Por: Gloria Lucía Álvarez Pinzón/ En 2023 se cumplen 20 años de haberse librado las primeras órdenes de cierre de botaderos a cielo abierto en el país por parte de MinAmbiente, acatadas por la CDMB para El Carrasco mediante diligencias de sellamiento y órdenes de cierre definitivo impuestas debido a deficiente operación, riesgos por deslizamientos, conflictos con comunidades y proliferación de gallinazos con riesgo para las operaciones aéreas del aeropuerto de Palonegro.
El incumplimiento de estas órdenes administrativas, la apertura, agotamiento y cierre de celdas transitorias, el escándalo mediático por la crisis y la batalla política y económica por hacerse al control del negocio de la basura de Santander, hicieron que el caso se judicializara a través de una acción popular que culminó con una sentencia que ordenó el cierre definitivo de El Carrasco, a más tardar el 30 de septiembre de 2011 y conminó la habilitación un nuevo sitio de disposición final de residuos sólidos previo a la clausura de aquel.
Antes de la expiración del plazo, la CDMB otorgó licencia ambiental para un nuevo relleno sanitario denominado Parque Chocoa en Girón, pero otro fallo de acción popular ordenó la realización de mayores estudios para determinar la viabilidad de su ubicación y frenó su construcción y operación.
El plazo venció y el cierre no se dio; todo lo contrario; El Carrasco ha venido funcionando por 12 años más a través de la emisión de decretos de emergencia sanitaria o de calamidad pública que han expedido los alcaldes que disponen residuos en él, argumentando la inexistencia de otro sitio viable de disposición y la capacidad remanente del actual.
En este enorme conflicto han intervenido todas las autoridades con injerencia en la región y ninguna ha logrado cumplir con los dos objetivos consignados en el fallo judicial.
MinAmbiente, a solicitud de la Procuraduría, asumió en 2014 la competencia de la CDMB y le ordenó a la ANLA hacer control ambiental e iniciar las investigaciones a que hubiera lugar; no obstante, en 2021, después de haber avalado varias prórrogas para la operación de El Carrasco le restituyó la competencia a la CDMB sin haber logrado los cometidos.
Bucaramanga y la EMAB en 2015 contrataron con Solames una consultoría para buscar alternativas de rellenos sanitarios en el Área Metropolitana y municipios aledaños que evidenció la inexistencia de un sitio alterno a El Carrasco en el corto plazo e identificó 12 iniciativas de proyectos que en el mediano y largo plazo podrían convertirse en alternativas de rellenos sanitarios, si se adelantaban acciones decididas para lograr la viabilidad ambiental, social, de servicios públicos y de ordenamiento territorial que se requiere para su construcción y puesta en operación.
En 2017, el AMB hizo una convocatoria para encontrar alternativas de disposición y nadie se presentó. En 2018 se conformó una mesa técnica y se suscribió un convenio con la UIS para la ubicación del sitio, convenio que ya va por su tercera fase sin un resultado concreto.
En 2021 interpusieron 20 tutelas contra la ANLA y el Juez 15 Administrativo de Bucaramanga buscando tumbar la decisión judicial e impedir el cierre de El Carrasco, y el Consejo de Estado las falló declarando la improcedencia de la tutela para cuestionar o echar abajo decisiones judiciales tomadas en acción popular.
En todos estos años, las autoridades ambientales, además de hacer seguimiento a la operación, han expresado las razones por la cuales el sitio debe dejar de funcionar, aunque reconocen mejoras en la operación; han librado infinidad de órdenes infructuosas de cierre, y abierto una veintena de procesos sancionatorios que hasta la fecha no han declarado a nadie responsable de esta situación que parece tener a la región en una sin salida.
Mientras todo esto ocurre, El Carrasco, que tiene una enorme capacidad de recepción, sigue llenándose entre emergencias y las hoy llamadas “celdas de respaldo”, sin ningún tipo de planeación de largo plazo y bajo el riesgo latente del derrumbe y la contaminación.
A pesar de que los recién salidos alcaldes de Bucaramanga y Girón, junto con el Director de la EMAB fueron sancionados por no acatar la orden de cierre, han dejado anunciado que el sitio tiene posibilidades de recepción de residuos por 10 años más a razón de 1.000 ton/día.
Es por ello que, sin importar cuantas órdenes administrativas y judiciales de cierre se impartan adicionales a las que se han emitido hasta el día de hoy, ni cuantos desacatos más se tengan que fallar contra los funcionarios responsables del servicio; mientras no se encuentre y viabilice un sitio alterno y siga existiendo espacio para disponer residuos en la gran cárcava de El Carrasco, el cierre no se va a dar.
De manera tal que tendremos Carrasco por una o varias décadas más, porque encontrar el lugar adecuado para reemplazarlo no es sencillo ya que son muchos los condicionamientos a cumplir; el sitio debe tener capacidad de recepción de los residuos que se producen que son a la fecha alrededor mil toneladas diarias; ser compatible con el uso del suelo determinado en el POT, estar contemplado en el PGIRS, no puede sobreponerse con áreas protegidas, debe cumplir con retiros frente a población y cuerpos de agua, estar cerca de la capital porque la distancia hace inviable la opción y ser aceptado por la comunidad, cosa bastante difícil de lograr; y si todo ello se da, tramitar y obtener una licencia ambiental.
Pero, además, el negocio resulta tan atractivo económica y políticamente, que quienes compiten por él no tienen reparo alguno en promover demandas y oposición ciudadana en busca de fallos judiciales inhabilitantes de cualquier opción que repunte que no sea la propia.
De forma tal que si en verdad se quiere acatar la orden judicial no solamente hay que encontrar un sitio viable, sino que hay que generar un acuerdo entre autoridades, gestores del negocio y actores del territorio alrededor del nuevo lugar, que sea avalado y respetado por todos. Ese es el enorme reto que tiene el entrante alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. El tiempo dirá si logra liderar y sellar ese gran pacto ciudadano o si termina multado o arrestado como el anterior, mientras El Carrasco sigue campante en operación.
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*Abogada, docente e investigadora en Derecho Ambiental.
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