En medio de un intenso pulso sobre la política antidrogas en Colombia, el Gobierno de Gustavo Petro y el Ministerio de Defensa divulgaron cifras que buscan sustentar la efectividad de su estrategia frente al narcotráfico, contrastándola con la administración de Iván Duque. La gráfica del SIIMA muestra un crecimiento de cultivos durante el cuatrienio Duque y una leve estabilización y reducción bajo el actual gobierno.
La lucha contra el narcotráfico volvió a instalarse en el centro del debate político nacional luego de que el Ministerio de Defensa y el presidente Gustavo Petro publicaran en X una batería de cifras para defender la política de seguridad y sustitución voluntaria de cultivos implementada desde agosto de 2022.
El detonante fue una gráfica del Sistema Integrado de Información de Monitoreo Antinarcóticos (SIIMA), con corte a abril de 2026, que muestra la evolución de los cultivos de coca en Colombia entre 2018 y 2026. El documento divide claramente dos periodos: el gobierno de Iván Duque y el actual mandato de Gustavo Petro.
Según la gráfica, durante el cuatrienio de Duque los cultivos pasaron de 128.779 hectáreas a 218.246, un incremento acumulado del 69%, equivalente a 89.467 hectáreas adicionales. El comportamiento evidencia un crecimiento sostenido y pronunciado desde 2020, cuando la curva empezó a acelerarse hasta alcanzar niveles históricos en 2022.
En contraste, durante la administración Petro la tendencia se mantuvo alta, pero con menor ritmo de expansión. Los registros del SIIMA muestran que el área cultivada pasó de 218.246 a 253.358 hectáreas, un aumento del 16%, es decir, 35.112 hectáreas más. Sin embargo, la misma gráfica resalta una reducción reciente de 8.821 hectáreas entre el pico de 262.179 y la cifra más actual.
Desde el Ministerio de Defensa, el mensaje fue contundente: “El narcotráfico se combate con resultados, no con discursos”. La cartera sostuvo que durante este gobierno se han incautado “más de 3 mil toneladas de cocaína”, además de destruir “un laboratorio de drogas cada 50 minutos”.
Ese balance fue respaldado por Petro, quien amplió el alcance político del debate. En su mensaje, aseguró que “los datos de lucha contra el narcotráfico de mi gobierno son evidentes y contrastables” y defendió que su estrategia ha sido más efectiva que la de administraciones anteriores.
El mandatario fue más allá al afirmar que “incauté tanta cocaína como los tres gobiernos anteriores sumados”, un dato con el que busca demostrar que la ofensiva contra las redes de exportación ha sido histórica. También sostuvo que esta presión habría generado un desplazamiento geográfico de las estructuras criminales.
“Eso hizo que la multinacional mafiosa empezará a usar otros países para producir y exportar cocaína”, escribió el jefe de Estado, insistiendo en que el combate al narcotráfico no debe medirse exclusivamente por hectáreas erradicadas, sino por afectaciones estructurales a las cadenas logísticas.
La comparación con Duque es central en el discurso presidencial. Petro acusó a sus críticos de querer desmontar la actual estrategia para volver a políticas que calificó de fallidas. “Los mismos que duplicaron los cultivos de coca en el gobierno Duque por hacer lo contrario de nuestra experiencia (…) son los que nos acusan”, escribió.
El eje diferencial entre ambos modelos radica en el método. Mientras el gobierno Duque apostó con fuerza por la erradicación forzada y operaciones militares, la administración Petro insiste en la sustitución voluntaria, acuerdos territoriales y reforma agraria como herramientas de contención.
En ese sentido, Petro destacó que “las Naciones Unidas ya han certificado 12.000 hectáreas de las 25.000 que ya el campesinado voluntariamente ha erradicado”, una cifra que busca validar internacionalmente su enfoque.
El Presidente también vinculó esta política con la reducción de homicidios en zonas cocaleras. “La reducción de homicidios en las zonas de sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca es sustancial”, afirmó, al relacionar seguridad rural con inclusión social y procesos de paz.
Sin embargo, expertos han advertido que la reducción parcial registrada en 2026 todavía es insuficiente para consolidar una tendencia estructural a la baja. La cifra de 253.358 hectáreas sigue siendo una de las más altas de la última década.
El debate, además, se da en un momento de alta tensión política tras acusaciones cruzadas sobre supuestos nexos de sectores políticos con estructuras criminales como el Clan del Golfo, lo que ha profundizado la polarización alrededor de la política de seguridad.
Por ahora, los números muestran dos realidades: una expansión acelerada durante el gobierno Duque y una estabilización con leve reducción bajo Petro. La discusión de fondo, sin embargo, sigue abierta: si el éxito debe medirse por menos hectáreas sembradas o por más golpes a las finanzas del narcotráfico. En ese pulso, el Gobierno insiste en que sus resultados son “históricos”; la oposición, en cambio, sostiene que el país sigue atrapado en cifras récord de producción ilícita.
