Como guerrillero del M-19, ya participó en un proceso de paz. Pero ahora como presidente, Gustavo Petro ambiciona no sólo alcanzar un acuerdo, sino una «paz total» para Colombia.
Y todas las decisiones que ha tomado el nuevo mandatario desde su posesión el 7 de agosto, fueron guiadas por esa ambición. Pero a 25 días de su entrada en el cargo, la realidad del país lo alcanzó.
La emboscada de este viernes en el suroeste de Colombia ilustra las dificultades que tendrá el presidente para construir esa paz integral. El ataque fue perpetrado con explosivos en el departamento del Huila, y concluyó con la muerte de siete policías. El mandatario no dudó en considerarlo como un sabotaje a la «paz total» anhelada.
Una multitud de actores como obstáculos a la paz
Hasta el momento, se desconocen los responsables del atentado. Sin embargo, se sabe que en el Huila, -cuna de las FARC hace décadas-, operan disidentes de ese grupo que no se acogieron o renunciaron al acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016.
El ataque fue el más grave cometido en el país desde la llegada a la Presidencia de Gustavo Petro, pero las disidencias de las FARC no son los únicos actores que podrían comprometer el sueño de paz del nuevo gobierno colombiano.
Para completar el panorama, persisten en efecto otros grupos como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -o Clan del Golfo- y numerosas bandas criminales dedicadas principalmente al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
En el caso de la guerrilla política ELN, los contactos avanzaron el mes pasado en Cuba, en el mismo lugar en el que las negociaciones quedaron hace cuatro años, cuando Iván Duque llegó al poder. Esta vez, los negociadores de la guerrilla y del Gobierno acordaron la reanudación de los diálogos de paz.
Petro declaró que con este nuevo paso busca «intentar construir el camino, ojalá rápido y expedito, en donde esta organización deje de ser una guerrilla insurgente en Colombia».
Julio, el mes con más ataques
El ELN no es el único en haber manifestado su intención de buscar un acuerdo con el Gobierno; los expertos calculan que una treintena de otros grupos armados ilegales expresaron similar interés. Y aun así, julio fue el mes con más ataques a la fuerza pública en Colombia en los últimos 20 años, con 90 ataques con múltiples muertos y heridos, según reporta El Cerac (Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos).
Estos crímenes predominan en las regiones con notable presencia del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país. Y éste es otro actor que no podrá quedar fuera del plan de Gustavo Petro, si se quiere llegar a una paz completa. O esto sería, según expertos, el mensaje que la organización quiere mandar con su llamado «plan pistola».
En efecto, en las semanas previas a la investidura de Petro, el Clan del Golfo desató una ola de ataques contra policías, en represalia por la extradición a Estados Unidos en mayo pasado, de su líder, Dairo Antonio Úsuga, alias «Otoniel». Una extradición que iba a firmar el «fin» de la organización, según aseguraba el entonces presidente Iván Duque.
Pero no fue así, y hoy, con ese «plan pistola» que costó la vida a 36 policías, el Clan del Golfo busca presionar al Gobierno Petro ante el anuncio de una eventual negociación. Pero esa eventualidad no parece viable en un futuro próximo. Mientras que ciertos grupos paramilitares ya figuran como entidades políticas, el Clan del Golfo no deja de ser una organización únicamente criminal. Así que para entablar discusiones, se requerirá de un proceso legislativo especial y previo.
Consolidar la implementación de los Acuerdos de Paz
En cuanto al gran inflamable de la guerra en Colombia, -el narcotráfico-, Petro ha prometido «un cambio de paradigma». Según el presidente, lo primero será cumplir con el punto 4 de los Acuerdos de Paz, y encontrar una solución al problema de las drogas ilícitas, en el primer país productor de cocaína del mundo. Asegura que impulsará la sustitución de tierras y de economías, y prohibirá la aspersión aérea con glifosato.
Finalmente, para todos esos actores, el informe de la ONU ‘Violencia Territorial en Colombia: Recomendaciones para el nuevo Gobierno’, coincide en que la respuesta predominantemente militar no es suficiente para frenar su expansión.
Publicado el pasado 26 de julio, el documento recalca que las acciones de las Fuerzas armadas deben ir acompañadas por otras medidas tanto de inteligencia, bloqueo de capitales y de relaciones internacionales de los movimientos delictivos, como por estrategias sociales para que las poblaciones tengan mejores alternativas de vida.
Estas son algunas de las formas en las que el gobierno de Petro puede garantizar que su aspiración a la paz total no se quede en una utopía.
