Por: Diego Ruiz Thorrens/ Junio es el mes del año donde los colores del arcoíris brillan y vibran; donde las orientaciones sexuales, las identidades de género diversas y el amor sexo – diverso se hacen aún más visibles. Es el mes que conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ.
Para lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales y queers alrededor del mundo, es el momento para salir a las calles a rememorar no sólo los hechos ocurridos en la revuelta de Stonewall (1969), origen del movimiento LGBTIQ y las marchas del Orgullo (antiguamente conocidas como la Marcha Gay o “Gay Pride”) tal como las conocemos: es la oportunidad para continuar impulsando los compromisos políticos y el avance social a nivel local, territorial y nacional que permita reducir las amenazas, persecución y las muertes por ser diverso y/o romper con un modelo social que históricamente ha sido impuesto. También, de seguir denunciando las deudas sociales y políticas que se mantienen lejanas de ser alcanzadas y que parecieran imposibles de cristalizar.
En nuestro país, una de las deudas más apremiantes está orientado al reconocimiento y la protección de la vida de los niños y niñas LGBTIQ y el derecho de no ser discriminados de ninguna manera. No obstante, pareciera que esta deuda, esta protección, está cada día más lejos de ser cumplida. Y, curiosamente, quienes apelan a la agresión y discriminación de estos menores son, nada más y nada menos, que aquellos que en todos los espacios políticos se desgarran las investiduras pidiendo la protección de los mismos: los sectores “pro-vida”.
Un ejemplo de la desidia y doble rasero de los llamados “defensores” de la niñez sucedió el pasado miércoles 12 de junio, cuando el proyecto de ley que buscaba prohibir en Colombia los Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género (Ecosieg), las mal llamadas “terapias de conversión, fue archivado por vencimiento de términos. La iniciativa, que ya llevaba más de un año en curso, no pudo tener su tercer debate.
Según Naciones Unidas: las “terapias de conversión” son una forma de tortura. Incluyen exorcismos, violaciones sexuales, palizas, desnudez forzada, tratamientos hormonales, hipnosis o lobotomías. Son prácticas sin un sustento médico o científico y por ello vulneran el derecho a la no discriminación, a la salud sexual y reproductiva, a la libertad de conciencia y de religión, la libertad de expresión, los derechos de la niñez y a la prohibición de tortura y malos tratos.
Esta es la segunda vez que se hunde en el Congreso un proyecto de ley en esta materia. Los argumentos de los sectores “pro-vida” para no defender, apoyar o impulsar la defensa por la vida de menores LGBTIQ no solo son arbitrarias sino también irresponsables. “Los padres perderán toda potestad de los menores”, escuché mencionar y repetir en bucle a una diputada de Santander representante de un sector político que no esconde su desprecio por la diversidad sexual y todo lo relacionado con la igualdad, equidad e inclusión.
Otro ejemplo de indiferencia y apatía ocurre estos precisos momentos en la ciudad de Bucaramanga, siendo repetida en los municipios del área metropolita: la indiferencia por los hechos de violencia que están ocurriendo en colegios públicos y privados y que afectan la vida e integridad de los menores LGBTIQ.
El Segundo artículo de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño garantiza a los niños el derecho de no ser discriminados de ninguna manera. Esto incluye el derecho de no ser discriminado por su orientación sexual o preferencia de género. Los niños que se identifican como LGBTQ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Queer), que crecen en hogares con padres LGBTQ o que son percibidos como tal, son sometidos a distintas formas de discriminación en la mayoría de los países de todo el mundo”. Humanium ONG. (Humanium es una ONG internacional de apadrinamiento de niños comprometida a acabar con la violación de los derechos infantiles en el mundo).
En nuestra ciudad no existen, hasta el momento, una sola acción afirmativa orientada a la protección de la vida de los niños, niñas y adolescente LGBTIQ. Y las razones para defender este criminal “descuido” se basan en argumentos que son, no de tipo educativo sino personal, repetido muchas veces por parte de personal docente y administrativo. Obviamente, también existen las razones de tipo político: no es lo mismo perder un robusto apoyo económico político por una causa que en nada les beneficia, que defender la vida de todos, todos los menores, por razones éticas, morales y humanas, independiente de su orientación sexual e identidad de género.
En este mes del orgullo LGBTIQ, es importante continuar impulsando acciones que prioricen la seguridad, la salud sexual y el bienestar mental de los niños y los jóvenes LGBTQ+; promoviendo el reconocimiento sobre las identidades LGBTIQ entre las familias, las comunidades y entornos escolares e insistir en el baneo de cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo las vidas de los menores. Para este caso, las mal llamadas “terapias de conversión”.
Es imperativo proteger la salud mental y el bienestar de los niños, niñas y jóvenes LGBTQ+. También, es necesario que los progenitores y las familias de menores sexo – diversas entiendan que ser LGBTIQ no es una fase o una situación de momento y que los menores sexo diversos tienen mayor posibilidad de ser víctimas de violencia sexual, que los educadores acepten y abracen la diversidad y que las personas, todas las personas, independiente de la edad, género, creencia, partido políticos, etc., deben respetar la vida de los niños, niñas y adolescentes LGBTIQ.
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*Estudiante de Maestría en DDHH y gestión del posconflicto de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP Seccional Santander
X: @DiegoR_Thorrens
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
Abro las puertas de la sociedad. Para los que vienen detrás de mi no sufran de rechazo, bulling, y matones por una condición sexual.