Durante los últimos cuatro años, Trump ha estado parcialmente protegido gracias a la inmunidad concedida por la Corte Suprema y a los múltiples recursos legales interpuestos por su defensa, dificultando los procedimientos en su contra.
Sin embargo, el presidente electo de Estados Unidos sigue bajo investigación en tres procesos penales.
Esta situación se convierte en un desafío para el complejo sistema judicial estadounidense, que combina jurisdicciones en el plano federal y estatal y está supervisado por una Corte Suprema, cuyos jueces, designados de por vida, son nominados por el presidente.
En la actualidad, la mayoría de magistrados del máximo tribunal del país son de tendencia conservadora tras las designaciones de Trump en su pasada Administración.
En 2024, Trump debería comparecer en cuatro juicios penales, dos de los cuales son federales y están a cargo del fiscal especial Jack Smith, a quien Trump ha prometido despedir una vez vuelva a la Casa Blanca.
Los dos casos federales principales que enfrenta Trump son: la posesión de cientos de documentos clasificados que el expresidente trasladó a su residencia de Mar-a-Lago, cuya existencia ocultó a los Archivos Nacionales, y el caso del asalto al Capitolio.
El diario estadounidense ‘Político’ señaló que el regreso de Trump a la Casa Blanca representa un revés para los esfuerzos del fiscal Smith por enjuiciarlo, argumentando que ahora el presidente electo se convierte en “su propio juez y jurado”, protegido por la inmunidad que conlleva ocupar la Oficina Oval.
A nivel estatal, Trump también enfrenta dos juicios importantes: el caso de Stormy Daniels, relacionado con pagos secretos y fraude fiscal, y el intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia.
El pasado mayo, un jurado lo declaró culpable de 34 cargos en el caso de las falsificaciones fiscales vinculadas a Daniels.
Ese dictamen marcó un hito en la historia judicial estadounidense. Sin embargo, con la justificación de no interferir en el proceso electoral, la Corte Suprema decidió postergar el pronunciamiento de la sentencia hasta el próximo 26 de noviembre.
Esa decisión permitió a Trump presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales sin obstáculos legales federales inmediatos.
Indulto presidencial
Ahora que es presidente electo, Trump podría beneficiarse de un indulto en los dos casos federales: el asalto al Capitolio y la posesión de documentos clasificados.
Aunque la Corte Suprema tendrá la última palabra en este asunto sin precedentes, la mayoría conservadora de jueces, desde la incorporación de Amy Coney Barrett en 2020, podría inclinarse a favor de concederle esa prerrogativa.
A pesar de todo, el mandatario electo no podrá eludir su condena en el caso de ‘Stormy Daniels’, ya que este proceso se realizó bajo la jurisdicción del estado de Nueva York y no a nivel federal.
Se espera que la sentencia por ese caso se conozca el próximo 26 de noviembre y Trump se enfrenta a una pena que podría alcanzar los cuatro años de prisión.
Sin embargo, según expertos legales entrevistados por la prensa estadounidense, es probable que el juez evite una sentencia carcelaria efectiva.
Por otro lado, en el caso de Georgia, Trump también podría enfrentar una condena. Si bien el sistema judicial estatal reduce su margen de influencia directa, los recientes avances del Partido Republicano en Georgia podrían ofrecerle cierto respaldo.
Además, la Corte Suprema también podría desempeñar un papel clave en el desenlace de este caso.
