A las 9:12 de la mañana de este martes 23 de enero de 2024 comenzó la Audiencia Única de Verdad, de Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, realizada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que estudiará los aportes realizados por el exgobernador de Santander para determinar si se da su ingreso a la JEP.
Aguilar Naranjo solicitó su ingreso ante la JEP como agente del Estatal no integrante de la fuerza pública.
La audiencia fue presidida por el magistrado Juan Ramón Martínez, quien estuvo acompañado por la magistrada Heydi Patricia Baldosea, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.
El magistrado Martínez aseguró que se escucharían los aportes de verdad de Aguilar Naranjo que serán contrastados y se procederá a acreditación de las víctimas de los delitos que haya cometido el aspirante a compareciente a la Jurisdicción Especial para la Paz.
«Los delitos por los cuales fue condenado y está siendo procesado Aguilar Naranjo afectaron bienes jurídicos de carácter colectivo y no recayeron sobre bienes de víctimas individuales», explicó el magistrado Martínez
El magistrado agregó que, si Aguilar Naranjo es admitido en la JEP, y de acuerdo con los aportes entregados, se realizarán acciones para la identificación y emplazamiento de las personas que puedan acreditarse como víctimas.
La magistrada Heydi Baldosea le recordó a Aguilar Naranjo los derechos que le asistían durante la Audiencia Única de Verdad, así como sus obligaciones como aspirante a compareciente.
Refirió Aguilar Naranjo que «en 1993 me encontraba en el Bloque de Búsqueda (…). Para esa fecha el general Maza le informó al coronel Hugo Martínez que debíamos recibir a Carlos Castaño y a Don Berna, que tenían información importante (…) y la ubicación exacta para la captura de Pablo Escobar».
«Ahí entró una relación con dos paramilitares, Don Berna y Carlos Castaño, que tenían el dominio de las autodefensas en el Magdalena Medio», dijo Aguilar en la Audiencia Única de Verdad ante la JEP.
Según Aguilar, «de esto tenían conocimiento el comandante del Bloque de Búsqueda, el general Guzmán del Ejército, el general Vargas Silva de la Policía y el propio coronel Martínez Poveda».
Aguilar hizo un recuento de la forma en que empezó su relación con varios líderes paramilitares, entre los que se incluía a Ramón Isaza, Henry Pérez y Carlos Castaño; quienes aportaron información y realizaron operaciones para bloquear la huida de Pablo Escobar.
Dentro de la diligencia, Aguilar Naranjo entregó unos estudios topográficos y la información sobre una finca llamada Gorgona en donde pudieran estar los restos de personas dadas por desaparecidas a manos de grupos paramilitares.
Aguilar Naranjo aseguró que todos los hospitales y clínicas de Santander fueron obligados a atender los paramilitares enfermos o heridos y que en algunas ocasiones se llevaban a los médicos para que atendieran a los heridos en las zonas rurales.
A su turno, la magistrada Heydi Patricia Baldosea le solicitó a Aguilar Naranjo que aclarara cuáles de los puntos que tocó durante su intervención son idóneos, serios, aptos y novedosas, para poder evaluar su aporte a la verdad.
Al responder esta inquietud, Aguilar mencionó los casos de la elección de un alcalde de El Carmen de Chucurí, una reunión con paramilitares y políticos de Santander, en Cimitarra.
También habló del caso de la finca Gorgona, ubicada en la vereda La Rosa, corregimiento San Rafael de Lebrija, y el asumir que recibió apoyo de los paramilitares para ser elegido gobernador.
El aspirante a ingresar a la JEP también agregó datos sobre asesinatos en Puerto Wilches, cómo empezó su relación con los paramilitares en Santander antes de iniciar su carrera política, así como información sobre una curtiembre en donde alias ‘Víctor’ enterraba a sus víctimas.
El magistrado Juan Ramón Martínez aseguró que estas afirmaciones serán contrastadas en una segunda parte de la diligencia y le solicitó aclarar la información sobre la construcción del Parque Nacional Chicamocha en el que habría intereses de grupos paramilitares.
Aguilar Naranjo reconoció los intereses de políticos que recibieron apoyo de alias ‘Ernesto Báez’ y agregó información sobre asesinatos cometidos en Puerto Wilches en 2002 y en Oiba en 2003 por grupos paramilitares para amedrentar a los comerciantes del sector.
La magistrada Baldosea solicitó a Aguilar aportar los elementos que puedan probar las afirmaciones hechas en la audiencia, ante lo cual el aspirante a compareciente argumentó que él no había causado víctimas directas, que todo había sido hecho por omisión en su trasegar político.
Al finalizar esta jornada de la audiencia, el magistrado Martínez anunció que una segunda parte será citada para dar a conocer los resultados de la contrastación y la decisión que vaya a adoptar la JEP frente a la solicitud de ingreso de Aguilar Naranjo como compareciente.
