En una sesión extraordinaria realizada en pleno receso legislativo, el Senado aprobó una proposición para citar a todos los ministros del Gobierno y abrir un control político al decreto de emergencia económica. La iniciativa, impulsada por el senador Carlos Fernando Motoa, desató un nuevo pulso institucional con el Ejecutivo.
En una jornada inusual para finales de diciembre, el Senado de la República sesionó de manera extraordinaria y virtual para discutir el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional. Aunque el orden del día estaba inicialmente centrado en los ascensos de oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía, la plenaria abrió espacio para una proposición que terminó marcando el tono político del cierre de año: la citación a todos los ministros para un debate de control político sobre la declaratoria de emergencia y sus implicaciones económicas.
La proposición fue presentada por el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien argumentó que el Congreso no puede permanecer inactivo ante decisiones de alto impacto fiscal. Motoa insistió en que el control político es una función permanente del Legislativo y que, por tanto, puede ejercerse incluso durante el receso, como lo permiten los artículos 135 y 138 de la Constitución.
El decreto cuestionado —el 1390 del 2 de diciembre de 2025— declaró el estado de emergencia económica y social con el fin de atender un déficit fiscal significativo. Sin embargo, la medida ha generado fuertes críticas por parte de sectores políticos que consideran que no existe un hecho sobreviniente que justifique acudir a un estado de excepción. A esto se suma la polémica por la venta de títulos de deuda pública (TES) por 23 billones de pesos a un único comprador extranjero, operación que también será objeto del debate.
La proposición fue aprobada sin votos en contra, lo que evidencia un amplio respaldo multipartidista a la necesidad de revisar las decisiones del Ejecutivo. Para Motoa, la situación amerita un análisis urgente: “No podemos normalizar que el Gobierno recurra a los estados de excepción cuando no logra consensos o cuando sus iniciativas son negadas o archivadas por esta corporación”.
Tensiones entre el Congreso y el Gobierno
La decisión del Senado no tardó en generar reacciones desde el Gobierno. El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó públicamente la citación, alegando errores formales en el documento y señalando que el Congreso no puede convocar a un debate antes de que el Ejecutivo remita el informe oficial sobre las medidas adoptadas en la emergencia. Benedetti calificó la citación como “mal hecha” y criticó lo que consideró un afán político por parte del Legislativo.
A pesar de las objeciones, la mesa directiva del Senado defendió la legalidad y pertinencia de la sesión. El presidente del Congreso, Lidio García, afirmó que ejercer control político no constituye un bloqueo a las reformas del Gobierno, sino una defensa de la autonomía institucional. “Defender la autonomía del Congreso no es bloquear reformas, es proteger la democracia”, señaló García, quien respaldó la convocatoria extraordinaria como un acto de responsabilidad pública.
Las críticas al decreto también provinieron de diferentes bancadas. El senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, sostuvo que la emergencia económica carece de sustento constitucional, pues no existe un hecho sobreviniente que la justifique. Para él, el hundimiento de las reformas tributarias del Gobierno era previsible y no puede considerarse un evento inesperado que habilite un estado de excepción.
En la misma línea, la senadora Esperanza Andrade afirmó que el decreto es inconstitucional y que los argumentos relacionados con la salud y las UPC no deberían tramitarse mediante una emergencia económica. Otros congresistas, como Guido Echeverri, fueron más allá y plantearon la posibilidad de una moción de censura contra el ministro de Hacienda, al considerar que hubo una “flagrante violación de la Constitución” en la expedición del decreto y en la operación de deuda pública asociada.
El debate, cuya fecha deberá ser fijada por la mesa directiva, se proyecta como uno de los primeros grandes choques institucionales del próximo año. La sesión extraordinaria del Senado no solo rompe el receso legislativo, sino que abre un escenario de escrutinio político que podría escalar hacia decisiones de mayor calado, como mociones de censura o eventuales demandas de inconstitucionalidad.
Mientras tanto, el país permanece a la expectativa de la publicación completa del decreto con la lista definitiva de nuevos impuestos anunciados por el Gobierno, así como de las respuestas que deberán entregar los ministros ante la plenaria del Senado.
