El exvicepresidente y general en retiro Óscar Naranjo expresó su preocupación por los mensajes y simbolismos del Gobierno de Abelardo de la Espriella frente a la Fuerza Pública. Advirtió sobre el riesgo de politizar los uniformes y reclamó un pacto nacional contra las armas en política.
La preocupación del expresidente de la Republica Óscar Naranjo trasciende una diferencia con la actual administración. El exdirector de la Policía considera que las instituciones armadas deben mantenerse al margen de las disputas partidistas y de los intereses particulares de quienes ejercen el poder. Su advertencia pone sobre la mesa un principio fundamental de cualquier democracia: la Fuerza Pública pertenece al Estado y a los ciudadanos, no a los gobernantes de turno.
En declaraciones publicadas este domingo 15 de noviembre por el diario El Espectador, en una entrevista realizada por el periodista Daniel Valero, el general retirado cuestionó los simbolismos que, a su juicio, resultan inaceptables dentro de la estrategia de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella.
La frase que resume su preocupación es contundente: “Ojalá el uniforme no termine asociado ni a un partido ni a un gobierno”. Con esta expresión, Naranjo advierte sobre la importancia de preservar la identidad institucional de policías y militares, evitando que sus símbolos, actuaciones o representaciones públicas sean utilizados para alimentar discursos de carácter político.
No se trata de una discusión menor. El uniforme representa autoridad, disciplina, servicio y compromiso con la Constitución. Su legitimidad depende, precisamente, de que los ciudadanos puedan reconocer en quienes lo portan a servidores públicos que protegen a toda la población, independientemente de sus preferencias ideológicas o electorales.
Un pacto nacional contra las armas en política
Otro de los planteamientos centrales de Naranjo es la necesidad de construir un acuerdo nacional que impida que las armas continúen condicionando la vida política colombiana. El exvicepresidente considera que el país todavía tiene una deuda histórica en esta materia.
En la entrevista, sostuvo que Colombia no ha conseguido materializar ese compromiso colectivo. Su reflexión quedó expresada en una frase que resume uno de los grandes desafíos de la democracia: “No hemos podido firmar el pacto nacional contra las armas en política”.
La preocupación tiene profundas implicaciones para la convivencia democrática. Durante décadas, diferentes expresiones de violencia armada han interferido en las decisiones electorales, las libertades ciudadanas y la participación política, especialmente en territorios donde las comunidades han tenido que convivir con amenazas, intimidaciones y control de organizaciones ilegales.
Para Naranjo, superar esa realidad exige compromisos que vayan más allá de los discursos gubernamentales. La defensa de la democracia implica garantizar que las diferencias se resuelvan mediante argumentos, elecciones y mecanismos institucionales, nunca mediante intimidaciones o el uso de la fuerza.
Diez años del Acuerdo de Paz y sus desafíos
La reflexión del general retirado también coincide con el décimo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc, un acontecimiento que transformó el panorama político y de seguridad del país.
Naranjo reconoció los alcances históricos de ese proceso y destacó que Colombia consiguió demostrarle al mundo que era posible terminar una confrontación armada de varias décadas con una de las guerrillas más antiguas y poderosas de América Latina.
Su balance no desconoce las dificultades. Por el contrario, reconoce que el acuerdo continúa vigente, con avances, obstáculos y asuntos pendientes. Al respecto, afirmó que diez años después sigue siendo un instrumento con “sus sombras y con sus luces”.
Esta valoración plantea una discusión sobre la responsabilidad de los gobiernos en la continuidad de las políticas de implementación. La construcción de paz no puede depender exclusivamente de la orientación ideológica del presidente de turno ni convertirse en una herramienta de confrontación entre administraciones.
Potenciar la implementación significa atender las necesidades de los territorios, fortalecer la presencia institucional, garantizar oportunidades para las comunidades y avanzar en los compromisos adquiridos con las víctimas y las poblaciones afectadas por el conflicto.
«La seguridad no puede convertirse en una bandera partidista»
Las observaciones de Naranjo frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella abren un debate sobre los límites entre autoridad presidencial, estrategia de seguridad e independencia institucional.
Un presidente tiene la responsabilidad constitucional de dirigir la política de seguridad y establecer las prioridades de su administración. Sin embargo, esa facultad no significa que pueda confundirse la identidad de las instituciones armadas con la imagen de un movimiento político o de un proyecto personal de gobierno.
La advertencia del exvicepresidente adquiere especial importancia en un país violentado por décadas, polarización y utilización de las armas como instrumento de presión política.
El mensaje de Naranjo invita a recordar que policías y militares deben responder a la Constitución, proteger a todos los colombianos y mantener su carácter institucional. La seguridad no puede reducirse a una demostración de poder ni convertirse en escenario de exaltación de intereses particulares.
La advertencia es clara: ningún gobierno es propietario de la Fuerza Pública y ningún partido puede apropiarse de sus símbolos. Preservar esa independencia constituye una obligación democrática que debe estar por encima de las diferencias ideológicas y de los intereses del poder.
