La Defensoría del Pueblo, a través de su Delegado para la Conflictividad Social y las Regionales de Norte de Santander y Ocaña, participó en el Encuentro Regional de Familias que Subsisten de la Economía de la Hoja de Coca que se realizó en el corregimiento Campo Dos de Tibú (Norte de Santander), y que contó con la asistencia de cerca de mil campesinos de la región del Catatumbo.
En el encuentro, la Defensoría del Pueblo informó a los asistentes y solicitó al Director de la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) tener en cuenta el informe elaborado por la Delegada para los Asuntos Agrarios y de Tierras con información de la población campesina beneficiaria del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS), quienes reportaron preocupación por los retrasos que registra el programa, pese a que el Gobierno Nacional priorizó el Catatumbo como piloto de sustitución voluntaria a nivel nacional.
Asimismo, se informó de la necesidad de coordinación entre los diferentes componentes y fases de implementación de proyectos de seguridad alimentaria y atender la situación de riesgo que presentan las vocerías campesinas que lideraron los acuerdos de sustitución, ya que se han presentado amenazas, intimidaciones y homicidios contra algunos de ellos.
De igual manera, el Director de la ART, Raúl Delgado Guerrero, convocará al Defensor del Pueblo y al Ministro de Defensa a una reunión para atender quejas de la comunidad relacionadas con las acciones de la fuerza pública en la región.
Ejercicio de caracterización
Por su parte, el Defensor Delegado para la Conflictividad Social, Jorge Calero, debido al alto número de los conflictos sociales manifiestos que se han presentado en el marco de la erradicación de los cultivos de uso ilícito, propuso a los líderes campesinos del Catatumbo realizar un ejercicio de caracterización de las conflictividades sociales para generar acciones efectivas de prevención, de diálogo social y seguimiento a los acuerdos suscritos con las autoridades, la cual fue acogida con beneplácito por los participantes.
El municipio de Tibú, según el Observatorio para la Prevención de la Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo, concentra el mayor número de conflictos sociales por razón de la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito. De los 24 eventos registrados en ocho departamentos del país, en el periodo de enero a septiembre de 2022, Tibú registra el 21% de los casos, seguido de los municipios de Tierralta (Córdoba) con el 17% y el municipio de Puerto Asís (Putumayo) con el 12%.
En este tipo de eventos las personas se han manifestado a través de plantones y concentraciones (29%), marchas y movilizaciones (25%), bloqueos de vías (17%), ocupación o toma de instalaciones (8%), medidas con riesgo a la integridad de las personas (4%) y otros (17%). Cabe mencionar que en el 17% de los eventos (04) se registraron disturbios.
Espacios de diálogo
La Defensoría del Pueblo, a través de sus Regionales y Delegadas, participó en 10 espacios de diálogo en el marco de conflictividades asociadas a la erradicación o sustitución de cultivos ilícitos en Córdoba, Bolívar, Putumayo y Norte de Santander, participando como mediadora o facilitadora para buscar consensos y la transformación de tales conflictos.
Al encuentro, que se realizó el fin de semana, asistieron congresistas de la República, la Dirección de la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), la Gobernadora de Norte de Santander (encargada), la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Alcalde Municipal de Tibú, alcaldes y personeros de la región del Catatumbo, representantes de la Iglesia Católica, organismos internacionales, entre otras autoridades.
