El Tribunal Administrativo de Santander dejó en firme una providencia expedida el 13 de septiembre de 2017 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, que resolvió sancionar por desacato al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez; el director general de la CDMB, Martín Carvajal Camaro y la directora del Empas, Nury Andrea Espinosa Murillo. (Ver fallo)
Tanto Hernández Suárez como al director de la CAR, deberán pagar una multa consistente en 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes y cinco días de arresto, mientras que la funcionaria de Empas le fue revocada la sanción.
Según conoció Corrillos, tanto el alcalde de Bucaramanga como el representante legal de la CDMB, incumplieron un fallo proferido por el propio Tribunal Administrativo de Santander el 2 de noviembre de 2011, en el sentido de proteger y amparar respectivamente el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles a la comunidad del barrio Campo Hermoso.
La orden del tribunal fue clara: “Ordenar al municipio de Bucaramanga que realice en el término de cinco días censo de las viviendas ubicadas entre la carrera 5 occ y 7 occ con calle 42 y 43 del barrio Campo Hermoso, a fin de que se determine el estado actual de sus estructuras y cuáles amenazan ruina y en el término de 25 días realice un censo general al resto del barrio Campo Hermoso. El censo deberá elaborarse con la colaboración del personal idóneo (ingenieros civiles, arquitectos, etc.). Si el primer o segundo censo ordenado resultan viviendas que amenacen ruina, deberán ser reubicadas y a ello se procederá evacuando y ubicando temporalmente a sus residentes hasta tanto se dé una solución definitiva de reubicación. Las viviendas que presenten tales condiciones deberán ser demolidas. Con el censo se debe determinar las viviendas que deben desocuparse inmediatamente, las que son a mediano plazo y cuáles a largo plazo. Para la reubicación definitiva el Municipio cuenta con el término de seis días”.
Pero –según el fallo proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga- “el censo general de los habitantes del barrio Campo Hermoso a la presente fecha no se ha realizado, así como tampoco la demolición de la totalidad de las viviendas afectadas, ni la reubicación definitiva de las familias identificadas en debida forma, y menos aún se logró verificar la realización de la totalidad de las obras tendientes a la estabilización del terreno objeto de la presente Acción Popular”.
Recalca la providencia que “aunado a ello, las accionadas (alcaldía, CDMB y Empas) tenían pleno conocimiento de las órdenes impuestas en la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, pues en las distintas reuniones los representantes legales, así como sus empleados, establecieron cronogramas, funciones y compromisos, que concluye fueron incumplidos o parcialmente observados”.
Los argumentos de los accionados
Dentro del proceso que adelantó el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, la CDMB expuso que para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, “en el año 2016 se realizó proceso contractual de concurso de mérito abierto No. 006-2016 y suscribió contrato de consultoría No. 10645-04 de octubre 19 de 2016, cuyo objeto era realizar estudios geológicos, geotécnicos, hidrológicos y diseños de obras de mitigación para la atención de amenazas, en 12 puntos críticos del área de jurisdicción de la CDMB, incluido el sector objeto de la Acción Popular”.
Por su parte, Empas en el curso del proceso del incidente de desacato, puso en conocimiento “la necesidad de la terminación o finalización de las obras de estabilización del talud en el barrio Campo Hermoso para proceder a realizar un nuevo diseño y reubicación de redes de alcantarillado que resulten afectadas lo cual no ha sido posible llevar a cabo debido a que el Municipio de Bucaramanga y la CDMB no han cumplido dichas obras”.
Ante esta situación, el Magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, Iván Mauricio Mendoza Saavedra, confirmó la sanción de cinco días de arresto y el pago de 10 salarios mínimos, impuesta por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, respecto a Rodolfo Hernández Suárez y Martín Carvajal Camaro, pero revocó la sanción contra la representante de Empas.
