y en la región. Por un lado, refuerza la postura crítica de Petro frente a la política antidrogas de Estados Unidos, a la que ha calificado como una “guerra por el petróleo” que pone en riesgo vidas civiles. Por otro lado, abre un nuevo frente diplomático, en el que Colombia exige explicaciones claras sobre las víctimas, la legalidad de los bombardeos y el respeto por la soberanía nacional.
La Casa Blanca, por su parte, ha mantenido una postura defensiva. Aunque reconoce a Colombia como un “socio estratégico esencial”, insiste en que las declaraciones de Petro son irresponsables y que los ataques se enmarcan en una estrategia legítima contra el narcotráfico. Sin embargo, la falta de transparencia y la negativa a revelar las nacionalidades de las víctimas en los últimos incidentes han debilitado su narrativa.
