En medio del análisis que adelanta la Corte Constitucional sobre la emergencia económica, el presidente Gustavo Petro volvió a agitar el debate político y jurídico del país, defendiendo el recaudo logrado, atacando a los grandes capitales y reabriendo la puerta a una asamblea constituyente nacional.
Mientras la Corte Constitucional estudia la validez del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno, el presidente Gustavo Petro decidió elevar el tono del debate público y político en torno a la medida, que según el Ejecutivo permitió recaudar más de 800.000 millones de pesos en un corto periodo de tiempo.
El mandatario defendió la legalidad y legitimidad del recaudo, al tiempo que cargó contra los grandes grupos económicos del país, a los que acusó de beneficiarse históricamente de subsidios estatales y de prácticas que, en su criterio, han profundizado la desigualdad. “Caramba, no hay aún definición de la Corte Constitucional, pero aún así los oligopolios del capital tuvieron que sacar 800.000 millones de pesos para ayudar a la sociedad colombiana”, afirmó Petro en una de sus más recientes intervenciones.
De acuerdo con el presidente, aunque los impuestos derivados de la emergencia también impactaron compras cotidianas —como licores o transacciones en línea—, fueron los sectores más ricos los que terminaron asumiendo el mayor peso del recaudo. “No es nada comparado a los dividendos y utilidades conseguidos, a partir del trabajo, sino de subsidios del Estado a los más ricos, prohibidos por la Constitución de Colombia”, agregó.
Petro reconoció que le gustaría recaudar aún más recursos bajo este tipo de esquemas excepcionales, al considerar que se trata de una forma de compensar lo que, a su juicio, ha sido una apropiación indebida de la riqueza colectiva. “Es una devolución en dinero del trabajo común y productivo de los colombianos”, sostuvo, al tiempo que cuestionó el origen de las grandes fortunas en el país.
En una de las afirmaciones más controvertidas, el jefe de Estado señaló que buena parte de las utilidades de los mayores conglomerados económicos proviene de actividades ilegales o del manejo de recursos públicos a través de intermediarios privados. “Las utilidades de las más grandes formas de acumulación de capital en Colombia se hacen o con las mafias, o con los recursos del mismo pueblo a través de intermediarios privados financieros que manejan los recursos públicos”, dijo.
El presidente fue más allá al calificar a las élites económicas como una “clase parasitaria”, e incluso las ubicó simbólicamente en zonas específicas de ciudades como Bogotá y Medellín. “Son una clase parasitaria de un Estado que los mantiene, una especie de socialismo de club privado y jet set de Chapinero alto y de El Poblado”, expresó. Según Petro, estos negocios han sido defendidos “a punta de corrupción de funcionarios y congresistas, o directamente con apoyos de la mafia, que es genocida en Colombia”.
Estas declaraciones se producen en un momento particularmente sensible, cuando la Corte Constitucional evalúa si el decreto de emergencia económica cumple con los requisitos formales y materiales exigidos por la Carta Política. Una eventual declaratoria de inexequibilidad no solo obligaría al Gobierno a desmontar los tributos creados, sino que abriría la puerta a reclamaciones y devoluciones de dinero ya recaudado.
Lejos de moderar su discurso, Petro utilizó el escenario para revivir una de sus banderas más polémicas: la convocatoria a una asamblea constituyente. Para el mandatario, la corrupción y el uso privado de recursos públicos son síntomas de un problema estructural que no puede resolverse únicamente con reformas legales ordinarias.
“La corrupción y los negocios particulares con el dinero del pueblo se acaba es con el poder constituyente del pueblo que redacte las normas de garantía inmediata de los derechos fundamentales creados por la Constitución de 1991”, afirmó. Y añadió una crítica directa al texto vigente: “Pero sin la trampa muy santanderista y poco bolivariana, de poner la palabra ‘progresivamente’, que se tradujo inmediatamente en el diccionario neoliberal a ‘marginal’”.
En su visión, la Constitución de 1991, a la que definió como un “pacto histórico de paz”, ha sido desnaturalizada por los intereses que controlan el poder económico y político. “Se están robando la Constitución de 1991”, aseguró, al tiempo que evocó la figura de Simón Bolívar para denunciar lo que considera una traición a los ideales fundacionales de la nación.
El cierre de su discurso tuvo un tono épico y simbólico, apelando a la movilización popular como vía de transformación institucional. “Ante los ladrones hay un pueblo que puede tener el poder constituyente y rehacer la nación martirizada para que sea reino de la vida y la belleza y el amor y corazón del mundo vital”, dijo.
Las palabras del presidente reavivan un debate que genera profundas divisiones en el país. Mientras sus seguidores ven en la constituyente una oportunidad para corregir inequidades históricas y blindar derechos sociales, sus críticos advierten riesgos para la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes.
Por ahora, el futuro del decreto de emergencia económica está en manos de la Corte Constitucional. Pero más allá del fallo, el mensaje político de Petro deja claro que el choque entre su proyecto de transformación social y el actual orden constitucional seguirá marcando la agenda nacional en los meses por venir.
