La consolidación entre Tigo y Movistar redefinirá el mercado de telecomunicaciones en Colombia, creando un nuevo gigante con cerca del 38% del mercado y potenciando tensiones competitivas con Claro, mientras analistas advierten riesgos de duopolio, alza de precios y menor dinamismo en inversión y calidad de servicio.
La reciente fusión entre Tigo y Movistar se perfila como uno de los hechos más significativos del sector de telecomunicaciones en Colombia en años recientes. La operación, impulsada por Millicom, dueña de la marca Tigo, no solo transforma la estructura competitiva mediante la creación de un operador de gran escala, sino que también desata fuertes debates sobre competencia, regulación y bienestar del consumidor.
Millicom cerró la adquisición del 67,5% de Movistar Colombia —filial de Telefónica— por 214,4 millones de dólares, sumado a otros 569 millones de dólares por el control total de Tigo-UNE, consolidando así su posición en el mercado local. La intención de la empresa es completar la compra del 32,5% restante de Movistar, entendiéndose como un paso definitivo hacia la unificación total de ambas operaciones bajo una sola entidad empresarial.
Esta estrategia de consolidación responde a una lógica global de fusiones y adquisiciones en el sector, donde la presión por invertir en tecnologías de punta —como 5G, fibra óptica y servicios digitales convergentes— exige economías de escala que, en mercados fragmentados, resultan difíciles de alcanzar por operadores independientes.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aprobó esta fusión con condiciones relativamente leves, que se han percibido, en algunos sectores, como insuficientes para mitigar impactos adversos sobre la competencia. Esta aprobación se dio en noviembre de 2025 tras evaluar la operación bajo los criterios de la legislación colombiana, permitiendo que avance el proceso pese a las preocupaciones planteadas por agentes del mercado.
La SIC, liderada por Cielo Rusinque, adoptó un enfoque que busca equilibrar, según sus palabras, las fuerzas competitivas frente al dominio que ejerce Claro, el principal operador en Colombia con cerca del 45 % de los ingresos del sector. Pero la decisión ha sido objeto de críticas por parte de expertos que consideran que las medidas impuestas son insuficientes para salvaguardar la competencia efectiva.
Impactos en la estructura del mercado
Con la fusión, Tigo-Movistar se posiciona como un competidor de gran envergadura, con alrededor del 38% del mercado nacional de telecomunicaciones y participación destacada en servicios de banda ancha móvil y fija. Junto con Claro, la nueva entidad concentraría más del 80% del mercado, generando temores de que se consolide un duopolio que influya sobre los precios y la calidad de los servicios ofrecidos.
Según un análisis del Barómetro Telco Colombia, la compañía resultante tendría aproximadamente 42,3 % del segmento pospago y alrededor de 29,5 % del prepago, mientras en banda ancha fija ocuparía cerca del 34,7 % de participación, cifras que muestran cómo la integración cambiaría el equilibrio competitivo en varios segmentos clave.
Diversos actores han expresado inquietudes en relación con la operación. WOM, el tercer operador más pequeño, ha señalado que la fusión podría consolidar un mercado donde más del 90% de los usuarios se encuentren bajo el dominio de solo dos grandes empresas, lo que dificultaría la permanencia de competidores independientes y presionaría al alza los precios para los consumidores.
De manera similar, dirigentes de ETB han advertido que la concentración podría llevar a una posición de dominio casi absoluta por parte de Claro y la nueva entidad fusionada, con consecuencias negativas para los precios y la dinámica competitiva del mercado. Estos críticos también han sugerido la necesidad de reglas más estrictas que regulen la convergencia de servicios fijos y móviles, evitando ventajas competitivas difíciles de contrarrestar para operadores especializados.
Efectos potenciales sobre los consumidores
Desde la óptica del consumidor, las fusiones de operadores en mercados ya concentrados suelen tener efectos mixtos. Por un lado, un operador más grande puede ofrecer mayores capacidades de inversión en infraestructura y tecnologías, lo que en teoría podría traducirse en mejoras de cobertura y servicios. Por otro lado, la literatura internacional indica que en entornos con menor competencia las fusiones pueden conducir a precios más altos y menor innovación en servicios, especialmente en áreas urbanas y rurales con menor densidad de suscriptores.
En zonas rurales de Colombia, donde la rentabilidad de los servicios es menor, existe el riesgo de que la nueva entidad priorice mercados más lucrativos, dejando rezagada la expansión o calidad de la conectividad en regiones periféricas. Además, los precedentes de fusiones previas sugieren que la consolidación puede llevar a reducciones en el empleo y cierre de infraestructura redundante, con impactos sociales adicionales.
La actuación regulatoria en este caso ha sido observada con lupa. Mientras algunos sectores consideran que la SIC actuó de manera permisiva, otros resaltan la ausencia de medidas estructurales que garanticen competencia sostenible a largo plazo. Esto pone en el centro del debate la necesidad de fortalecer herramientas regulatorias que puedan acompañar este tipo de transformaciones industriales, garantizando que los beneficios de escalabilidad no se traduzcan en perjuicios para los ciudadanos.
